Apenas un 10 por ciento de las infracciones urbanísticas en Elche acaban en demolición

El Ayuntamiento de Elche tramita al año una media de cien expedientes mediante los cuales específicamente ordena la demolición, de lo que consideran infracciones urbanísticas, a los propietarios responsables. En el caso de no cumplir con este requerimiento, habitualmente el Consistorio actúa y posteriormente pasa la factura al dueño de la obra ilegal.

En este recién concluido 2015, el departamento de Urbanismo llegó a realizar un total de 109 comunicaciones a propietarios, requiriéndoles para que llevaran a cabo la demolición de toda aquella construcción que no cumpla con la ley. No obstante, sólo nueve (8%) fueron demolidas en 2015, mientras que otras siete fueron legalizadas. Ninguna persona de Elche fue encarcelada, como ha ocurrido en un caso en Castalla, por no cumplir con la legislación urbanística.

Estas cifras serían acordes con los registros de los últimos años. Así por ejemplo, en 2012, del Consistorio emanaron 119 expedientes de demolición. Un año después, el número fue de 113. En el ejercicio 2014 los expedientes incoados fueron 94.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, aclara no obstante que estos expedientes pueden hacer referencia tanto a viviendas unifamiliares o bloques de pisos, como a un vallado, a una simple ventana inadecuada, a una nave industrial o a una barbacoa sin licencia, por poner algunos ejemplos

En estos últimos cuatro años, por ejemplo, los propios propietarios demolieron barbacoas, carteles publicitarios, vallados, naves y casas prefabricadas.

Además de los expedientes de demolición, los servicios municipales también incoan expedientes sancionadores. En este 2015 se iniciaron 43. En 2014 fueron 65; en 2013 se cuantificaron 40; y en 2012 se elaboraron 46 expedientes sancionadores.

Junto a estos dos, también la Concejalía de Urbanismo no tiene más remedio que remitir la causa a los juzgados (contencioso-administrativo), donde habitualmente se inicia un contencioso-administrativo. La mayoría de las infracciones urbanísticas importantes acaban en los juzgados, indican desde el Ayuntamiento.

Juzgados

Así por ejemplo, el pasado año acabaron en los juzgados 22 expedientes. En el año 2014, 16 expedientes acabaron en los tribunales; en 2013 la cifra fue de 29; y en 2012 se remitieron 57 expedientes a los juzgados.

En cualquier caso, la Concejalía de Urbanismo no sólo inicia expedientes de demolición o para la restauración de la legalidad, sino que también puede iniciar en paralelo otro expediente sancionador.

«Cuando a un infractor le comunicamos que debe restaurar la legalidad, se le puede imponer una multa o realizar apercibimientos hasta que lo haga», explica José Manuel Sánchez. En 2015, el Ayuntamiento impuso una multa coercitiva y realizó cuatro apercibimientos de multa

En este caso, no es lo mismo levantar una nave industrial sin permisos, que un muro o una chimenea extractora de humos y, por tanto, el Ayuntamiento también tiene en cuenta esto.

El concejal de Urbanismo recuerda, por otro lado, que según la nueva ley urbanística de 2014, las infracciones urbanísticas prescriben a los 15 años, mientras que con la anterior legislación tan sólo eran 4 años.

En el pasado, era habitual construirse una vivienda en el Camp d'Elx y no precisamente con todos los permisos, puesto que la gran dimensión del término municipal, una treintena de partidas, numerosos caminos rurales y, en definitiva, 326 kilómetros cuadrados, ayudaba a enmascarar aquellas construcciones levantadas ilegal o irregularmente.

Limitaciones

Además, muchos también se aprovechaban de la situación de los limitados recursos humanos municipales encargados de poder controlar, cuantificar o detectar todas y cada una de las infracciones urbanísticas que se han venido realizando. Asimismo, el desarrollo de las nuevas tecnologías también ha facilitado últimamente la localización, el posicionamiento, el cruce de bases de datos y el conocimiento del estado legal de las fincas.

El aterrizaje de la crisis, una mayor eficacia en el control y vigilancia de las irregularidades urbanísticas, una mejora de las leyes y el miedo a soportar sanciones económicas importantes han frenado las construcciones ilegales de gran volumen.