La Coordinadora Provincial de Alicante por la Defensa del Sistema Púbico de Pensiones (COESPE) ha convocado para este sábado 12 de febrero en Elda y Petrer una gran manifestación de ámbito provincial en defensa del sistema público de pensiones. La marcha partirá a las 11 de la mañana desde IES Paco Mollá de Petrer y se dirigirá hasta Plaza Castelar de Elda, donde se leerá un comunicado.
Esta acción se enmarca en el conjunto de movilizaciones que COESPE, junto a otros colectivos de pensionistas, de forma unitaria, está realizando en todo el territorio nacional en contra de la última reforma de pensiones que valoramos muy regresiva para el Sistema Público de Pensiones.
Deste la entidad se advierte de que la primera parte de la reforma (en vigor ya desde el 1/1/22) como la segunda, que pretenden aprobar durante este año 2022, "es un paso más en la doble dirección de debilitar el sistema de pensiones y privatizarlo. No es nuevo, viene de lejos, forma parte de la agenda neoliberal que quieren imponernos".
El movimiento pensionista en su conjunto sigue oponiéndose a cualquier medida regresiva para las pensiones y reivindicando otras que lo consoliden y mejoren. En la marcha reinvidicativa que se va realizar en Elda y Petrer se van a centrar en tres aspectos que ahora mismo consideran de especial urgencia:
-1-La derogación del nuevo sistema de revalorización de nuestras pensiones.
-2-No a la media arbitraria del IPC y sí a la revalorización según IPC real. "Con la nueva fórmula perdemos sólo en el año 2021 un 3% de valor adquisitivo. Para el 2022 y siguientes es una incógnita. No se ajusta el IPC en el mimo año. Eliminan la paguilla (2021 será el último). El ajuste de las posibles pérdidas se realizará a los cinco años. Exigimos volver al mecanismo anterior y su blindaje para que ningún gobierno pueda modificarlo".
-3-El aumento de las pensiones mínimas
Los reponsables de COESPE señalan, además, que "para acabar con las pensiones de miseria que perciben millones de pensionistas. Exigimos pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional (SMI), como primer paso hasta llegar a lo que marca la Carta Social Europea: pensión mínima igual al 60% de la media del salario de cada país. En España, 1080 euros". También muestran su rechazo frontal a la privatización del Sistema Público de Pensiones
"No lo han conseguido con la implantación de planes privados individuales. Ahora lo intentan con la implantación de planes privados de empresa. Se obligará a los trabajadores a contratar un plan a través de sus convenios colectivos, que acabarán gestionando entidades financieras. Pretenden desviar una parte de las cotizaciones de los trabajadores a fondos privados en detrimento de la caja de pensiones", denuncian por último en su comunicado subrayando que "Gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos públicos se defienden".
