Fracasan las negociaciones entre La Unió y las grandes turroneras sobre el precio de la almendra

La Unió denuncia que las grandes empresas turroneras que forman parte de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) han roto el diálogo mantenido en los últimos meses, con la mediación de la Conselleria de Agricultura, tras negarse a pagar un precio que cubra al menos los costes efectivos de producción, tal y como marca la Ley de la Cadena Alimentaria. La organización agraria critica que esto suceda en un contexto en el que las importaciones de almendra de terceros países crecen sin parar en la Comunidad Valenciana.

Según explican desde La Unió a través de un comunicado, fue en octubre del pasado año cuando la organización instó a la Conselleria de Agricultura a trabajar para que los fabricantes de turrón amparados en las IGP Jijona y Turrón de Alicante utilizaran almendras producidas aquí, ya que este organismo iba a modificar su pliego de condiciones para poder utilizar almendras de cualquier parte del mundo, como así se aprobó finalmente. “No puede ser que una marca que hace referencia a la identificación geográfica protegida de una zona y que se utiliza de promoción del turrón, no apueste de forma clara por el producto más próximo posible a esa la zona demarcada”, afirma La Unió.

El director general de Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, Javier Benito, a quien la organización reconoce su trabajo para lograr una solución satisfactoria, recogió el guante lanzado por la organización agraria y se entabló un proceso de negociación con varias reuniones. Todo parecía encauzado, explican, hasta que las empresas turroneras que dominan la IGP rompieron el diálogo "tras negarse de forma tajante a introducir en un documento de trabajo un punto en el que se hacía referencia a pagar por la almendra un precio por encima del coste efectivo de producción, una cuestión, además, que estipula la normativa estatal en materia de funcionamiento y mejora de la cadena alimentaria", subrayan en el comunicado.

La Unió indica que los grandes turroneros no tenían ninguna voluntad de llegar a un acuerdo y destacan que "la prueba más evidente es que prefieren la almendra importada frente a la autóctona". En este sentido, un informe que acaban de elaborar los servicios técnicos de la organización agraria, con datos oficiales, revela que la Comunidad Valenciana importó de otros países en 2023 un total de 72,13 millones de kilogramos de almendras sin cáscara, lo que supone el tercer año desde que existen datos con un mayor volumen importado y un incremento del 225 % sobre 2022. 

El turrón mantiene las ventas y se «fusiona» con otros alimentos para extender su actividad todo el año

El pasado año, añaden, se importó mucho más barato, con un precio media de 3,63 euros el kilo, lo que supone un descenso del valor del 29 % respecto a 2022. Además, el 70 % de las importaciones de almendra de España -el total son 103,6 millones de kilos-, vinieron a la Comunidad Valenciana. 

La Unió pedirá de nuevo a la Conselleria de Agricultura que excluya al Consejo Regulador de las IGP Jijona y Turrón de Alicante y a sus empresas asociadas de la posibilidad de acceder a cualquier ayuda o subvención financiada con líneas presupuestarias (propias, ajenas o cofinanciadas) de la Generalitat, mientras no usen de forma fehaciente almendra producida en nuestro territorio.

La organización remarca que los precios que percibieron los productores valencianos de almendra durante la pasada campaña fueron ruinosos por la falta de demanda, fundamentalmente los de la variedad autóctona marcona. “Sufrimos precios cada vez más bajos mientras soportamos la competencia desleal de almendra importada de terceros países y los industriales turroneros se aprovechan de una marca de aquí para poner almendra de fuera de la Comunitat Valenciana", concluye La Unió.   

Desde la IGP, mientras tanto, guardan silencio con relación al comunicado emitido desde La Unió.