Suma alerta de que las entidades locales se están quedando atrás en la revolución de la IA

La inteligencia artificial (IA) marcará el futuro de cómo interactuaremos con la Administración y de cómo se llevará a cabo la gestión tributaria. No obstante, la IA es ya el presente y su utilización en la manera en la que los ciudadanos se comuniquen con las administraciones, aunque útil, necesita de un marco normativo y una regulación, pero sin sobreprotección. Son algunas de las conclusiones que salieron a relucir en la mesa redonda «IA, Administración Pública y gestión tributaria», organizada por el Club INFORMACIÓN y Suma. 

Tras la presentación de Toni Cabot, director del diario INFORMACIÓN, dio comienzo la mesa redonda de expertos. El CEO de Suma, José Antonio Belso, puso el foco en la «brutal brecha», señaló, que se produce actualmente en la implementación de este tipo de tecnologías en la Administración central y autonómica con respecto a las entidades locales.

Mesa redonda en el Club INFORMACIÓN sobre la IA en la administración pública y gestión tributaria

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Belso destacó que solo uno de cada tres municipios a nivel nacional tienen un plan de digitalización. Sin embargo, recordó, ya en el año 2000, 14 de las 17 comunidades autónomas tenían planes claros de digitalización. «Esto debe ser corregido mediante una planificación estratégica adecuada y una normativa ajustada a la realidad», incidió, tras poner sobre la mesa que la brecha digital es mayor en los municipios más pequeños. Solo un 13% de municipios de menos de 5.000 habitantes han puesto en marcha un proyecto de inteligencia artificial o de digitalización. 

Las entidades locales se están quedando atrás en una revolución que cambiará todo, también la Administración pública. De hecho, en 2022 se licitaron 4.200 millones de euros en tecnologías de la información y de la comunicación, de los cuales del orden de 2.000 se los llevó la Administración General del Estado y solo 500 fueron para las entidades locales. Además, 2.000 millones fueron directamente para «outsourcing» (subcontratación) de procesos tecnológicos. «Esto hace reflexionar hasta qué punto estamos perdiendo la independencia las administraciones públicas en la gestión de nuestros datos y de las capacidades tecnológicas», indicó el CEO de Suma.

La Inteligencia Artificial se cuela en las aulas

La jornada ha reunido a concejales, arquitectos, economistas, interventores, secretarios de ayuntamientos, abogados, tesoreros o técnicos de la Administración, que han escuchado, con interés, el papel crucial que tiene la IA en el sector público.

Falta de planificación y regulación

La falta de una planificación estratégica en el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de un marco regulatorio es a lo que hay que ponerle solución, según los expertos que participaron en la mesa redonda. Eso sí, pusieron de relieve que hay que alejarse de la «hiperregulación» a la hora de regular los usos de la inteligencia artificial.

Para el responsable de Desarrollo de Negocio del sector público en IBM, Santiago Segarra, hay que establecer unos límites a la hora del uso de la IA por parte de las administraciones, que no pueden sobrepasar los derechos de los ciudadanos y los principios de igualdad o no discriminación. No obstante, señaló que «lo que siempre me ha dado miedo es que se regule precipitadamente, muchas veces se encorsetan las tecnologías».

Por ello, abogó porque sean los tribunales, aplicando los principios del derecho, los que establezcan unas directrices. Por su parte, Eduardo Sánchez, responsable del área de tributos de Minsait, es partidario de analizar en cada proyecto en el que se use la IA lo que va a costar y el retorno que va a tener. «Debe haber una tecnología para la innovación, pero debe haber una guía para usarla», incidió, y recalcó que la regulación debe incidir en lo que es la creación de los algoritmos de riesgo alto.

«Los tecnólogos queremos libertad para experimentar porque surgen los nuevos usos, los filósofos están evaluando la ética de los algoritmos y la gente del derecho quieren regular para que haya un marco normativo», resumió el experto, quien alejó los fantasmas de que el uso de la IA conllevará la pérdida de empleos, pero pidió impulsarla con coherencia. 

ChatGPT

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, comenzó su intervención leyendo un texto de presentación, con guiños humorísticos al presentador de la mesa redonda, que después reconoció que fue creado con ChatGPT. «Esto asombra, pero también asusta», reconoció.

El regidor, que explicó que en el Ayuntamiento ilicitano se está poniendo en marcha la IA como herramienta de gestión y administración, abogó por la regulación en el uso de los datos por parte de esta tecnología. «Me asusta qué se hace con mis datos», señaló.

Para Ruz, el uso de la IA en la administración «debe ser la consecución del bien común», pero «no puedo asumir que un móvil capte datos que generen información para fabricar algoritmos para una empresa», insistió, poniendo el acento en una falta de legislación estatal en este sentido. 

En Elche, explicó Pablo Ruz, se pretende agilizar la contratación con las 1920 empresas con las que el Consistorio tiene una relación mercantil gracias a la IA, ya que permitirá desvelar cuál es la situación real de cada una y ver si es factible contratar con ella o no. También facilitar las tramitaciones, y el Ayuntamiento trabaja en un plan de digitalización que llegará «a medio plazo», dijo el regidor.

La que sí está implantada en el municipio es una herramienta con IA que permite un diagnóstico real de los usuarios que hay en las salas de estudio del municipio gracias al calor que generan. «Sabemos en Elche dónde hay más afluencia, en qué casos tenemos que aumentar la temperatura, dónde hay que instalar el aire acondicionado, qué salas son más usadas, y también se aplica en algunos museos», explicó. 

Contra el fraude

Los expertos hicieron hincapié, además, en que la inteligencia artificial será muy útil para la canalización de los instrumentos que tendrán a disposición los ciudadanos para tributar y en la lucha contra el fraude fiscal. «La IA puede facilitar la gestión de las tramitaciones y subsanaciones de errores», indicó Ruz, mientras que Santiago Segarra destacó que facilitará al contribuyente «la información necesaria para que pueda cumplir con las obligaciones que se le imponen».

Y Eduardo Sánchez insistió en concienciar a los ciudadanos de leer las condiciones antes de pinchar en un link, «incidir en la ciudadanía en que tenga cultura digital». 

El CEO de Suma, que explicó que el organismo tiene en marcha el desarrollo de un asistente inteligente para la atención de los usuarios «donde esperamos que el sesgo de los datos sea el mínimo posible». Ese chat inteligente, a partir de su historial, estará en línea con lo que se espera que se responda, aseguró José Antonio Belso, quien indicó que también Suma cuenta con otro programa interno basado en la IA. «La inteligencia artificial nos va a permitir incrementar la eficiencia del trabajo, la transparencia y el grado de equidad», concluyó. 

La IA es ya una oportunidad innegable para las administraciones, pero esto no resta para que haya una serie de debilidades, como señaló el CEO de Suma. Son la ralentización de los recursos, la falta de perfiles de recursos humanos especializados en IA (hay menos de 4.000 expertos en estas tecnologías) y el envejecimiento de la plantilla del sector público, que hace difícil su adaptación tecnológica. Retos que tendrán que asumir las administraciones en los próximos años.