Chivatos en las empresas: más de 700 firmas alicantinas deben implantar un canal para denuncias anónimas

Las empresas o los trabajadores que decidan saltarse la ley van a tenerlo bastante más complicado a partir de ahora o, al menos, las posibilidades de que sean descubiertos y sancionados serán mucho mayores. La entrada en vigor de la Ley 2/2023, que traspone una directiva europea, obligará a todas las organizaciones con más de 50 empleados a disponer de un canal para reportar cualquier conducta que se considere contraria a la normativa. Una denuncia que, además, podrá realizarse de forma totalmente anónima, lo que convierte a cualquier miembro de la compañía en un potencial chivato.

De esta forma, lo que se pretende es que sean las propias empresas las que extremen la vigilancia para evitar los comportamientos ilícitos que puedan afectarles, bajo la amenaza de verse expuestas al escarnio que supondría la apertura de una investigación a raíz de una de estas denuncias. Y, claro está, también de las consecuencias legales que pueden derivarse si los hechos denunciados se prueban como ciertos.

En el caso de la provincia de Alicante serán unas 720 compañías las que se verán obligadas a articular este sistema de denuncias anónimas al superar los 50 empleados, según los últimos datos que ofrece el Directorio Central de Empresas del INE. Las que tienen más de 250 trabajadores –es decir, 94- deberán implementarlo antes del próximo 13 de junio, mientras que el resto de las afectadas -624- dispondrán hasta el próximo 1 de diciembre.

Unos plazos que justifican que el asunto ya esté en boca de muchos empresarios y que se empiecen a organizar jornadas informativas al respecto, como la que este mismo martes celebró el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco), en colaboración con el Grupo Asesor Ros.

Como recuerda Alejandro Pérez, socio de esta consultora, la gran novedad de esta iniciativa es que, a diferencia de los planes de 'compliance', con los que las empresas en teoría deben garantizar que cumplen con toda la normativa, la implantación de esta canal de denuncias sí es obligatorio.

En este sentido, además del mecanismo que se decida para que los empleados envíen sus reportes –se prevé que lo más habitual sea la creación de un apartado en la web-, cada empresa afectada deberá establecer un procedimiento para tramitar estas denuncias y nombrar a un responsable, que deberá notificarse a la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante. En todo momento deberá garantizarse la confidencialidad y, en su caso, el anonimato del denunciante.

Se trata sin duda del aspecto más controvertido, ya que puede dar lugar a que se presenten denuncias falsas contra compañeros o contra directivos de la empresa por motivos personales o de venganza, con los problemas que puede conllevar. "La Inquisición era eso, que cualquiera pudiera denunciar al vecino sin necesidad de ninguna prueba ni de dar la cara, algo con lo que acabó el Derecho Penal moderno", señala Pérez, que considera la normativa una "involución muy preocupante".

En cualquier caso, como apunta Juan José Cortés, del área legal de Devesa & Calvo, la propia ley establece un filtro para frenar situaciones de este tipo. Así, Cortés recuerda que el responsable del sistema de información interna deberá recibir formación y que, además, dispone una serie de criterios para decidir si admite a trámite o no una de estas denuncias. "Si el tema tiene visos de ser un asunto personal, o de que los hechos denunciados sean manifiestamente falsos o lo que se denuncia no es una irregularidad o una infracción, solo una opinión de que las cosas deberían hacerse de otra forma, directamente no se admiten", explica el letrado.

Al respecto, cabe señalar que las denuncias podrán ser contra compañeros a los se sorprenda en alguna conducta contraria a la ley –por ejemplo, si alguien mete la mano en el cajón de la empresa- o contra la propia compañía, si se considera que es ésta la que realiza la conducta irregular, por ejemplo, al defraudar impuestos. Se considera como tal todo aquello que vaya contra el Derecho de la Unión Europea o cualquier acción u omisión constitutiva de infracción penal o administrativa grave o muy grave, además de las que impliquen un quebranto para las arcas públicas.

En este sentido, en el momento en que el responsable del canal tenga indicios de que lo denunciado puede ser constitutivo de delito, deberá informarse a la Fiscalía, que tomará cartas en el asunto. Cabe recordar que en España las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal, por lo que pueden ser condenadas junto a sus responsables.