La semana pasada se aprobaron, en el Congreso, los presupuestos del Estado para 2021. Serán los primeros del nuevo Gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS. Recordemos que, hasta ahora, se viene funcionando con los de 2018 que hizo el ministro Montoro, del PP. Han tenido que irse prorrogando cada año al no haber mayoría parlamentaria suficiente para aprobar unos nuevos.
Comparar la situación de nuestro país, en 2018, a la actual es comparar dos mundos distintos. La pandemia ha tenido y tendrá tal impacto en toda la sociedad española y mundial que, sólo con ella, habrá un antes y un después.
Por ello era absolutamente imprescindible disponer de un presupuesto adaptado a ésa nueva situación. Máxime cuando España había conseguido de Europa el compromiso de unas cuantiosas ayudas, para poder salir lo mejor posible de la crisis actual. Sustituir las normas de 2018 era, sencillamente, urgente para no perder esos fondos.
Al final el nuevo presupuesto ha sido aprobado por 188 votos, superando la mayoría absoluta de 176. Once partidos han votado a favor del mismo. En contra lo han hecho, entre otros, las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) y Junts per Catalunya (el partido de Puigdemont), en una extraña coincidencia de intereses.
Una vez vuelva del Senado y se apruebe de forma definitiva en el Congreso, el presupuesto debe ponerse en marcha inmediatamente. El contenido social del mismo es el más ambicioso de la democracia y, probablemente, también lo son las necesidades a las que se tiene que enfrentar.
Sólo comparando el paro registrado del pasado noviembre con el de hace un año ya se denota el problema: Los 3.851.312 parados actuales suponen 653.128 más que los 3.198.184 que había en noviembre de 2019. Y eso sin contar los que están afectados por ERTE que han llegado a acercarse a los 3.500.000 y de los cuales todavía hay casi 750.000 personas en ellos incluidos. Sólo la decidida apuesta del actual Gobierno por buscar medidas con el menor impacto social posible, al contrario de otras épocas, ha evitado una situación aún más insostenible que la que ya padecemos.
Es hora, por tanto, de priorizar políticas que tiendan al rescate de los más necesitados, de los más afectados por la crisis. Los nuevos presupuestos contienen partidas significativas de ayudas, de ellas más de 27.400 millones de euros del Fondo Europeo de Reconstrucción, que permitirán imprimir un giro social a la tradicional política restrictiva del Estado hacia las capas sociales más necesitadas.
Luchar contra el paro existente y contra la situación, cada vez mayor, de personas que pueden entrar en riesgo de pobreza y exclusión social, debe ser una prioridad del Gobierno ahora que, por fin, tendrá unos presupuestos nuevos propios.
Mejorar, en coordinación con las CC.AA., el Ingreso Mínimo Vital, para que llegue de verdad a toda persona que lo necesite y tenga derecho a él es urgente. Los nuevos recursos que se destinarán a la dependencia, sanidad, educación, pensiones, etc. deben servir para ir a una sociedad más igualitaria y que no deje a nadie atrás.
La realidad, a todos los niveles sigue siendo muy preocupante: También en Elx lo es. Hace años que no bajamos de los 20.000 parados inscritos. A final de noviembre eran 27.114 personas. Y eso sin contar el gran número que estando paradas, no están registradas al no aspirar a ninguna ayuda o no confiar en el sistema. Es una cifra demasiada alta y detrás de ella hay muchas familias que lo están pasando mal. Recordemos que, según los datos que aporta CC OO del Baix Vinalopó, en octubre sólo 8.173 percibían una prestación contributiva, 7.727 una asistencial (430 euros mensuales) y el resto no cobraba nada y, en muchos casos, desde hace años.
Otro dato preocupante de la realidad ilicitana es que el 54% de los parados supera los 44 años, son 14.536 personas que tienen muy difícil encontrar un trabajo estable hoy en día, sobreviviendo como pueden y con una perspectiva, a la hora de su jubilación, más que preocupante ante la escasa o nula cotización que pueden hacer.
Y, Elx que está mal y se refleja en muchos aspectos, no es de las que peor está. Y ahí el Gobierno, y también la oposición, tienen un tema en el que centrarse en primer lugar y que, aunque difícil, es necesario hacerlo: rescatar personas de la crisis antes de que la situación sea irremediable para muchas de ellas.
