El PP ha reclamado al equipo de gobierno que suspenda el plazo de alegaciones a la modificación del Plan General con la que pretende consolidar el mercado en la ladera del río. Los populares insisten en paralizar este proceso administrativo hasta que el ejecutivo de PSOE y Compromís dé a conocer el estudio previo del futuro edificio de abastos encargado a la empresa municipal Pimesa. Se trata de un "boceto" de cómo será el inmueble definitivo y cómo se integrará en la zona verde y los responsables municipales ya cuentan con un borrador del mismo, a la espera de incluir los últimos detalles para su presentación, según fuentes municipales.

El concejal del grupo municipal popular, Javier García, ha recordado que la junta de gobierno local aprobó en marzo encargar a la mercantil pública un estudio previo sobre las características del programa de necesidades e integración en el entorno urbano del nuevo Edificio del Mercado Central de Elche, con la finalidad de que el Ayuntamiento pueda disponer de información suficiente y de una visualización gráfica que pueda servir de base para la contratación de los correspondientes anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución.

El edil del PP ha advertido que desde el 25 de marzo "no se tiene constancia de que ese encargo se haya realizado, ni del expediente que consideramos necesario para que se incluya en el expediente de modificación del uso de la parcela de la zona verde a zona de servicios con la finalidad de que todos los ilicitanos podamos tener conocimiento de lo que pretende el gobierno municipal”.

Javier García ha recalcado que “la omisión u ocultación del estudio previo provocaría indefensión a aquellos ciudadanos que se encuentren interesados en alegar a la modificación, o puedan realizar ampliación de alegaciones aquellos que ya lo hubieran realizado”.

Para el PP consolidar el mercado provisional en una zona verde supondrá una "ilegalidad manifiesta. Una ilegalidad que González está dispuesto a realizar a pesar de que presentaron una denuncia a fiscalía y lo calificaron como aberración urbanística".