A pesar de los casi 4.000 kilómetros que separan Alicante de la zona de conflicto, nadie duda de que la provincia va a acusar con dureza las consecuencias de la guerra en Ucrania. El elevado grado de apertura al exterior que presenta la economía alicantina, que en épocas de bonanza le permite crecer rápidamente, se convierte en una desventaja ante cualquier factor de inestabilidad en el exterior y amenaza con truncar la recuperación, cuando aún no se habían superado por completo las consecuencias de la pandemia. Y, además, de una forma mucho más severa que en otras partes del país.
Sólo por dar alguna pincelada, basta recordar que el gasto de los turistas internacionales superaba los 6.500 millones antes de la pandemia, que las exportaciones alcanzaron los 6.216 millones en el último ejercicio y que la venta de viviendas a extranjeros mueve cerca de 3.600 millones. Y todo eso en una provincia cuyo PIB en 2019 -el último dato disponible- era de 37.688 millones.
Lo cierto es que la situación ya era complicada antes de que las tropas de Putin atravesaran la frontera para invadir a su vecino, debido a la escalada de los precios de la energía y a los cuellos de botella que se registran en el suministro de materias primas desde que empezó la desescalada, tras el confinamiento decretado para combatir la pandemia. A pesar de ello, desde el Colegio de Economistas de Alicante calculaban que la provincia sería capaz de crecer con fuerza y pronosticaban un repunte del 5,2% del PIB provincial y del 4% en el volumen de empleo. Unas previsiones que ahora se han ido al traste con el estallido de la guerra, como apunta el presidente de esta institución, Francisco Menargues.
«Todos los problemas que ya teníamos se prolongan y se agudizan, y en estos momentos es imposible hacer pronósticos», señala Menargues, que recuerda que la incertidumbre es uno de los mayores lastres que pueden afectar a la economía. «Más allá de lo que podamos exportar a Rusia o Ucrania o de las relaciones que tengamos con estos países, la inseguridad es un freno a la inversión. Las empresas que tengan previsto un desembolso importante se van a retraer y eso acaba repercutiendo en todo», insiste el presidente de los economistas alicantinos.
Tradicionales
«El problema es que la economía alicantina es muy sensible porque tenemos unos factores de competitividad muy tradicionales, son los mismos que hace 30 años. Nuestro turismo o nuestra industria son muy tradicionales, no es lo mismo que si fabricáramos móviles o material informático», apunta el profesor del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, nombrado el viernes presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Julián López Milla. En otras palabras, que los principales motores económicos de la provincia dependen en gran medida del factor precio, que precisamente es lo que está más descontrolado en estos momentos.
«Las subidas fortísimas que se están registrando del gas, la electricidad y los combustibles son subidas que se filtran a todos los sectores económicos», recuerda López Milla. Así, la inflación cerró el pasado mes de febrero en el 7,6%, una cifra que no se alcanzaba en España desde mediados de los años ochenta, y que en Alicante aún es más elevada, del 7,8%.
Ahora el principal riesgo al que apuntan todos los expertos es que la presión al alza de los precios se transforme en una demanda de subida de salarios en la misma proporción, lo que a su vez aún elevaría más los costes de las empresas y los precios de sus productos. Es decir, que se produzca una espiral inflacionista como ocurrió en la crisis de 1973 y se llegue a la temida estanflación. Es decir, un escenario de estancamiento económico, con un IPC elevado.
«La diferencia con los años setenta es que ahora tenemos la experiencia de lo que ocurrió entonces y también tenemos una Unión Europea, que puede tomar decisiones más contundentes que cada país en solitario para afrontar la situación», asegura el profesor de la UA y especialista en macroeconomía, Alfredo Masó, que considera «absolutamente vital que se alcance un pacto de rentas», para cortar esa cadena de transmisión.
Los economistas ven indispensable poner en marcha un pacto de rentas para evitar una espiral inflacionista
Una medida que apoyan mayoritariamente todos los consultados y que supone que los sindicatos acepten subidas salariales por debajo del IPC -por ejemplo, ligadas a la inflación subyacente, mucho más baja al no tener en cuenta ni los combustibles ni los alimentos frescos-, con la condición de que las empresas también limiten sus beneficios.
«Está claro que va a suponer un sacrificio, porque los trabajadores registrarán una pérdida de poder transitoria, pero la alternativa es mucho peor», insiste Masó, que recuerda la distinta evolución que experimentaron tras la crisis energética de los 70 los países que aplicaron este tipo de medidas y los que no.
En este sentido, lo cierto es que una inflación elevada puede resultar especialmente perjudicial para la provincia de Alicante, como apunta la catedrática de Economía Aplicada de la UA, Paloma Taltavull. «La inflación no deja de ser un impuesto encubierto para las familias, que afecta más los hogares con menor nivel de renta y en la provincia tenemos muchos municipios con unos niveles de ingresos muy bajos, por nuestra estructura económica», recuerda la experta.
La inflación supone un "impuesto encubierto" que afecta más a los hogares de rentas bajas, según los expertos
Las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria, del año 2019, antes de la pandemia, sitúan los ingresos por declarante en la provincia en 19.470 euros, un 16% por debajo de la media española, pero en muchos municipios del interior o de la Vega Baja la diferencia alcanza el 35%, lo que significa familias con menos capacidad para afrontar imprevistos y para cubrir un aumento de costes.
Caída del turismo
Igualmente, esta subida de precios en todo el continente también afectará al poder adquisitivo de todos los hogares europeos, lo que les dejará menos renta disponible para viajar y también repercutirá en la llegada de turistas en los próximos meses, hundiendo aún más las rentas de los trabajadores del sector turístico. Eso sí, en este caso la caída podría atenuarse si se desvía a España parte del turismo que tenía pensado ir a destinos más cercanos a la zona de conflicto, como Turquía, según Taltavull.
Otro factor que podría mitigar algo los efectos de la pérdida de poder adquisitivo de las familias es el ahorro que una parte de los hogares ha logrado durante estos dos años de pandemia, como consecuencia del menor gasto fuera del hogar, como apunta la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Carmen Victoria Escolano. Eso sí, su efecto será muy limitado, reconoce Escolano.
Por este motivo, la también responsable de Economía Aplicada en el Departamento de Estudios Económicos y Financieros señala que una de las claves para paliar las consecuencias del conflicto serán los fondos europeos. «Hay que conseguir que los proyectos se pongan en marcha y que se ejecuten los fondos. Es uno de los pocos estímulos que vamos a tener y no podemos desaprovecharlo», insiste Escolano, que recuerda el historial que acumula España de dejar sin gastar parte del dinero europeo.
Eso sí, los economistas también ponen el foco en la necesidad de «poner las largas, y aprovechar esta oportunidad para invertir en proyectos que supongan una mejora de la productividad a largo plazo», apunta López Milla, que teme que las repercusiones de la guerra en Ucrania resten efectividad a esta medida.
Empleo
En cuanto a otro tipo de iniciativas para hacer frente a las consecuencias del conflicto, el ex rector de la Universidad de Alicante Ignacio Jiménez Raneda recuerda que la subida del gas, y con ello el de la electricidad, ya se arrastra desde hace ocho meses y que el Gobierno ya aprobó una rebaja de impuestos, por lo que tiene poco margen de maniobra. «Ahora habrá que esperar a ver qué efectos tienen las medidas de la Unión Europea», apunta el también economista.
Ligado a todo lo anterior, otro de los grandes temores son las consecuencias de toda esta situación sobre el empleo. Durante la pandemia España logró romper la maldición que parecía pesar sobre el mercado laboral nacional y consiguió contener el paro gracias a los ERTE. «Esta situación va a poner a prueba la regulación de los ERTE recogida en la reforma laboral. Confiemos en que las empresas echen mano de esta figura para que no crezca el paro», señala Ignacio Jiménez Raneda, que, eso sí, recuerda que para eso también será necesario que Bruselas permita que los países mantengan presupuestos deficitarios para financiarlos. De momento, en la provincia de Alicante ya se están registrando las primeras empresas, sobre todo del sector textil, que empieza a aplicar lo que ya algunos denominan los ERTE de guerra.
