La provincia de Alicante supera las 38.000 viviendas turísticas y roza las 200.000 plazas

El INE sitúa a la Costa Blanca como segunda del ranking nacional tras Málaga

Una veintena de municipios representan el 94 % de la oferta detectada en plataformas de alquiler

Torrevieja, Dénia y la capital alicantina encabezan la lista local

Bloque de apartamentos turísticos en una calle céntrica de Alicante.

Bloque de apartamentos turísticos en una calle céntrica de Alicante. / Rafa Arjones

La provincia de Alicante se ha convertido en una de las zonas calientes del mapa de vivienda turística. Mientras el Gobierno de España y las comunidades autónomas cruzaban acusaciones en la mesa sectorial, las estadísticas nos sitúan como el segundo territorio de España en número de viviendas turísticas, según el Instituto Nacional de Estadísticas, detrás de Málaga. 

El último dato pertenece a febrero de este año y se acaba de publicar dentro de la serie de estudios que realiza el instituto de forma experimental. Así, Alicante cuenta con 38.007 alojamientos que representaban 198.688 plazas y un 2,4 % del total de las viviendas en la provincia. 

La anterior referencia es de agosto de 2023 y revelan un aumento del 11 % en medio año, aunque en el histórico se aprecia ajustes continuos debido a las altas y bajas, al menos desde 2020, cuando comenzó el estudio por parte del INE. La variación es de aproximadamente de 6.000 plazas extras a lo largo de ese periodo. 

Leves ajustes

Pero, ¿cómo es el mapa dentro de la provincia? Al contrario de lo que se puede imaginar, la radiografía del pasado febrero confirma dos aspectos. El primero es que una veintena de poblaciones acaparan el 94 % de la oferta publicada en plataformas. El segundo, es que los dos municipios líderes -Torrevieja y Dénia - ajustaron sus números ligeramente a la baja como El Campello, La Vila y alguno más, pero se trata de pequeñas cantidades. Por ejemplo, la localidad de la Vega Baja pasa de 4.580 a 4.454 Viviendas de Uso Turísticas (VUT) y el de la Marina Alta, de 3.647 a 3.608 unidades.

En tercer lugar, está la ciudad de Alicante con 3.589 y subidas continuas sostenidas en los últimos tres años. Le siguen Calp, Xàbia, Benidorm, Orihuela, Santa Pola, Teulada y Altea completan los diplomas que se diría en argot olímpico. Todos ellos están en la horquilla entre las 3.100 y 1.100. Por debajo y hasta las 450, salen El Campello, Benissa, La Vila Joiosa, Elche, Poble Nou de Benitatxell, l’Alfàs del Pi, Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada, Rojales y Finestrat. Sólo 11 de las 141 poblaciones de la provincia no tienen este tipo de alojamientos. 

Debate vivo

La controversia que rodea este tipo de alojamiento viene de lejos y los agentes implicados parecen incapaces de llegar a un acuerdo. La conferencia sectorial que ayer celebró el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con los representantes de las comunidades autónomas sin atisbo de consenso deja fuera a los ayuntamientos, a las plataformas, a los arrendatarios y a los usuarios. Las competencias están tan repartidas que, al final, cada localidad buscó su propia interpretación de la ley de vivienda actual. 

Justo esta semana, València estudia una moratoria para poner orden. Alicante apostó por autorizar los edificios y rescindir las licencias a todo aquello que no fuera un bloque de viviendas. El efecto pudo frenar inicialmente el «boom», pero a tenor de los números solamente transformó el modelo

El propio sector lleva tiempo pidiendo más inspectores, como lo hacen los vecinos y el actual Consell ha anunciado en diversas ocasiones medidas de control mediante el uso de inteligencia artificial para rastrear las plataformas y detectar a los ilegales.

Desde la Asociación de Apartamentos Turísticos (Aptur-CV), se ha apuntado a que la referencia del registro ya la piden algunos portales y que el sector está por la cooperación, aunque lamenta no haber encontrado en la Conselleria de Turismo ese interlocutor necesario, por ahora.

El Consell se revuelve ante la plataforma del Ministerio de Vivienda

Con la retirada de la propuesta normativa de la ley del suelo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se presentó este viernes ante las comunidades autónomas en la conferencia sectorial del sector con la propuesta de crear una plataforma estatal de datos para combatir los pisos turísticos ilegales en 2025. La respuesta de los gobiernos autonómicos del PP fue un rotundo no y, además, un cruce de acusaciones por intromisión en las competencias. Esta ha sido la postura del Consell por boca de su secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández y, posteriormente, por la consellera de Turismo, Nuria Montes.

Fernández, que participó en la conferencia lamentó la situación "desastrosa" que se ha generado respecto a las viviendas turísticas y señaló como culpable a la Ley de Vivienda, elaborada "sin ningún consenso" con las comunidades autónomas, la cual, en su opinión, ha generado "la retirada de viviendas del mercado y un perjuicio al sector y a las personas que quieren acceder a una vivienda".

El responsable de Vivienda en la Generalitat calificó de "cortina de humo" la propuesta para no tratar con rigor la situación del acceso a la vivienda en España. Una definición que se escuchó en comunidades como Andalucía, también gobernada por el Partido Popular. Del mismo modo, Fernández ha remarcado la importancia de que los ayuntamientos "tengan la potestad para decidir qué modelo de ciudad quieren y, de este modo, poder limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos".

Para acentuar la discrepancia, Montes recordó que el sector ya solicitó una mesa sectorial de turismo, que no se ha convocado, para abordar entre todas las comunidades autónomas de forma común y en exclusiva las cuestiones relativas a la vivienda turística. La titular del departamento de Turismo subrayó que el Consell tiene previsto la elaboración de una nueva norma autonómica con rango de ley para regular específicamente a las viviendas de uso turístico.

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