El Ayuntamiento de Elda acometerá una revisión semestral de las tarjetas de transporte urbano por las que determinados colectivos (pensionistas, estudiantes, familias numerosas, discapacitados) se benefician de las denominadas tarifas sociales recogidas en la ordenanza reguladora de 2009 tras haber detectado irregularidades en casi 250 de estas tarjetas, según informó ayer el concejal Vicente Amat. Concretamente, la concejalía de Transportes y Modernización ha detectado un total de 247 casos en que los beneficiarios no se ajustan en estos momentos a los requisitos imprescindibles para poder acceder a los descuentos de las tarifas sociales, lo que implica un uso fraudelento que el Ayuntamiento de Elda, en el marco de la optimización de recursos que ha llevado a revisar casi cada servicio municipal para recortar gastos, no está dispuesto a pasar por alto.

Así las cosas, la concejalía efectuará una revisión periódica, concretamente cada seis meses, para verificar, caso por caso, que los beneficiarios siguen cumpliendo con los requisitos, algo que hasta la fecha no se realizaba tan "escrupulosamente". Y es que, por ejemplo, de entre estas 247 tarjetas con irregularidades, hasta 179 se corresponden con usuarios que ya han fallecido, mientras que otras 68 tienen como titulares a personas que ya no residen en el municipio, cuando es requisito imprescindible el estar empadronado en Elda.

El Ayuntamiento ya ha procedido a comunicar dichas irregularidades a la empresa concesionaria del servicio para que proceda a la anulación de los abonos de autobús, lo que redundará en un mayor ahorro del gasto destinado al transporte urbano, según destacó Amat, que garantizó que habrá revisiones periódicas para controlar al máximo este tipo de irregularidades.

La ordenanza prevé sanciones económicas

Aviso a navegantes. El uso irregular de las tarjetas de transporte urbano por parte de quien no sea el beneficiario directo o ya no cumpla los requisitos estipulados puede conllevar, además de la retirada del abono al titular, sanciones económicas en función de la gravedad de la infracción, tal y como consta en la misma ordenanza reguladora. Por infracciones de carácter leve se contempla la retirada de la tarjeta por un periodo de hasta 6 meses e imposición de multa de hasta 600 euros, mientras que las sanciones por infracciones graves pueden derivar en multas de hasta 3.000 euros, además de la devolución de las cantidades indebidamente disfrutadas. Las tarifas vigentes ofrecen descuentos diferentes sobre el precio del billete ordinario (75 céntimos) según el colectivo. Así, por ejemplo, los jubilados y pensionistas tienen reducido el precio, presentando la correspondiente tarjeta, a 15 céntimos, los estudiantes a 55 céntimos, y las familias numerosas a 40 céntimos. También pueden acogerse a las denominadas tarifas sociales las personas afectadas por alguna incapacidad o minusvalía superior o igual al 30%, según recoge la ordenanza reguladora.