La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha requerido al Ayuntamiento de Beneixama para que, en el plazo inexcusable de un mes, anule el acuerdo adoptado por el pleno extraordinario celebrado el pasado 28 de marzo. La resolución emitida formalmente por el Gobierno de España se refiere a la polémica sesión en la que el grupo municipal del PP logró sacar adelante, con el voto favorable del exconcejal socialista Juan Payá, su propuesta para reponer la cruz franquista que el actual gobierno de PSOE-Junts per Beneixama decidió retirar en febrero por contravenir la Ley de la Memoria Histórica. De hecho, el monumento fue erigido en los tiempos más represivos de la dictadura, contenía la inscripción oculta de "Caídos por Dios y por España ¡Presentes!", y en su base todavía se depositaban, de forma anónima, coronas de laureles en las fechas más señaladas del Alzamiento Nacional.
En la solicitud remitida a la alcaldesa Amparo Barceló y suscrita por la subdelegada Encarna Llinares se exige la anulación del punto segundo del acuerdo plenario "por considerar -según recoge el documento oficial- que con el referido acuerdo, y en los extremos a los que se refiere la presente resolución, se ha infringido y vulnerado el artículo 15 de la Ley 52/2007 -Memoria Histórica- por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia en la Guerra Civil y la dictadura".
Ahora, la alcaldesa de Beneixama tiene 30 días de plazo para convocar un nuevo pleno donde se deje sin efecto la moción del PP.
