La junta local de gobierno del Ayuntamiento de Elche acordó ayer rechazar y desestimar las alegaciones presentadas por los herederos del poeta oriolano Miguel Hernández frente al trámite iniciado para la rescisión del convenio suscrito entre éstos y el anterior equipo de gobierno del PSOE, con el alcalde Alejandro Soler a la cabeza, por el cual el legado del poeta permanecería en Elche durante 20 años a cambio de una compensación económica de 3 millones de euros a pagar durante dicho periodo de tiempo.
El portavoz de la junta, el concejal no electo delegado de Cultura, Pablo Ruz, recordó que el proceso se inició en junio pasado y comentó que las alegaciones se desestiman, básicamente, "porque resulta imposible e inasumible que el Ayuntamiento, debido a su situación económica y a la falta de liquidez, pueda afrontar este convenio en las condiciones en las que se firmó". Ruz añadió, no obstante, que el Ayuntamiento "sigue tendiendo la mano a la familia del poeta para que el legado pueda seguir estando en Elche. Reconocemos que se trata de una riqueza cultural de primera magnitud, pero la decisión de si continúa o no en Elche corresponde ahora a los herederos", dijo.
Pablo Ruz reiteró que "el Ayuntamiento quiere y desea que el legado de Miguel Hernández siga en la ciudad, pero las condiciones económicas de este convenio no se pueden asumir". Por otro lado, sobre el futuro que se le dará a las instalaciones integradas en el complejo de San José donde se ha construido el llamado Centro de Estudios Hernandianos, Ruz aclaró que "ya no existe una dotación económica para el centro, pero podría acoger la obra del poeta si así lo quiere la familia y convertirse así en un referente cultural. Si la familia decide llevarse el legado a otro lugar el centro, que aún no está equipado, tendrá que destinarse a otros usos culturales", apuntó.
Las alegaciones de los herederos de Miguel Hernández, en esencia, se apoyaban en la exigencia del cumplimiento de un convenio tal y como se firmó en su día y el respeto a un procedimiento legal suscrito entre dos partes.
Sobre el coste que podría tener para el Ayuntamiento resolver la anulación del convenio, Pablo Ruz indicó que "es algo que verán los servicios jurídicos municipales", aunque el edil de Hacienda, Manuel Latour, la estimó el pasado mes de julio en 50.000 euros,una cantidad variable en función de cómo siga el procedimiento y si se acaba, como todo parece indicar, en una denuncia o reclamación de la familia por vía judicial. También habrá que resolver qué destino tendrá la parte del legado que se ha convertido al formato digital.
A los tribunales
La nuera del poeta, Lucía Izquierdo, manifestaba ayer que "era lo esperado. No nos ha pillado de sorpresa". Por otro lado, aunque dejó claro que los herederos no se van a quedar ahora cruzados de brazos, remitió cualquier explicación de los pasos a seguir al abogado Carlos Candela.
El letrado de la familia dijo que "lógicamente no nos vamos a conformar tras este rechazo de las alegaciones. Vamos a ver el contenido de esa resolución para determinar los pasos a seguir. Lo normal es que tengamos que acudir a los tribunales y presentar una reclamación, posiblemente por la vía contencioso-administrativa. No nos dejan otra opción. La forma de actuar de este equipo de gobierno ha sido tremendista. Pensamos que se trata de un tema político más que económico. No creo que se vaya a solucionar nada en el aspecto económico rescindiendo el convenio", explicó.
Carlos Candela comentó, además, que "nos vemos obligados a usar todas las armas legales. Nosotros no hemos incurrido en ningún causa para que se rescinda el convenio. El actual Ayuntamiento ni siquiera ha dado opción a la posibilidad de hablar y de buscar otra salida. Nada de nada. Nos mandaron una notificación para comunicarnos que iban a anular el convenio y nos dijeron que teníamos treinta días para presentar alegaciones", afirmó.
En esta situación, y aunque Carlos Candela no quiso entrar ayer en más detalles, como tampoco lo hizo Lucía Izquierdo, los herederos de Miguel Hernández parecen verse abocados, con independencia de la resolución judicial que se pueda producir en su momento, a llevarse el legado del poeta (cerca de 5.000 documentos, manuscritos y objetos personales que se encuentran en la Biblioteca Central de Elche, fuera de la ciudad. "No creo que si no están dispuestos a cumplir el convenio quieran quedarse el legado del poeta. Tendrá que salir del Ayuntamiento de forma inmediata. Estamos hablando de un legado en depósito y si no se pagan los plazos mensuales fijados en el convenio, nos lo tendrán que entregar, incluidos los documentos que han sido digitalizados. No pueden seguir usándolos", explicó el asesor jurídico.
Sobre la posibilidad de que este legado del poeta acabe trasladándose a Orihuela, su ciudad natal, Carlos Candela simplemente apuntó que "allí les gustaría tenerlo, pero este es un tema que no se ha decidido ni mucho menos. No se trata sólo de la parte económica y documental; hay muchos otros asuntos que tratar y analizar. El objetivo es expandir el conocimiento sobre Miguel Hernández a todos los niveles".
Servicio de autouses a las partidas rurales
La junta de gobierno aprobaba ayer una prórroga por seis meses de la contrata municipal del servicio de transporte a las pedanías, según informó el portavoz de dicho órgano, Pablo Ruz. Éste explicó que la prórroga afecta a las empresas Mollá, Vegabús y La Melillense, con las que se ha conveniado la continuidad de este transporte hasta final de año, ya que esta contrata entró en vigor el pasado día 1 de julio.
El coste del servicio se ha fijado en 323.000 euros y, según Pablo Ruz, se ha conseguido una rebaja de 23.262 euros sobre el precio inicial. "Se mantiene el mismo servicio que ya había y, además, se introducen unas mejoras en la frecuencia de los horarios de los autobuses que van a Los Arenales", indicó.
Pablo Ruz recordó ayer que a pesar de las dificultades económicas y la falta de liquidez el actual equipo de gobierno ya obtuvo en su momento 396.000 euros de otras partidas presupuestarias para poder afrontar esta prórroga del citado servicio.
Además, la junta de gobierno aprobó también certificaciones de obras por diversos importes por los trabajos que se vienen realizando en proyectos del Plan C de la Generalitat en Elche, como el Instituto Tecnológico de la Palmera, el centro de día para enfermos de Alzheimer, el centro juvenil de La Hoya y el centro para enfermos mentales. También se han certificado trabajos realizados en el proyecto del nuevo museo de La Alcudia y las excavaciones de Casas Íberas. Ruz aseguró que el Ayuntamiento está cumpliendo con todos los procedimientos, pero los pagos los hace la Generalitat Valenciana.
Observatorio de la Inmigración
El Observatorio de la Inmigración de la Ciudad de Elche se pondrá en marcha en breve tras aprobar ayer la junta local de gobierno los convenios con la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo para inaugurar este servicio promovido desde la Generalitat, según explicó el portavoz de la junta, Pablo Ruz.
Este observatorio, según indicó, se ocupará de "integrar a los colectivos de inmigrantes de Elche, abordar problemas específicos en su integración y desarrollar campañas de formación y de acceso al empleo". Ruz añadió que la anunciada Oficina Amics de atención al inmigrante estará integrada dentro del observatorio.
Por otro lado, la junta aprobó una modificación presupuestaria por modificación de créditos al recibirse una subvención autonómica de 26.072 euros que se destinará a planes de competitividad del comercio urbano y programas de juventud y proyectos con voluntariados solidarios.
