Los abogados de oficio tratan un 20% más de casos en el último año en comparación a 2020 por la situación de emergencia social que ha dejado la crisis sanitaria y que ha evidenciado la importancia de esta asistencia para el derecho a la defensa de cualquier persona que no puede costearse los honorarios de un profesional.
Así las cosas, los letrados ilicitanos resolvieron en 2021 unos 8.000 asuntos de carácter social, relacionados con conflictos laboral y procedimientos penales, tal y como resaltó ayer Mónica San Emeterio, presidenta de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Elche tras la presentación de una guía editada por el Ayuntamiento, la UMH y el organismo colegial para explicar de una forma rápida cómo acceder a la asistencia jurídica gratuita, cuya efeméride se conmemoraba este 12 de julio.
En la ciudad hay actualmente 750 abogados ejerciendo, de los cuáles 314 se encuentran en el turno de oficio, lo que representa prácticamente la mitad, un dato superior a la media nacional, donde sólo uno de cada tres ofrece esta atención jurídica gratuita. Si bien, hace justo un año este número estaba por encima de la mitad con 400 abogados en el turno de oficio mientras que había medio centenar menos de letrados ejerciendo, según datos que entonces facilitó el Colegio de Abogados.
Si bien, el organismo aprovechó ayer la cita para distinguir a los letrados María del Mar Fuentes Soriano y José Francisco García Mora por los trabajos prestados durante años, así como para reivindicar una actualización de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996.
Reivindicación
Entienden que la norma se ha quedado obsoleta en muchas cuestiones que complican el encaje del funcionamiento de los colegios y de la organización de los servicios de asistencia jurídica gratuita porque la ley maneja plazos «excesivamente cortos y a veces nos ata de pies y manos a los abogados para resolver problemas y afrontar la casuística que se nos presenta a diario», apuntaba San Emeterio.
Al hilo, la profesional señala que en lo básico es una buena ley pero hay una reivindicación latente. Apuntan que hace unos meses se reunió el Consejo General de la Abogacía para poner de manifiesto que el legislador debe conocer de primera mano los destinatarios de la ley.
Al hilo, desde el Colegio de Abogados reclaman también que exista el mismo modelo retributivo en todas las comunidades autónomas «porque entendemos que no es justo que cobren de manera diferente un abogado del País Vasco, en el top ten, que uno de Murcia o Alicante».
Exponen, al hilo, que el último informe del Observatorio de Justicia Gratuita de la Abogacía Española establece una retribución media de 147 euros por asunto, lo que para el colegio es estar « muy por debajo de cualquier retribución de cualquier trabajador del nivel más bajo, y somos profesionales que ponemos nuestros medios, nuestros despachos al servicio del ciudadano que se nos asigna».
En otro orden de cosas, entienden que la ley debería actualizar algunas cuestiones como la imposibilidad de renuncia, por lo que ven importante la reivindicación para mejorar también desde fuera, a pesar de que ya un 87% de la población se siente satisfecha con la atención recibida por los abogados de oficio, según estudios recientes.
Guía
La concejalía de Igualdad junto a la UMH, la cátedra Clínica Jurídica y el Colegio de Abogados de Elche editan 2.000 guías para facilitar a la ciudadanía la información a la hora de acceder a un abogado de oficio. El documento se podrá encontrar en edificios municipales, centros de salud, instalaciones del Colegio de Abogados o en la universidad, y habrá carteles que permitan obtener más información con un código QR.
La asistencia jurídica gratuita, derecho reconocido en el artículo 119 de la Constitución Española, no sólo cubre honorarios de los abogados si no también los de procuradores, exención de tasas judiciales, asistencia pericial o depósitos para recurrir.
Para saber si se es beneficiario, primero el usuario debe saber el IPREM actualizado (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Se debe multiplicar ese índice por 2 si no está registrado en ninguna unidad familiar, por 2.5 si está compuesta por menos de cuatro miembros y por 3 si la unidad familiar se compone de cuatro o más miembros. Si el salario bruto mensual es inferior al resultado, tendrá acceso.
Hay excepciones en las que no se tendrá en cuenta el IPREM, como pueden ser las víctimas de violencia de género; víctimas de terrorismo y asociaciones que las protejan, víctimas de trata; menores de edad y personas con discapacidad víctimas de situaciones de abuso o maltrato; víctimas de accidentes que acrediten secuelas permanentes y necesiten asistencia; asociaciones de utilidad pública y fundaciones; Cruz Roja y asociaciones en defensa de consumidores y usuarios.
La guía define qué se entiende por unidad familiar y si cabe el reconocimiento excepcional, teniendo en cuenta factores como el número de hijos o el estado de salud. El usuario debe dirigirse al Servicio de Orientación Jurídica de la Ciudad de la Justicia de Elche tras solicitar cita. La documentación a presentar es aquella que acredite la situación económica y patrimonial del solicitante e integrantes de la unidad familiar.
Si al usuario no se le reconoce la asistencia puede impugnarlo ante la Comisión de Justicia Gratuita mediante un escrito razonado.
En cuanto a la reciente guía presentada, José Luis Mas, grado en Derecho por la UMH y autor del documento reconoce que había detectado falta de información clara y concisa para acudir a este tipo de asistencia jurídica. Paloma Arrabal, tutora del trabajo y coordinadora del Área para la Proyección del Grado en Derecho explicaba que es importante que desde la universidad se devuelva el conocimiento a los colectivos más vulnerables.
