La provincia tendrá 112 guardias civiles más para la seguridad rural

El plan de medidas para mejorar la seguridad en el ámbito rural, elaborado por el Gobierno Central, destinará 282 agentes de la Guardia Civil a la Comunidad, según informó ayer a Efe la delegada del Gobierno, Ana Botella, tras la reunión del Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana de la Comunidad Valenciana, a la que también ha asistido el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, quien manifestó que el plan llega "tarde", aunque se felicitó porque el Ministerio del Interior "reconozca la importante preocupación y la realidad de la seguridad rural, que hasta la fecha se venía negando".

A través de esta iniciativa, fruto de la colaboración entre el Ministerio del Interior y el de Medio Ambiente, Rural y Marino, 282 agentes de la Guardia Civil se dedicarán de manera exclusiva a estas funciones, de los que 126 corresponden a cada una de las 14 compañías de la Comunidad en una cifra de nueve; 96, a las unidades de seguridad ciudadana y 60 a las agrupaciones de reserva.

Concretamente, 112 corresponden a la provincia de Alicante, 47 a la de Castellón y 123 a la de Valencia, que estarán en 21 pases de actuación que cubrirán toda la Comunidad y estarán apoyados por 50 áreas de investigación, 35 equipos de policía judicial, por el Seprona y por la agrupación de tráfico. También se colaborará con el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía de la Generalitat y la Policía Local a través de las juntas locales de seguridad.

La delegada señaló que la Comunidad Valenciana tiene "una especial dotación por parte de la Guardia Civil para poder hacer frente a este plan de choque" e indicó que el dispositivo carece de límite temporal. Entre otras actuaciones, se vigilarán los establecimientos de compra venta de material agrícola usado, se hará un seguimiento de instalaciones agrícolas y ganaderas; se intensificará el servicio en determinadas franjas horarias y se identificarán vehículos sospechosos.

Sobre este convenio, Castellano lamentó que el plan estatal no incluye algunas de las cuestiones que sí reflejaba el acuerdo impulsado por la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para mejorar la seguridad en el campo, como la trazabilidad de los productos, los mapas de conflictividad o mayores medidas de prevención.

Por otro lado, el conseller criticó que se ha cambiado el modelo para la elaboración de las estadísticas sobre criminalidad, de forma que "no podemos comparar" las tasas de los diferentes años.