El Supremo establece que el cierre del estado de alarma se descuente del impuesto de actividades económicas

El Tribunal Supremo ha establecido que el cierre obligatorio de las empresas de hostelería y restauración que tuvieron que parar su actividad durante el estado de alarma, decretado en marzo de 2020 para combatir la extensión del covid, debe suponerles una reducción en la cuota del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) proporcional al que tiempo en que estuvieron totalmente paralizados.

En dos sentencias del pasado 30 de mayo la Sala de lo Contencioso-administrativo da la razón a las dos empresas frente al recurso presentado por el Ayuntamiento de Valencia y declara que ambas pueden beneficiarse de una reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas, que exigen los consistorios, de forma proporcional al tiempo en que sufrieron esa paralización total.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del alto tribunal confirma en casación las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Valencia frente al recurso interpuesto por el Consistorio y reconoce que se debe tener en cuenta a efectos fiscales la paralización obligada de la actividad que tuvieron los dos establecimientos.

Decreto de 1990

En las dos sentencias se afirma que el cierre total, ordenado por el Decreto que declaró el estado de alarma, no determina por sí mismo, tal como se planteaba y acordaron las resoluciones de instancia, la inexistencia o no producción del hecho imponible del impuesto durante el periodo de inactividad. Procede, explica el Supremo, la aplicación del régimen de paralización de industrias que establece el apartado 4 de la regla 14 del Real Decreto Legislativo 1175/1990, que supone una rebaja de la parte proporcional de la cuota según el tiempo en que la empresa o actividad hubiera dejado de funcionar.

Las sentencias también declaran que no es preciso ni probar en particular la paralización o cierre de la empresa, ni poner en conocimiento de la Administración tal circunstancia, pues ambas derivan directamente de la ley que las impuso con carácter general entre las medidas sanitarias que se acordaron para luchar contra la expansión de la pandemia.