El campo alicantino exige un régimen simplificado para perceptores de la PAC por debajo de 5.000 euros

La Comisión Europea (CE) acaba de proponer la revisión de determinadas disposiciones de la Política Agraria Común (PAC), con el fin de lograr simplificaciones. Estas propuestas están relacionadas con la condicionalidad de los requisitos a cumplir y los planes estratégicos de la PAC. Bruselas ha propuesto suavizar algunas de las exigencias ambientales a las que obliga la PAC, una medida que se suma a otras iniciativas adoptadas en las últimas semanas para tratar de aplacar las protestas de los agricultores europeos. Sin embargo, la propuesta solamente suaviza determinados controles para explotaciones de menos de 10 hectáreas, que en la provincia suponen menos de un 10 %.

Más del 90 % de las explotaciones alicantinas son medianas, entre 10 y 30 hectáreas, son los perceptores de la PAC por debajo de 5.000 euros y se han quedado fuera de que se les simplifique la percepción de esta ayuda que exige cumplir muchos condicionantes nada fáciles para los productores alicantinos. 

El campo alicantino exige ese régimen simplificado para perceptores de la PAC por debajo de 5.000 euros, que se les flexibilicen las condiciones para percibir las ayudas como a los de menos de 10 hectáreas. «Las exigencias medioambientales están por encima de la producción agrícola», lamenta el secretario técnico de Asaja, Ramón Espinosa. «Se deben eliminar los controles y la condicionalidad a quienes perciban menos de 5.000 euros», añade. 

Nueva PAC, más condiciones

En 2023 se inició el nuevo ciclo de la PAC. Hasta entonces, los perceptores de las ayudas cobraban unos derechos y el llamado pago verde que suponía el 50 % de esa cantidad. En la reestructuración de la PAC, el valor de los derechos baja y se ha eliminado ese pago verde sustituyéndolo por otro redistributivo, inferior al que había.

Para compensar esa pérdida, se crean los Ecorregímenes, prácticas encaminadas a las mejoras medioambientales con una serie de requisitos difíciles de cumplir, en la mayoría de casos, a nivel agronómico. «También se impusieron unas condiciones a los cultivos encaminadas a las prácticas agroambientales correctas, según la UE, que dificultan poder cultivar la tierra de forma coherente», lamenta la técnico de Asaja Carmen Nieves. 

Los agricultores deben cumplir requisitos, las normas denominadas «Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales» (BCAM), como rotar los cultivos, dejar un 4 % de tierras sin cultivar como espacio de biodiversidad o la prohibición de labrar desde la cosecha hasta el 1 de septiembre. Son algunas de las condiciones para percibir estas ayudas europeas. «Imponen cómo hacer tu trabajo, cuándo y cómo debe cultivar el agricultor, son condiciones difíciles de cumplir», señala Nieves. Asaja ayuda a los agricultores a tramitar la PAC, evitándoles la complejidad burocrática que tiene.

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Asfixiados

Estas ayudas son una tabla a la que se agarran los agricultores para seguir adelante, asfixiados porque debido a los bajos precios a los que se pagan sus cultivos y la sequía que merma sus cosechas, sus ingresos son ínfimos.

La Comisión Europea se abre ahora a revisar algunas de las condiciones que impone, como dar a elegir entre rotar o diversificar los cultivos, algo que tampoco satisface a los agricultores, o más flexibilidad para establecer lo que definen como períodos sensibles. «Pedimos una mayor flexibilidad eliminando algunos Ecorregímenes con más criterios agronómicos que tanta exigencia medioambiental que nos está penalizando mucho», manifiesta Ramón Espinosa. 

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Sin entrar en la seguridad alimentaria

Desde Asaja coinciden al hablar de «demasiados desequilibrios entre los requisitos medioambientales y los beneficios económicos» de la última PAC y señalan también la burocracia, la cantidad de papeleo que hay que hacer, con controles, inspecciones y penalizaciones.

Además, la Comisión Europea sigue sin entrar a solucionar el principal escollo al que se enfrentan los agricultores y que han expresado en las últimas protestas: establecer los mismos requisitos que imponen a los agricultores de la UE a productores de terceros países que exporten a Europa. «Nada se dice del problema de seguridad alimentaria ni de endurecer la ley de la cadena alimentaria», lamenta Espinosa. 

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