El interventor municipal ha pedido al equipo de gobierno la creación de una ordenanza para regular las ayudas de emergencia. Una partida económica con la que Bienestar Social mueve al año más de tres millones de euros para dar respaldo a las familias más vulnerables de la ciudad. El funcionario público ha lanzado esta recomendación al PSOE y Compromís en su último informe de control interno sobre la gestión económica y financiera del Ayuntamiento del año 2020 en el que advierte de deficiencias en contratos y en subvenciones y dice cómo se pueden subsanar.
Hasta ahora, la administración local ha carecido de una normativa municipal para aclarar cómo y a quién se reparten este tipo de prestaciones que son el último recurso al que pueden acceder los ciudadanos cuando han agotado todas las prestaciones por desempleo, el ingreso mínimo vital, la renta valenciana de inclusión etc.
Y el Ayuntamiento ilicitano tiene esta asignatura pendiente. No obstante, el edil de Bienestar Social, Mariano Valera, asegura que ya cuentan con una «instrucción» propia y otra marcada por la conselleria porque una mínima parte de la partida económica para estas prestaciones viene de fondos autonómicos (más del 90% salen de las arcas municipales).
En este documento, tal y como defiende el concejal del área, ya vienen regulados todos los ítems para repartir las ayudas que sirven para pagar desde los recibos de luz, el agua, el gas, hasta el alquiler, la hipoteca y vales de alimentación.
La solución
«Los técnicos municipales, con esa instrucción de la Conselleria y con la que tenemos en el Ayuntamiento, que está amparada por la Generalitat, desarrollan el informe para conceder la prestación económica individual», explica Valera.
De cualquier manera, tras la recomendación del interventor municipal, lo que Bienestar Social está dispuesto a hacer ahora es que ese reglamento con el que están funcionando habitualmente pase por junta de gobierno cada año.
«Era algo que ya estábamos valorando hacer y de cara al presupuesto de 2022 aprobaremos esa instrucción nuestra para que esté justificada anualmente por la justa de gobierno», apunta Valera.
¿Y eso que significa? Al final esto no supondrá otra cosa que hacer públicos cuáles son los criterios que sigue la Concejalía de Bienestar Social para aprobar las ayudas de emergencia, ya que las condiciones para acceder a las mismas no van a cambiar, según el edil del área. Para poder recurrir a este recurso económico, los demandantes tienen que acreditar unos ingresos mínimos.
Otras mejoras
El informe del interventor también hace hincapié en sus conclusiones que la empresa municipal Manteniments d’Espais Verds (Mevesa) debe realizar un análisis de sus gastos con el objeto de tramitar los correspondientes expedientes de contratación.
Por otro lado, pide una revisión en profundidad del padrón de recogida de residuos sólidos urbanos, gestionado por la empresa Aigües d’Elx con el fin de subsanar los errores detectados y analizar posibles alternativas a la encomienda de gestión.
Asimismo, recomienda el interventor tras su auditoría interna que entre los servicios de auditoría de la empresa Aigües d’Elx se incluya la auditoría de cumplimiento normativo.
El plan municipal para mejorar la gestión económica
El equipo de gobierno aprobó el 5 de agosto un plan de acción para subsanar en los próximos ejercicios las deficiencias en contratos que salieron a la luz en el informe del interventor de 2019. Una de ellas es establecer alarmas que avisen a los responsables de contratos de la finalización de los mismos con suficiente antelación para su renovación y/o tramitación. Destaca, entre otros, la creación del procedimiento de la comunidad de contratos menores (en el informe de 2020 el interventor también dijo que en algunos casos este procedimiento era injustificable). También se darán instrucciones a los técnicos para la elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones.
