Giovanni Pitruzzella, quien forma parte de la Abogacía General adscrita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha propuesto a dicho órgano que se desestime el recurso de casación promovido por la Comisión Europea contra el Elche y el Hércules por los avales que recibieron de 14 y 18 millones de euros respectivamente del IVF (Instituto Valenciano de Finanzas). La multa que en 2016 se anunció por la Comisión que deberían abonar ambas entidades deportivas de la provincia era de 3,7 y 6,1 millones de euros. La Comisión dictaminó en su momento que estos dos clubes, más el Valencia, se habían beneficiado gracias al Instituto Valenciano de Finanzas de forma irregular porque, estando en una situación de crisis los tres equipos, les habían supuesto una ventaja "competitiva" frente a otras entidades deportivas a las que se enfrentaban, por ejemplo, mediante fichajes para evitar descensos o reforzando plantillas para alcanzar competiciones europeas. Ese dinero, entendía la Comisión, procedía de los fondos del Estado español y estaban vetados al resto de clubes europeos, que necesitaban acudir a otras formas de financiación. La contestación positiva para los intereses de los clubes del Rico Pérez y del Martínez Valero al recurso de casación deja ahora en manos del Tribunal de Justicia la toma de decisión, aunque hace ser muy optimistas a las dos entidades deportivas.
En esos momentos, hace seis años, estos clubes atravesaban graves dificultades financieras y el aval público les permitió obtener los préstamos en condiciones más favorables. Al no haber pagado una remuneración adecuada por los avales, se beneficiaron de una ventaja económica frente a otros clubes, que debían financiarse sin el respaldo del Estado. La financiación estatal no estaba vinculada a un plan de reestructuración de los clubes con vistas a su viabilidad y ninguno de ellos aplicó medidas compensatorias para contrarrestar el falseamiento de la competencia ocasionado por la ayuda, dijo en su momento la Comisión.
De esta manera, concluyó la Comisión, para restablecer unas condiciones de competencia equitativas con los clubes no subvencionados, el Valencia, el Hércules y el Elche debían devolver ahora la ventaja recibida. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, explicó que "utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar a clubes de fútbol profesional puede falsear la competencia. El fútbol profesional es una actividad comercial en la que está en juego mucho dinero. Los fondos públicos deben cumplir las normas de competencia leal y, en este caso, las subvenciones investigadas no las cumplieron", agregó.
La Comisión Europea presentó el recurso que ahora se está resolviendo contra la primera decisión favorable a los clubes adoptada hace dos años precisamente por el Tribunal General, que ya le dijo en su sentencia que se había equivocado la Comisión al presuponer que una institución financiera (como el IVF) concedería un aval a una empresa en crisis (y así consideraba a los clubes) sin garantía alguna de devolución. La resolución también decía que la sanción contra los clubes se había fijado incumpliendo la obligación de la Comisión de estudiar todos los datos concretos de cada uno de los casos; es decir, abordándolos de forma individual.
El letrado Pitruzzella expone en sus conclusiones para pedir que no se sanciones a Hércules y Elche que la Comisión no ha probado que existiera esa ventaja, para lo cual tendría que haber solicitado a España informes al respecto para saber si se cumplían o no los requisitos de la ayuda con respecto a otras entidades y en qué circunstancias y condiciones. Y, añadió, que aunque España no le hubiera facilitado dicha información, está obligada a basar sus decisiones en datos de fiabilidad y coherencia para concluir que los clubes se beneficiaron frente al resto y justificar las millonarias multas que les había impuesto. Según el abogado, la Comisión incoó expediente y resolvió en contra de los clubes sin demostrar que no existan otras operaciones análogas en el mercado de los clubes deportivos.
Siete clubes investigados
El supuesto escándalo de estas ayudas también afectó a clubes como Real Madrid, Barcelona, Athlétic, Atlético de Madrid o Osasuna porque la Comisión consideraba que recibir ayudas de organismos públicos les suponía un privilegio fiscal. En total se abrieron tres investigaciones diferentes en profundidad y se llegó a la conclusión de que varias medidas de ayuda pública concedidas a esos siete clubes de fútbol profesional "les beneficiaron injustamente frente a otros", lo que supone una violación de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado de la Unión Europea. La primera investigación se refería a privilegios fiscales en favor del Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Atlético Osasuna, que fueron tratados como entidades sin ánimo de lucro, pese a que en España los clubes de fútbol profesional se consideran sociedades anónimas a efectos fiscales. Además, los cuatro clubes se beneficiaron de un tipo impositivo inferior (un 5 %) durante "más de 20 años, sin una justificación objetiva", recalcó la CE. España ha adaptado mientras tanto su legislación sobre el impuesto de sociedades para poner fin a este trato discriminatorio a partir de enero de 2016, pero para eliminar las ventajas indebidas recibidas en el pasado, los clubes están ahora obligados a devolver los impuestos no abonados.
