Seguridad Vial crea un protocolo para los trámites en accidentes con víctimas

La Fiscalía de Seguridad Vial, que opera a nivel provincial desde la Ciudad de la Justicia de Elche, ha implantado un protocolo para agilizar el cálculo de indemnizaciones a reclamar en accidentes con daños personales derivados de infracciones en las que el conductor cometa un delito al volante. Para ello, desde la Fiscalía se han repartido en todas las comisarías y juzgados de la provincia dos formularios -uno para los casos de lesiones y otro para cuando haya fallecidos- para que se distribuyan entre letrados y denunciantes, y se remitan y devuelvan al Ministerio Público. De esta manera, el fiscal resume en solo ocho folios toda la información que exige el reglamento de indemnizaciones, que tiene más de 500 páginas. Y esto permite acelerar los procesos judiciales porque, de un vistazo, la Fiscalía puede calcular la indemnización que le corresponde a la víctima o a sus familiares, y presentar su escrito de acusación en un plazo inferior, lo que agiliza todo el proceso judicial.

Uno de los casos donde la Fiscalía de Seguridad Vial ha remitido estos formularios a los abogados de las víctimas es el del atropello mortal de principios de este mes en Santa Pola, que dejó un fallecido y dos heridos. Gracias a ello, el Ministerio Público ya ha redactado prácticamente la totalidad del escrito de acusación, a falta de conocer la cuantía que reclaman las aseguradoras. Las compañías tienen tres meses para presentar la documentación, pero gracias al formulario, en el momento en el que lo hagan, el fiscal dispone de toda la información para comparar las peticiones. Así, ya pueden ajustarse a lo que dicta el reglamento basándose en un complejo sistema de puntos dependiendo del alcance de las lesiones, o la situación laborar y familiar de la víctima, entre otros factores.

La última reforma del Código Penal, que elevaba a la categoría de delito la conducción bajo los efectos del alcohol con una tasa superior a 0,6 miligramos por litro de aire expirado, ha disparado el número de asuntos relacionados con la seguridad vial que acaban en los tribunales. En el caso de controles o accidentes sin víctimas, los casos son relativamente sencillos. Pero cuando hay daños personales la cosa se complica.

La valoración de los daños, las lesiones o las secuelas, son factores que hay que tener en cuenta a la hora de presentar una acusación y que complica el proceso. El repaso de ese reglamento para los fiscales, que ya de por sí soportan una alta carga de trabajo por el número de litigios en todos los juzgados de la provincia, hace que, en ocasiones, se estanque el proceso. Por tanto, gracias a estos nuevos formularios, serán las víctimas o, en todo caso, sus abogados, quienes faciliten toda la información de forma sencilla.

Respuestas cortas

De hecho, la mayoría de preguntas que forman esta instancia se contestan con un sí o un no, o con frases cortas. Es el caso de los datos familiares, estado civil o número de hijos. Más extenso es el supuesto de los tratamientos recibidos, las lesiones sufridas o los gastos derivados del fallecimiento, en el caso de familiares que hayan tenido que realizar traslados o alojamientos si el accidente se produjo muy lejos de la ciudad de residencia. O en caso de repatriaciones o traslados del propio fallecido.

El hecho de repartir el formulario con toda la información que necesita el fiscal también hace que el Ministerio Público no tenga que realizar requerimientos extra por olvido de alguno de los datos o situaciones descritas, pues todo está puesto en este anexo. Ahora, el objetivo del fiscal jefe de Seguridad Vial es obtener la colaboración de todas las comisarías y juzgados de la provincia, a las que está contactando para facilitarles copias y explicarles los casos donde deben facilitarlos.

La agilidad del sistema no solo beneficia a los fiscales, sino también a los abogados, que ven simplificado un trámite nada sencillo como es el de calcular las indemnizaciones en base a las circunstancias personales de cada caso. Al final, todo esto a quien realmente beneficia es a las víctimas. Al trauma del accidente o lesiones sufridas se suma la larga espera judicial, que desde la Fiscalía pretenden acortar. Todo para que, como en el caso del atropello de Santa Pola, se pueda formular la acusación en el plazo de tres o cuatro meses como máximo. Así, ya dependerá del juzgado pertinente fijar la fecha del juicio para dar salida a los casos, pero todo el trámite previo se acortará para que se produzca lo más rápido posible. A medida que se vaya extendiendo y generalizando en los organismos policiales y judiciales, el objetivo es que se convierta en el formulario estándar en caso de accidentes con daños personales.