La última sentencia del TSJ declarando nulo el Plan de Reforma Interior (PRI) que el Ayuntamiento de Elda aprobó para el sector de La Jaud en marzo de 2018 ha causo extrañeza en el equipo de gobierno socialista, que ya ha anunciado que pedirá una aclaración al alto tribunal al entender que la resolución dictada carece de fundamento alguno. Sobre todo porque el TSJ ha revocado el PRI argumentando que el Ayuntamiento no ha presentado la memoria de sostenibilidad económica del controvertido plan urbanístico. Sin embargo, según afirma el concejal de Urbanismo Eduardo Timor, la documentación referida se ha aportado en dos ocasiones al TSJ. Asimismo, el edil ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los propietarios de las 118 viviendas sobre las que llegó a pesar una orden de derribo dos décadas atrás que, según la parte demandante, vuelve a estar vigente ahora que se ha anulado el PRI.
«Las licencias de todas esas viviendas son completamente legales y ya no se pueden revocar. Los afectados no tienen motivos para estar preocupados porque ese proceso ya no tiene marcha atrás y todo es legal», ha señalado tajante el concejal de Urbanismo.
Conviene recordar que este plan, ahora declarado nulo de pleno derecho, es el que sirvió de cobertura legal para los expedientes de legalización de las 118 viviendas sujetas a orden de demolición, así como también el único fundamento de la resolución judicial que acordó, en fechas recientes, la inejecutabilidad de la sentencia que ordena el derribo. Así lo ha indicado la abogada que ha representado a los vecinos de la parte demandante, Ana Gonzálvez, destacando que, en consecuencia, «tanto la legalización de las viviendas en cuestión, como la inejecutabilidad de la sentencia que ordenó el derribo, quedan sin cobertura legal, al ser declarado nulo el Plan de Reforma Interior de La Jaud que fue aprobado en un pleno de marzo de 2018».
Para la letrada, «aunque el Ayuntamiento recurra la sentencia, en estos momentos podemos decir que se ha “esfumado” la cobertura legal de los expedientes de legalización de las viviendas con orden de derribo y la causa legal de no ejecutabilidad de la sentencia que acordó la demolición». Y añade: «siempre hemos estado abiertos a solucionar el tema pero parece que la única forma que ha encontrado el Ayuntamiento, durante todos estos años, es la de urbanizar el sector a costa, exclusivamente, de los que construyeron sus viviendas con licencias conformes a derecho y a favor de los propietarios de las que se construyeron con licencias nulas. Y esto es algo que los primeros no están dispuestos a consentir», subraya Ana Gonzálvez.
Fue en diciembre de 2018 cuando el Ayuntamiento aseguró haber puesto punto y final a uno de los problemas urbanísticos más graves que ha sufrido la ciudad al acordar la Junta Local de Gobierno la legalización de las 118 viviendas de La Jaud.
El PP da su apoyo al alcalde para ayudar a todos los afectados
El PP ha pedido una reunión urgente con el alcalde Rubén Alfaro para buscar soluciones. «De nuevo los vecinos de La Jaud vuelven a no dormir tranquilos y los partidos tenemos que alcanzar una solución consensuada que resuelva de una vez esta situación», ha indicado el portavoz popular Fran Muñoz tendiéndole la mano al alcalde «para ir juntos a defender este tema donde haga falta. La tranquilidad de 118 familias con una sentencia de derribo, y del resto de afectados del PRI que llevan más de 25 años de litigios, depende de que nos pongamos de acuerdo».
