Los promotores alicantinos temen un freno en las ventas si se endurece el alquiler turístico

La intención de la Generalitat de aprobar una nueva normativa para limitar los alquileres turísticos no ha sentado nada bien entre los promotores alicantinos, que temen que una regulación más restrictiva pueda frenar sus ventas. Sobre todo de cara a los compradores internacionales, para los que la posibilidad de arrendar su propiedad durante los meses que no la utilizan supone un aliciente añadido a la hora de comprar en la zona.

"Existe mucha preocupación en el sector", ha reconocido el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, que, junto con el presidente de la organización, Pedro Soliveres, ha aprovechado la reunión de trabajo que han mantenido con el jefe del Consell, Carlos Mazón, para trasladarle el sentir de los empresarios del ramo.

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En este sentido, desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ya han señalado en varias ocasiones su voluntad de aprobar una nueva regulación sobre los alquileres turísticos, para frenar los problemas de convivencia que ocasiona su proliferación y acabar también con aquellos que lo hacen de forma ilegal.

Los promotores temen que, como suele ocurrir, acaben pagando justos por pecadores y que la nueva regulación suponga una traba para que los compradores de segundas residencias en la zona puedan rentabilizar su inversión. Algo con lo que muchos de ellos cuentan a la hora de plantearse comprar una villa o un apartamento en la Costa Blanca, según señala Ros.

Desde Provia plantean que la nueva normativa tenga en cuenta las características de cada zona ya que, según apuntan, "no es lo mismo una urbanización en Orihuela costa, que el centro de València o Alicante", que es donde se generan los problemas de convivencia. En otras palabras, los empresarios plantean que se distinga claramente entre aquellas zonas eminentemente turísticas -donde la mayoría de viviendas son segundas residencias-, y los núcleos urbanos a la hora de plantear cualquier tipo de medida.

Al respecto, consideran que una limitación generalizada podría ser muy perjudicial para el sector, ya que se transmitiría la imagen de que es una región poco acogedora y podría disuadir a los compradores, especialmente los que llegan de otros países, en opinión de Jesualdo Ros.

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Los últimos datos de los notarios indican que los extranjeros compraron en 2022 hasta el 55% de las 4.957 viviendas de obra nueva que se vendieron en la provincia, un porcentaje que el año pasado se elevó hasta el 65,7%, ya que el segmento internacional resistió bastante mejor la caída de ventas provocada por el alza de los tipos de interés. Si se tienen en cuenta las viviendas usadas, solo en los primeros nueve meses de 2023, los extranjeros adquirieron 22.600 propiedades.

Viviendas protegidas

Más allá de la cuestión de los alquileres turísticos, los promotores también abordaron con Carlos Mazón el plan de la Generalitat para construir 10.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) a lo largo de esta legislatura. Un objetivo que los empresarios consideran asumible, aunque, eso sí, han puesto sobre la mesa la necesidad de agilizar la concesión de licencias de obra en los ayuntamientos para conseguirlo.

Además, en términos generales, desde Provia han reclamado simplificar toda la tramitación urbanística, que, en su opinión, resulta muy farragosa y eterniza cualquier trámite. Así, por ejemplo, desde el sector recuerdan a modo de ejemplo que el último Plan General de Ordenación Urbana aprobado en un municipio de la provincia, el de Almoradí, ha tardado 18 años en aprobarse.

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Del mismo modo, también se ha abordado la necesidad de poner sobre la mesa distintas medidas para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en propiedad y, en especial, para superar la principal traba con la que se topan: el dinero que necesitan ahorrar para la entrada, que muchos jóvenes no logran reunir. Un asunto en el que la Generalitat ya está trabajando.