La reforma revalorizará 89.000 pensiones mínimas en la provincia de Alicante

Los sindicatos han dado su visto bueno a la reforma de pensiones planteada por el ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aunque, eso sí, después de arrancar nuevas mejoras sobre el documento inicial. Entre ellas, destaca una revalorización que, en el caso de la provincia de Alicante, afectará a unas 89.000 pensiones mínimas, que a partir de 2027 no podrán estar por debajo del umbral de la pobreza. La patronal, por su parte, se ha reafirmado en su negativa a esta reforma, sobre la base de que supondrá un aumento de costes para las empresas. No hubo sorpresas este miércoles, y los órganos de dirección de CC OO y UGT confirmaron las posiciones que ya se intuían en las reuniones precedentes. Ambas centrales, con todo, han logrado que el Gobierno mejore aún más la subida de las pensiones mínimas. Así, se establece que, desde el año 2027, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada con el IPC, no podrá ser inferior al umbral de pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos que, según los últimos datos del INE correspondientes a 2021, se sitúa en los 14.302 euros brutos anuales. De esta forma, la pensión debería superar los 1.020 euros brutos en cada una de las 14 pagas anuales, frente a la actual cuantía de 966 euros.

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También está previsto que haya mejoras para los pensionistas sin cónyuges. El Gobierno se compromete a ir reduciendo de forma progresiva año a año la actual brecha hasta llegar a esa cuantía en 2027. Estas medidas beneficiarán a cerca de 89.000 pensiones en Alicante, de las 332.000 prestaciones contributivas que hay ahora mismo en vigor en la provincia. La reforma, por otro lado, establece una subida de las bases máximas de cotización. Actualmente los salarios no cotizan por su total integridad y hay un tope a partir del cual quedan libres de gravamen. Concretamente, el erario público solo grava hasta los 4.405 euros al mes, a partir de ahí el sueldo deja de cotizar y ello le supone un ahorro de costes a la empresa. La idea es elevar progresivamente este tope, para obtener mayores ingresos. Los futuros jubilados, además, podrán escoger entre mantener el actual periodo de cómputo de 25 años o ampliarlo a 29 y descontar los peores 24 meses de cotización para calcular su pensión.

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La nueva reforma, asimismo, pretende inyectar más recursos al sistema a través de gravar más los salarios por encima de los 4.500 euros brutos al mes. Tanto por la vía de subir las bases máximas de cotización, como por la creación de una tasa permanente, bautizada como de solidaridad, y que no genera derechos contributivos a cambio para parte de esos altos salarios que se quedan sin cotizar. José Luis Escrivá ha resaltado que, con el acuerdo alcanzado, «culminamos la modernización, reforzamos los ingresos del sistema de manera gradual, prudente, comedida y que en ningún caso pone en peligro el tejido productivo y a la empresa española». Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subraya que «pocas veces firmamos un acuerdo con la satisfacción que nos da firmar este», añadiendo al respecto que la reforma «equilibra gastos con ingresos, y cualquiera que quiera intervenir en el futuro sobre una u otra cuestión tendrá que explicar a los ciudadanos de este país a quien le quita y a quien le pone». El secretario de CC OO, Unai Sordo, destaca, por otro lado, que el pacto «garantiza la viabilidad y sostenibilidad de las pensiones en los próximos 25 años. Es fundamental otorgar certezas a la ciudadanía». La reforma, explicada en el seno del Pacto de Toledo, se ha encontrado con la críticas de partidos como PP, Vox o Ciudadanos, y el aval de los partidos de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, además del de ERC y EH Bildu.