Aburrido y tedioso, muy tedioso. Así fue el pleno de ayer, un pleno en el que los guarismos fueron los protagonistas,con el debate de la cuenta general, y donde, como siempre, estuvo muy presente la tan manida «herencia recibida». Tanto fue así que, de forma excepcional, el ex alcalde socialista Alejandro Soler, que sólo ha intervenido de forma muy puntual hasta ahora, aprovechó para tomar la palabra para defender su gestión, y retó a su sucesora, Mercedes Alonso, a encontrarse en un debate público. Previamente, la Corporación había guardado un minuto de silencio por las 45 víctimas de la violencia machista de este año, a propuesta del portavoz del PSOE, Antonio Rodes, y también se aprobó una declaración institucional condenando esta lacra social.

La escena se desarrolló en medio de un salón de plenos con un público de excepción: los alumnos de quinto de Primaria del colegio Sanchis Guarner. Su presencia hizo que muchos de los concejales adquirieran en sus alocuciones un marcado carácter pedagógico. Alguno, como el concejal de Hacienda, Manuel Latour, optó por convertirse en el profesor «hueso», sobre todo por la materia que le tocó, y se atrevió a explicarles conceptos tales como el remanente de tesorería o el ahorro neto. Mientras, el portavoz del Partido de Elche, Jesús Ruiz Pareja, se hizo con el papel de maestro benevolente, y hasta intercedió para que la alcaldesa decretara un receso para que los jóvenes pudieran tomarse su almuerzo, entre los aplausos de los pequeños invitados.

Lógicamente, y con las cuentas como telón de fondo, tampoco faltó el ambiente tenso que acompaña a cualquier pleno. El detonante fue el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Urbaser en febrero de 2012 para aplazar el pago de siete millones de euros. El grupo municipal socialista, por boca de su concejal María Dolores Asencio, volvió a acusar al equipo de gobierno de ser «instigador» y «cómplice» de un presunto delito fiscal al no haberse emitido las facturas de Urbaser correspondientes a servicios de 2012 y, por tanto, por no haberse registrado en la cuenta general, que dijo que estaba «falseada». Entre el público había representantes del comité de empresa Urbaser, que, con su mera presencia, mostraban su preocupación por el paso que daban los socialistas. En cualquier caso, dejó caer que «esperamos que esta situación no afecte a los trabajadores y que no se tomen represalias». También reivindicó que se retirara el punto del orden del día, y alertó a los ediles que podrían ser «cómplices» si votaban a favor.

Ante este escenario, la encargada de tomar la palabra fue la interventora municipal, Inmaculada Sánchez, quien incidió en que «llevo 20 años, soy funcionaria de carrera, he trabajado en puestos de responsabilidad con el PSOE y con este equipo de gobierno». A partir de ahí, defendió la legalidad del procedimiento seguido, dijo que la situación económica en la que se encontraban las arcas municipales fue lo que les obligó a firmar ese convenio con Urbaser, pero incidió en que las facturas no se habían emitido y, por tanto, no se podían contabilizar. En esta línea, aseguró que el hecho de no haber registrado esos siete millones no tiene ninguna repercusión en el remanente de tesorería ni en el ahorro neto y sentenció que «la cuenta general está conformada legalmente, y es la imagen fiel y real de los apuntes contables realizados por el equipo de Hacienda, y lo hemos hecho como lo teníamos que hacer».

Fue entonces cuando llegó el turno de Latour, quien también defendió la legalidad del acuerdo, y sacó a relucir el informe de la Sindicatura de Cuentas que cuestiona los procedimientos de contratación en el anterior mandato o la deuda financiera y con Urbaser. Incluso dejó entrever la posibilidad de llevar a los socialistas a los tribunales por esta acusación de presunto delito fiscal, cuando les espetó que «tendrán que explicarlo en el momento oportuno y en el lugar oportuno, porque no se pueden ir de rositas después de insultar así a los técnicos».

Soler pidió la palabra en ese punto por alusiones. Alonso, en un primer momento, se la negó, pero Pareja intercedió para que le dejara hablar, ante los aplausos de algunos jóvenes estudiantes. El socialista recriminó primero a la bancada popular que «insultara reiteradamente a la oposición ante la presencia de escolares», defendió las inversiones que se habían hecho en su mandato y acusó al PP de «querer obviar la crisis cuando hablan de la deuda». A continuación, retó a Alonso a un debate público sobre la gestión del anterior mandato y del actual, a lo que ella le respondió que «eso es lo que hacemos en el salón de plenos: debatir», y añadió que, «cuando quiera, debatimos».

Mientras, el portavoz del Partido de Elche, Jesús Ruiz Pareja, se abstuvo en la votación de la cuenta general, y proclamó que «no podemos estar de acuerdo porque da cobijo a una subida de impuestos que hemos tenido que pagar y seguimos pagando». Una vez más, reprochó que el equipo de gobierno no haya rebajado el impuesto de vehículos.

Tras el receso, llegó otro de los grandes debates del día, a través de la moción que presentó el PP para pedir al Consell más apoyo en la lucha contra el picudo y que incluya en su protocolo de actuación la tala y eliminación de ejemplares afectados que sean de particulares. El PSOE presentó una enmienda de adición en la que exigía a la Generalitat una partida específica para el picudo en sus presupuestos, y un desglose de las cantidades que ha destinado a la plaga entre 2005 y 2009. Al final, la enmienda fue rechazada, y la moción sólo salió adelante con los votos del PP y el Partido de Elche.