El técnico de la administracióngeneral que se encontraba en el área de Cultura delAyuntamiento de Elche cuando se formalizaba el proceso administrativo para el contrato de las exhumaciones, que ha terminado con la concejala Marga Antón investigada, declaró ayer en calidad de testigo por videoconferencia y por espacio de una hora ante el instructor y las partes personadas en el procedimiento, que pudieron interrogarlo sobre estos hechos. Según fuentes judiciales consultadas por el diario, no llegó a aclarar buena parte de las dudas que se tienen desde el inicio de la causa, principalmente por la acusación particular, que representa la Partido Popular, que le llevaron a la presentación de una denuncia. Una y otra vez repitió que no se explica cómo sucedieron todas esas supuestas irregularidades y declinó el conocimiento de la gestión del expediente en el arqueólogo de forma exclusiva, así como la toma de todas las decisiones. Curiosamente, el arqueólogo en su declaración, también en calidad de testigo, dijo que él no sabía de contratos.
Es decir, la edil Marga Antón no tendría responsabilidad en los hechos. Como se recordará, al arqueólogo se le abrió un expediente por parte de los responsables municipales cuando estalló este asunto y, al cabo de varios meses, se decidió por el instructor su archivo al entender que no existía responsabilidades de ningún tipo en su actuación, que todo se debió a un error cuando la empresa llegó a estar dos meses trabajando sin formalizarse el contrato pero cobrando, el último de ellos a sabiendas de que no existía cobertura legal para dichos trabajos o que el modelo del contrato elegido no era el válido.
El técnico que interviene como testigo no se explica cómo la empresa comenzó a trabajar antes de la adjudicación de lo que era un contrato de obra, calificación de la que discrepaba porque consideraba que debía haber sido un contrato mixto. Tampoco entiende cómo los nombres de miembros de la empresa que realizó los trabajos ya aparecían en el expediente que se aprobó meses antes por la junta de gobierno para solicitar a la Generalitat una ayuda para este fin. O la coincidencia de las cantidades entre la subvención a recibir y el precio por el cual pujó la empresa para quedárselo.
Las dudas no acaban aquí pero no hay previstas más declaraciones en este asunto. La acusación particular sí tiene pendiente que el Ayuntamiento de Elche aporte al juzgado los correos electrónicos que se cruzó la concejala con el arqueólogo, que salieron a relucir en una declaración anterior de este. Al parecer, se entendió por uno de ellos que la autorización de la Conselleria de Cultura para las exhumaciones se interpretaba como que estos podían comenzar, aunque los trámites administrativos no estaban concluidos ni adjudicado el mismo.
En el procedimiento también ha salido a relucir que la empresa fue sugerida por familiares de represaliados del franquismo o que el Ayuntamiento tenía prisas para ejecutar las exhumaciones para no perder la subvención concedida por la Conselleria.
