La nueva ordenanza sobre «accesibilidad al medio de personas con capacidades de movilidad reducida» se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia y entró con este trámite en vigor. Con la nueva norma se inicia una revisión de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad, una tarea para la que el Ayuntamiento se da un año (el compromiso queda fijado en una disposición transitoria de la ordenanza) y con la que se estudiará la ubicación de los espacios de estacionamiento prohibido para conductores que no tienen tarjeta acreditativa. El Ayuntamiento, en concreto desde la Concejalía de Mayores y Discapacidad, se marca el objetivo de conseguir a lo largo de 2014 reordenar las plazas cerca de centros de trabajo o estudio, edificios públicos de pública concurrencia, centros culturales, espacios de ocio como plazas, parques y jardines, hospitales, centros de salud y clínicas, ya sean de titularidad pública o privada. Esos aparcamientos se reubicarán en la vía pública, en calles reguladas por la ORA o en parkings en rotación.

Junto con ese compromiso, la ordenanza actualiza los requisitos, trámites o normativas que hay que cumplir para acceder a esta tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Del mismo modo, también quedan reguladas las concesiones de aparcamientos reservados ante las viviendas o lugares de trabajo específicamente para personas con «muy graves problemas de movilidad» (incluidas personas con obesidad mórbida, o problemas respiratorios graves, introduciendo la novedad de que no pueden solicitarlo quienes cuenten con plaza de garaje en su domicilio), las tarjetas de acceso gratuito al autobús y los «bono-taxi» (que bonifican el 50% de las carreras se reduce de un gasto máximo de 300 euros al año a 200 y que se supedita a la renta).

Autoridad

La normativa local contempla desde ayer que «los funcionarios municipales pertenecientes al Departamento de Acción Social tendrán carácter de agentes de la autoridad» y que por lo tanto podrán realizar denuncias sobre los hechos tipificados como infracciones en la ordenanza, incluso para retirar cautelarmente las tarjetas de estacionamiento o de autobús en caso de que se detecte que se usan fraudulentamente.