¿Cuántos alicantinos se beneficiarán de las medidas de alivio para los hipotecados?

La propuesta aprobada por el Consejo de Ministros permitirá alargar hasta siete años el plazo de devolución de los préstamos y ofrece periodos de carencia o de congelación de la cuota, en función de los ingresos de los afectados

Un anuncio de una hipoteca en una sucursal de Alicante.

Un anuncio de una hipoteca en una sucursal de Alicante. / Jose Navarro

David Navarro

David Navarro

El Congreso de los Diputados ha convalidado el paquete de medidas que el Gobierno y el sector financiero pactaron para aliviar la situación de aquellas familias que se hayan visto especialmente afectadas por el aumento de las cuotas hipotecarias. Unas medidas que mejoran las que ya estaban contempladas en el denominado Código de Buenas Prácticas que se adoptó en 2012 para frenar la ola de desahucios tras la crisis y que, sobre todo, amplían el número de posibles beneficiarios al incluir también a las rentas medias.

Una decisión que se adopta ante la subida imparable del euríbor, que en el último año ha pasado del -0,477% a cerrar este octubre en el 2,629%, lo que ha supuesto un encarecimiento de más de 163 euros mensuales –unos 1.958 euros al año- para una hipoteca media en la provincia, donde el importe solicitado se sitúa habitualmente en el entorno de los 105.000 euros.

Una situación que ha puesto a prueba muchos presupuestos familiares, ya que, según los datos que ha facilitado la propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hasta el 70,5% de los préstamos para la adquisición de una vivienda que están en vigor en estos momentos en España son a tipo variable.

De esta forma, el paquete de medidas prevé importantes mejoras para las familias vulnerables que ya podían acogerse al Código de Buenas Prácticas actual, que suman unas 350.000 en todo el país, además de crear otro marco temporal para familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad, una definición donde encajarían otros 750.000 hogares. Así, en total en el conjunto del país se beneficiarían hasta 1,1 millones de hipotecados.

Si se tiene en cuenta que Alicante concentra el 4,2% de todas las hipotecas concedidas en España en los últimos diez años, según datos del INE, esto supone que en la provincia podrían beneficiarse más de 46.000 familias.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. / Europa Press

Vulnerables

En cuanto al primer colectivo, se consideran familias vulnerables aquellas con una renta inferior a los 25.200 euros –tres veces el IPREM-, que hayan visto incrementarse el esfuerzo para pagar la hipoteca en al menos un 50% y que destinan a la cuota más de la mitad de sus ingresos. En este caso, ya se contemplaba la posibilidad de un plazo de carencia de cinco años, en el que ahora se rebajan los intereses desde el euríbor +0,25% actual hasta el euríbor -0,10. Además, se podrá solicitar una reestructuración de la deuda en más de una ocasión y se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago, en caso de no poder afrontar las cuotas ni siquiera con la rebaja.

Los hogares que no cumplan con el requisito del aumento del esfuerzo hipotecario en un 50% podrán solicitar una carencia de dos años, una rebaja del tipo de interés y un alargamiento del plazo de devolución de hasta siete años.

Clases medias

Por su parte, se adoptan nuevas medidas para familias con una renta de hasta 29.400 euros, que hayan visto subir la cuota al menos un 20% y que destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca. En este caso, se podrá solicitar la congelación de las cuotas durante un año, una reducción del tipo de interés durante ese mismo periodo e, igualmente, un alargamiento del plazo de devolución de siete años.

Adicionalmente para todos los hipotecados, durante el próximo año se eliminarán las comisiones por amortización anticipada y conversión de tipo fijo a variable, para que aquellos que lo deseen y dispongan del dinero puedan rebajar así las cuotas mensuales.

Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros y una vez pactado con las principales patronales del sector, ahora serán los bancos quienes de forma individual deberán sumarse a estas medidas de forma voluntaria. Eso sí, una vez que lo hagan, estarán obligados a aplicarlas. Las entidades tendrán un mes para informar a sus clientes de la posibilidad de solicitarlas.

De momento, los principales bancos, como el Sabadell, el Santander, BBVA o CaixaBank, ya han mostrado su predisposición a suscribir el acuerdo.

Un anuncio de una hipoteca en el cristal de una entidad.

Un anuncio de una hipoteca en el cristal de una entidad. / Jose Navarro

Aprobado de las asociaciones de usuarios

Las principales asociaciones de consumidores especializadas en el sector financiero, Asufin y Adicae, han valorado positivamente el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para aliviar a los hipotecados, aunque también han advertido a los posibles beneficiarios de los posibles sobrecostes en que pueden incurrir a la larga con alguna de ellas, como la prolongación del plazo de devolución.

Así, ambas organizaciones destacan especialmente la ampliación del número de familias que podrán acogerse estas medidas para rebajar las cuotas temporalmente, al elevar el nivel de renta para incluir a las clases medias.

Sin embargo, en el lado negativo, Adicae recuerda que la ampliación del plazo de devolución, aunque suponga un alivio temporal al rebajar la cuota, supondrá que al final del préstamo se habrán pagado más intereses. En concreto, según sus cálculos, quien ahora esté pagando unos 620 euros de cuota y solicite la ampliación máxima de siete años, verá bajar su cuota unos 100 euros al mes, pero al final de préstamo habrá abonado hasta 12.400 euros más.

Igualmente, desde Asufin también consideran que la eliminación de las comisiones por la conversión de los préstamos de variable a fijo llega tarde, ya que los tipos que aplican ahora las entidades a estos préstamos se han encarecido notablemente por lo que ya no compensa este cambio.

Luz verde a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Finciero, que se encargará de tramitar las reclamaciones que presenten los usuarios en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera. Al contrario que ocurre ahora con las quejas que se remiten al Banco de España, sus decisiones serán vinculantes para las entidades cuando la reclamación no supere los 20.000 euros y estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela o cuando tengan que ver con cláusulas abusivas que hayan sido declaradas como tales por los tribunales.