La Asociación de Afectados por el Ruido de Elche presentó ayer en la OMAC un escrito, al que dieron traslado al PSOE y al Partido de Elche, firmado por la presidenta del colectivo, Mari Luz Costa, en el que se exige la inmediata revocación de las tasas de las sonometrías cuando sean negativas, tal y como se aprobó en el pleno del lunes, así como la dimisión del concejal de Empresa y Empleo, Luis Ángel Mateo.

Tanto la presidenta como el tesorero de la entidad, José Tormo, se mostraron contundentes: "No estamos de acuerdo con la política impuesta en la ciudad en materia de contaminación acústica". De hecho, incidieron en que las tasas aprobadas tienen un claro objetivo "disuasorio", para evitar que los ciudadanos pidan sonometrías, ya que, según señalaron, "en ese mismo pleno se aprobó la congelación de los impuestos", y afirmaron, tal y como se recoge en el escrito presentado, que "la tasa tiene exclusivamente un fin político de bendecir al sector del ocio y la hostelería". En esta línea, argumentaron que "incentivar el turismo y el ocio en la ciudad no tiene por qué atentar, como está ocurriendo, contra el descanso de los vecinos y su calidad de vida", e incluso sentenciaron que "se está destruyendo el modelo de ciudad".

También precisaron que "la Policía Local tiene competencia en la ciudad para realizar mediciones acústicas y verificar el cumplimiento de la normativa y, si las mediciones son positivas, se está cometiendo un delito medioambiental", y añadieron que, "ante una denuncia de un vecino, se tiene obligación de investigar y comprobar cuantas veces sea necesario si se cumple la normativa con independencia de los resultados que alcance la medición".

Tanto Mari Luz Costa como José Tormo pusieron el acento en que en una medición influyen factores como el ruido ambiental, las condiciones atmosféricas, los tonos de la canción, y hasta "el tiempo y la dedicación que la Policía invierta en la obtención de muestras", puntualizaron, así como el hecho de que el propietario del local pueda ver a los agentes antes de que accedan al establecimiento. Así, hablaron de "atropello" a los derechos fundamentales por parte de lo que denominaron "violadores acústicos".

Finalmente, comentaron que ya han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia por algunos artículos de la ordenanza acústica, y aludieron de forma especial a la derogación de las zonas con efectos acumulativos en La Zapatillera, el centro o Altabix.