Con las manos en el herbicida. Así pillaron al mediodía de ayer varios agricultores del Medio Vinalopó a los operarios de Carreteras de la Diputación. Estaban pulverizando herbicida en los márgenes de la carretera que une la estación del tren de Monforte con la pedanía de Orito. Concretamente fumigaban glifosfato para acabar con las malas hierbas que crecen en los arcenes y que, si no se eliminan, terminan tapando las señales de tráfico y provocando incendios. Lo hacían desde un camión dotado de un sistema mecánico pero demasiado cerca de casas de campo con jardines y de fincas de hortalizas. Y, además, en un momento en el que el viento no amainaba y las rachas llegaban a alcanzar los 32 kilómetros/hora. Una circunstancia que hace más volátil el herbicida y pone en riesgo tanto las plantaciones agrícolas como la vegetación ornamental.
El primero en percatarse del peligro fue un agricultor monfortino que avisó rápidamente al responsable de Asaja en el Medio Vinalopó. Quince minutos después Pedro Rubira se presentaba en el lugar y advertía a los trabajadores de los daños que la fumigación podía ocasionar por el fuerte viento reinante. Instantes después la actividad era suspendida a la espera de unas condiciones meteorológicas menos adversas. Según se informó posteriormente a este diario desde la institución provincial, la decisión de fumigar ayer respondía al hecho de que en estas fechas los viñedos no sufren ningún tipo de afección porque no han brotado y, además, las previsiones del 112 que se manejaban a primera hora de la mañana no advertían del vendaval en la zona. En cualquier caso, desde Carreteras se optó por la cautela dejando de rociar de inmediato el glifosfato hasta nueva orden. Una medida que Pedro Rubira ha agradecido recordando la «mala experiencia» vivida en abril de 2013 por unos hechos parecidos. En aquella ocasión la empresa concesionaria del mantenimiento de la A-31 fumigó los márgenes de la autovía de Madrid con el potente herbicida hormonal MCPA. Al realizarse el tratamiento en un día ventoso el producto se volatizó y, según denunció Asaja aportando diversos informes técnicos, terminó provocando graves daños en una extensión de 20 hectáreas de viñedos. La concesionaria ha querido indemnizar recientemente a los productores de uva de mesa afectados con 3.000 euros para todos, pero Asaja lo ha rechazado y ha pedido a Fomento 500 euros por hectárea dañada. Osea 10.000 euros.
