D os años después de que Cristina C.G., la adolescente de Elda cuya familia denunció que sufría acoso escolar, se quitara la vida lanzándose por un puente el caso ha sido sobreseido y archivado. De la investigación se hizo cargo el propio fiscal jefe en noviembre de 2005 para tratar de aclarar las circunstancias que rodearon a una muerte que generó un gran impacto social y mediático. Ahora un auto de la titular del Juzgado de Menores Número 1 de Alicante descarta que la muerte de la menor, que se produjo en mayo de 2005 cuando contaba 16 años, fuera consecuencia de un hostigamiento físico o psicológico producido por las cuatro imputadas, todas ellas alumnas de cuarto de ESO del centro concertado Sagrada Familia, el mismo colegio al que acudía la fallecida.

En su resolución explica la magistrada que «de las numerosas declaraciones practicadas - se han tomado una decena de testimonios - no resulta la situación de acoso que se investiga, hablando los implicados y conocedores de este episodio de numerosos factores, no sólo escolares, sino también psicológicos o familiares».

La propia Fiscalía de Menores solicitó con anterioridad el sobreseimiento y archivo al entender que «si no ha habido indicios bastantes para considerar la existencia de acoso escolar, mal puede establecerse una relación causa-efecto entre la mala relación de las imputadas con Cristina y el fallecimiento de ésta».

El expediente, que ha sido recurrido por la familia, se incoó por la denuncia que en diciembre de 2004 presentó la propia menor ante una agresión sufrida a las puertas del colegio en la que se vieron implicadas las cuatro acusadas. En febrero fue amenazada en el gimnasio por tres de ellas y posteriormente le rajaron el sillín del ciclomotor. La estudiante también sospechaba que eran éstas quienes le escupían frecuentemente en la moto. Tres meses después se quitó la vida. La Justicia ha tenido en cuenta todo ello para determinar si fue o no objeto de acoso por parte de las expedientadas, y si tal acoso pudo haber tenido o no alguna relación con la muerte.

El mismo día del entierro los padres aseguraron que a su hija la habían «suicidado» y exigieron que se castigase a las culpables. Del caso se hizo cargo el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Elda, que decidió archivarlo al entender que el trágico suceso no fue inducido ni guardó relación alguna con la agresión de diciembre. La decisión la tomó el 16 de junio de 2005 y al día siguiente la Fiscalía de Menores ordenó reabrir la causa tras detectar que las declaraciones realizadas por dos de las amigas de la víctima «eran muy parecidas». También se solicitaron nuevos testimonios y se accedió a todas las actuaciones solicitadas por la letrada de la familia, María José Esteve, que sigue sin atender a este diario.

La instrucción ha constatado la mala relación que existía entre las imputadas y la fallecida pero, según concluye el fiscal de Menores, a excepción de los episodios mencionados no ha habido un acoso constante y continuado que provocara una cierta permanencia o repetición del comportamiento degradante como para inducir en ella sentimientos de angustia, humillación e incluso inferioridad. De hecho, de los propios testimonios aportados por las compañeras de clase queda acreditado que «normalmente cada una hacía su vida siendo esporádicas las situaciones de conflicto» y que «no observó en Cristina una actitud de miedo a la hora de acudir al centro escolar». Asimismo, una de las mejores amigas de la fallecida declaró que la agresión de diciembre «fue una pelea de instituto y que cree que lo que más le afectaba era la relación con sus padres». Incluso su propia hermana indicó al fiscal que «en numerosas ocasiones se metían con ella por su forma de llevar la moto, pero que no recuerda amenazas ni insultos».

En relación a la agresión sufrida a las puertas del colegio, hecho que la Ley del Menor tipifica como una simple falta de lesiones, también solicita el Ministerio Fiscal el archivo de la misma atendiendo al informe del equipo técnico y por entender que los trámites practicados han expresado suficientemente el reproche social de la conducta de estas cuatro menores. «A este respecto, - añade - ha de tenerse en cuenta además que han sido objeto de una gran presión mediática y social, bastando recordar no sólo el contenido de sus exploraciones, sino también las pintadas que aparecieron en Elda en contra de ellas y de sus familias». Precisamente el abogado que las representa, Roberto Gil, anunció ayer que los padres difundirán en los próximos días un comunicado para reivindicar la inocencia de sus hijas después de que la investigación judicial las haya eximido de cualquier tipo de culpa.