El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado dos mejoras de empleo que hizo el Ayuntamiento de Elche a funcionarios en el año 2017 por no ajustarse a derecho. El juez ha dado la razón al Sindicato Independiente que en el mandato pasado denunció ante los tribunales el acuerdo de la Junta de Gobierno, en manos de PSOE, Compromís y Partido de Elche, por el que se aprobaron las bases de las mejoras de empleo para la provisión temporal de dos puestos de trabajo: uno de auxiliar técnico para los departamentos de Cultura y Fiestas y otro de encargado de alumbrado público, anulando los citados nombramientos por no ajustarse a derecho.
El sindicato que preside la junta de personal interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche y le dieron la razón. Después de varios años de espera, hace unos días, según explicaron en un comunicado, la semana pasada se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ratifica el fallo judicial. No es la primera denuncia que ha realizado esta agrupación sindical. Una de las últimas fue que empleados municipales llevaban cuatro meses trabajando sin vestuario.
En este caso de las mejoras de empleo, el Alto Tribunal de la Comunidad Valenciana desestima todos los puntos y argumentos de apelación que el Ayuntamiento alegó. Los más reseñables son la falta de acreditación por parte del Ayuntamiento de la urgente e inaplazable necesidad de cubrir estas plazas cuando llevaban más de cinco años vacantes. La Sala también interpreta que habiendo una oferta de empleo público en curso para ese año 2017 no hay ninguna razón para haberlas excluido de la oferta de empleo y reservarlas para mejora de empleo, contraviniendo toda la normativa vigente. Tampoco le da la razón al Consistorio de Elche cuando esgrime razones presupuestarias para no incluir las plazas en la Oferta de Empleo Público del 2017, ya que, según advierte el colectivo representante de los funcionarios municipales, los límites presupuestarios también existen para cualquier sistema de provisión de necesidades de personal dentro del que se incluye las mejoras de empleo que por definición suponen también incremento retributivo.
Los nombramientos son anulados por el TSJCV, si bien el equipo de gobierno puede recurrir la sentencia. No obstante, el Sindicato Independiente alerta de que los nombramientos de todas las mejoras de empleo "quedan cuestionadas, ya que todas las bases siguieron el mismo patrón, por lo que entendemos que no solo deben ser anulados automáticamente los nombramientos por mejora de empleo de técnico de cultura y fiestas y el de encargado de alumbrado público, ambos del año 2017, si no que deben ser revisados todos los anteriores y posteriores nombramientos por mejora de empleo que han seguido el mismo procedimiento y ajustarlos al contenido de la sentencia del TSJCV".
El Sindicato Independiente recuerda que se opuso desde el principio a todas las mejoras de empleo propuestas por el departamento de Recursos Humanos. Solicitó, según señalaron en el comunicado, "encarecidamente una negociación sin mala fe por parte de los responsables del departamento de RRHH que, a instancia de la parte política, propusieron en su día las mejoras de empleo siguiendo intereses ajenos a las necesidades del servicio, promoviendo las mejoras de empleo en base a otros intereses que contravenía la normativa y que ahora debieran explicar".
Con todo ello, el colectivo sindical ha aprovechado para cargar contra el departamento de Recursos Humanos que ahora está en manos de Ramón Abad, aunque los hechos denunciados se originaron con otros concejales. "Cierto es también que a los responsables de RRHH no les preocupa significativamente las resoluciones judiciales ya que cuando llegan las sentencias los que cometieron el acto juzgado ya no están en el cargo, y a esto hay que añadir que no responden personalmente sino que es el Ayuntamiento y los presupuestos municipales los que sostienen todos los gastos jurídicos, es fácil entender que no les preocupa que un sindicato se vea obligado acudir a los tribunales para que sus decisiones se ajusten a la legalidad. La triste realidad es que la parte política se niega a resolver las discrepancias en las mesas de negociación por mucho que vendan una idea distinta a la ciudadanía", lamenta el Sindicato Independiente.
