La imparable escalada de los precios del combustible está teniendo consecuencias directas en el bolsillo del conjunto de los conductores, que ven cómo cada vez les cuesta más llenar el depósito de sus vehículos. Pero más allá de las repercusiones sobre las economías domésticas, esta frenética tendencia alcista también se está convirtiendo en un serio problema para numerosos sectores. A la cabeza de todos ellos se encuentran el transporte, cuyos costes se han incrementado un 36% por esta causa, y también la pesca, que maneja porcentajes cercanos al 20%. La situación es tan delicada que numerosas empresas están empezando a ver en serio peligro su continuidad, de ahí que reclamen al Gobierno la adopción de medidas. La patronal de los transportistas, sin ir más lejos, le exige el cumplimiento de sus promesas para poder repercutir a los clientes estas subidas de precios.
El precio medio de la gasolina 95 en España se situaba ayer en 1,587 euros, mientras que el del gasóleo estaba fijado en 1,471. Se trata de unas cotizaciones a las que se ha llegado después de batir, día tras día y desde el inicio de mes, los máximos históricos que estaban vigentes desde hace una década.
Las consecuencias, como cabía esperar, están siendo muy negativas para determinados colectivos que tienen en el combustible uno de sus principales gastos. Este es el caso de los transportistas, sector que ya se está viendo contra las cuerdas. Así lo señalan desde la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logistica (FVET), advirtiendo que la incesante escalada ya supone un 36% más de coste medio anual para las empresas. Tomando como referencia los datos del Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, si en 2020 el combustible de un solo vehículo articulado de carga general que había recorrido 120.000 kilómetros al año suponía 31.600 euros, en 2021 el mismo recorrido ha implicado 42.888 euros. Para una compañía con una flota de cuatro vehículos el gasto anual asciende a 171.332 euros, y para una de ocho, que es la media de las empresas de FVET, asciende a 343.104.
El presidente de la organización, Carlos Prades, destaca que "el combustible supone el 31% de lo costes totales de las empresas del sector, una de las partidas más significativas. Su aumento lo notamos mes a mes, vehículo a vehículo. Sin posibilidad de repercutirlo, el incremento del precio podría poner fin a muchas firmas transportistas de la Comunidad Valenciana".
En parecidos términos se expresa Francisco Ortiz, secretario de la Federación Provincial de Transportes de Alicante (Fetrama), quien resalta que "ya hay empresas de nuestro territorio que se encuentran en la UCI. Los márgenes se están estrechando, y cuestiones como el conflicto en Ucrania no invitan al optimismo precisamente en lo que respecta a los precios". El presidente de la misma organización, Juan José Hernández, también alerta de la incertidumbre respecto a si ya se ha alcanzado el tope en los precios o van a seguir al alza.
De ahí que el sector reclame al Ministerio que cumpla con el compromiso adoptado el pasado mes de diciembre, en el sentido de articular los mecanismos legales en un plazo máximo de 60 días para hacer efectiva la cláusula que permitiría repercutir este incremento del precio. "Es cierto -indica Ortiz- que todavía estamos en plazo, pero ya está empezando a cundir el nerviosismo".
El otro sector que también lo está pasando mal es el pesquero, que ha visto cómo sus costes se han incrementado alrededor de un 20%. Según Juan Mulet, secretario de la federación provincial, "el gasto de una embarcación media en combustible venía siendo de 3.000 euros a la semana, y ahora cuesta entre 500 y 600 euros más. Se trata de un auténtico disparate, porque el precio del pescado no está subiendo ni mucho menos en consonancia".
La preocupación es todavía mayor si se tiene en cuenta la pretensión de la Comisión Europea de establecer un gravamen al gasóleo de 3 euros por cada 100 litros a partir del próximo año, en una tendencia que, incluso, podría llevar más adelante a la desaparición de la subvención de la que disfruta en estos momentos el combustible pesquero, que lo sitúa a mitad de precio.
Amenaza para la supervivencia del sector pesquero
El sector pesquero tiene abiertos en estos momentos diversos frentes que comprometen seriamente su supervivencia. Al incremento del coste del combustible se le unen los recortes en los días de faena impuestos por la Unión Europea (UE), lo que impide la viabilidad económica de las empresas y pone en peligro 800 empleos directos en la provincia de Alicante.
Los ministros europeos del sector, con la oposición de España, cerraron recientemente un acuerdo que fija una reducción del 6% en las jornadas de trabajo de la pesca de arrastre del Mediterráneo, lo que en la práctica supone un nuevo tijeretazo de entre 15 y 20 días. Con esta última restricción, las 130 embarcaciones alicantinas de esta modalidad solo podrán trabajar 160 días al año, de los 240 de los que disfrutaban hace apenas dos ejercicios.
El secretario general de la Federación Provincial de Pescadores, Juan Mulet, destaca que esta decisión deja herido de muerte al sector, al tiempo que lamenta que en estos momentos todavía no se hayan concretado los días de este año en los que se podrá salir a faenar, con el perjuicio que ello comporta.
