¿Dónde se han metido los 1,8 millones de vehículos que han dejado de pasar al año por la calle Corredora? Es la pregunta que casi todo el mundo se hace tras pisar la céntrica arteria que desde esta semana acoge una campaña del Ayuntamiento en la que recuerda el tráfico que soportaba antes de su peatonalización. Vecinos de las calles Ángel, Juan Ramón Jiménez y Alfonso XII aseguran tener la respuesta a esta cuestión. Lamentan que el tráfico han acabado «comiéndoselo» ellos.
Residentes de estos viales, que se llegaron a manifestar en varias ocasiones respaldados por la oposición, cuando PSOE y Compromís se dispusieron a suprimir la circulación del eje más importante del casco histórico, tildan de «insoportable» el ruido y la contaminación que sufren a las puertas de sus casas. Hay quienes aseguran que no pueden ni abrir las ventanas en una calle que ya de por sí estaba saturada de vehículos antes de la peatonalización de la Corredora y ahora lo está más por convertirse en una de las alternativas para cruzar el centro de la ciudad.
Lo peor, afirman, ocurre en hora punta. «Desde las 7.30 horas hasta las 9 es una locura de 13 a 15 otra locura y por la tarde noche locura y media», señala una vecina de la calle Ángel. En este vial, los coches en doble fila y los excesos de velocidad se suman a la carga de un tráfico que se les hace insoportable. «Esas 70 toneladas de dióxido de carbono que se han reducido en la Corredora estamos respirándolas nosotros», lamentan otros afectados.
Y no es la primera vez que se quejan de esto. Sin embargo, la reciente campaña municipal sobre las bondades que ha tenido la transformación de la Corredora ha incendiado a unos vecinos que se ven como «víctimas» de una peatonalización que consideran que debería de haber ido acompañada de otras medidas. La restricción del tráfico en el puente de Canalejas y el de la Virgen es la solución que el equipo de gobierno dio a los residentes de las calles Ángel, Alfonso X y Juan Ramón Jiménez para evitar, precisamente, esto que denuncian. Sin embargo, esa propuesta anunciada hace dos años sigue sin llegar y no se le espera tampoco para el presente ejercicio, lo que enfada más a los afectados.
A finales de 2020, la Concejalía de Movilidad anunció su intención de autorizar a un máximo de 27.000 vehículos el acceso restringido a la zona centro, y que la medida iba a estar en vigor en un plazo aproximado de seis meses. La pretensión entonces era que los propietarios de las 9.000 viviendas cuyo acceso rodado se verá afectado (lo que incluye a parte del barrio de El Raval) tendrían la posibilidad de incluir un máximo de tres matrículas, que serían reconocidas por las cámaras lectoras.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, asegura estar elaborando el proyecto para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, obligatoria por ley para los municipios del tamaño de la ciudad en 2023. Una iniciativa de la que depende la restricción al tráfico en los puentes de Canalejas y de Santa Teresa. Según su edil responsable, Esther Díez, tras quedarse sin la financiación en una primera convocatoria de los fondos europeos Next Generation, van a volver a presentar a una segunda. «Queremos encajarlo en una planificación mucho más amplia con la Zona de Bajas Emisiones, una actuación que no quiere decir que tenga que restringirse el tráfico en todas las zonas, sino aplicar medidas para garantizar una buena calidad del aire en toda la ciudad», señaló Díez. El otro objetivo de la Zona de Bajas Emisiones es implantar medidas para que las emisiones se puedan reducir y eso pasa «por contar con medidas de movilidad sostenible, como nuevas líneas de autobús, autobuses eléctricos, la construcción de carriles bici que están acometiendo en distintos ejes del casco urbano.
