Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y los sindicatos de enseñanza de la provincia han realizado una primera valoración de la actualización del decreto de convivencia presentado por la Conselleria de Educación. Tanto las AMPA como los representantes del profesorado inciden en la necesidad de incluir en la redacción de la norma la consideración del docente como autoridad. También instan a los responsables educativos a concretar más la defensa jurídica de los docentes y asumirla de oficio, puntualizar algunos aspectos que aparecen en el borrador del decreto para evitar incertidumbres o malas interpretaciones y que, sobre todo, que las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en las aulas no prescriban en 60 días.
Los sindicatos reclaman, asimismo, el reconocimiento de enfermedades profesionales como la ansiedad y depresión y que la formación se realice en horario lectivo. Además, advierten de que cualquier nueva norma no puede acarrear más carga burocrática para los docentes y los equipos directivos de los centros. Por eso desde el CSIF se ha pedido que en el observatorio que contempla esta normativa se incluya en su configuración a los representantes del profesorado, es decir a los sindicatos de la mesa sectorial.
Del mismo modo se subraya que "la bajada de ratios, la formación en horario lectivo y las horas de dedicación para la convivencia son aspectos irrenunciables" que el decreto no contempla y que, sin embargo, "son esenciales para materializarlas de forma real y efectiva en el conjunto de los centros educativos de la Comunidad Valenciana".
Por otro lado desde el CSIF se remarca la importancia de coordinar acciones del alumnado con los ayuntamientos y, en tal sentido, solicita que estas "acciones de servicio" se coordinen con la Federación Española de Municipios y Provincias al objeto de agilizar protocolos y proyectos basados en una convocatoria específica.
Finalmente los representantes sindicales han solicitado a la directora general de Igualdad e Inclusión que promueva una campaña de concienciación para "animar" a la inscripción de mujeres a los ciclos formativos. Una modalidad de enseñanza que es mayoritariamente de matrícula masculina.
Por su parte desde COVAPA, la Confederación Valenciana de APA/AMPA, se considera "primordial" que se profundice en las aulas en la trasmisión de valores entre el alumnado. "Es necesario porque cada vez hay más conflictos en los centros educativos. Pensamos que hace falta que se trabaje mucho más en valores y en derechos y libertades en lugar de perder el tiempo en ideologías políticas", señala la presidenta, Sonia Terrero, reforzando el carácter de autoridad del profesorado. "Un docente no puede ser amigo de los alumnos. Debe ser respetado. Hay que devolverle esa autoridad de la que se le ha ido privando y también hay que devolver a las familias el derecho a educar a sus hijos con total libertad eligiendo el centro, el idioma y los valores. Algo que por desgracia nunca se conseguirá -lamenta Sonia Terrero- mientras no exista un Pacto Nacional por la Educación".
Desde COPAVA ya se ha solicitado a las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas que forman parte de la Confederación que les hagan llegar el próximo lunes sus peticiones, propuestas, críticas, opiniones y sugerencias respecto al borrador del nuevo decreto de convivencia que ha presentado la Conselleria. Toda la información obtenida será expuesta en la Mesa de Padres convocada para el próximo miércoles 11 de mayo por la directora general de Igualdad e Inclusión. "A partir de ese momento ya podremos definir nuestra postura sobre la norma", puntualiza Terrero.
Conductas graves
Como ya avanzó este diario, el nuevo decreto de convivencia, de obligado cumplimiento para los colegios e institutos tanto públicos como concertados, incluye como novedad en su borrador la suspensión de hasta un mes de las actividades extraescolares para el alumno que infrinja las normas.
Las conductas consideradas graves y que conllevan este tipo de sanción son «el acoso, actos graves de indisciplina, insultos, amenazas, o las falta de respeto y actitudes desafiantes y agresiones» entre otras.
Se incluyen los actos de odio, cualquier tipo de discriminación concretando las de tipo sexual y afectivo, la difusión o grabación de acciones vejatorias, así como la incitación o uso de sustancias perjudiciales para la salud, incitar a cometer faltas o acceder a documentos del centro sin permiso.
En el apartado de daños infringidos que son objeto de penalización, se añade el daño a las pertenencias de las personas y se mantiene el ocasionado a las instalaciones del centro, ya contemplado en la norma actualmente en vigor.
Como faltas también se incorpora dañar el entorno del centro o no cuidar el medio ambiente, los jardines, los animales y las fachadas.
Identidad
Los responsables educativos han querido incluir en el nuevo decreto por la convivencia escolar todos los extremos sobre la integridad y dignidad personal que se han ido formulando en las distintas leyes promulgadas por la Generalitat desde 2014, como la de protección integral a la infancia frente a la violencia, la de igualdad, la de de identidad y expresión de género, la de inclusión y orientación educativa, o el compromiso firmado por la familia o tutor.
La suspensión del derecho de asistencia a clase se contempla ahora únicamente de forma «excepcional», no más de quince días y sin que en ningún momento suponga interrumpir la formación, de forma que el tutor debe controlar que se siguen haciendo las tareas. Para primar siempre el derecho a la educación se incluyen otras medidas que evitan que el alumno pierda clases por su mala conducta, como el cambio puntual de aula, incluso en una o varias asignaturas, y nunca más de quince días.
Registro
Los centros, que siguen llevando un registro de los casos violentos, deben custodiar los informes durante dos años, pero se subraya en la nueva normativa que si en ese tiempo el alumno sancionado no vuelve a reincidir, dicha mancha no permanece en su expediente.
A las familias, que siguen figurando en un apartado concreto que contempla sus derechos y deberes, se les insta a reconocer la autoridad del profesorado, al tiempo que la propia Conselleria de Educación se compromete a prestar servicios jurídicos también al personal, administrativo y no docente en caso de conflicto.
La participación de los padres en la elaboración de las nuevas normas de convivencia de cada uno de los centros escolares, siguiendo las nuevas directrices del decreto en cuanto se publique en el DOGV tras previa negociación con los representantes sindicales que arranca este miércoles, se expone de manera reiterada y específica con la finalidad de «implicar a las familias» en el denominado antiacoso o cultura de la no violencia.
Los centros tienen que incluir y justificar en su proyecto educativo medidas especialmente preventivas para fomentar «la igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad».
El fomento del espíritu crítico y de la ciudadanía activa se incorporan asimismo entre las acciones que contribuirán de manera efectiva a rebajar el nivel de violencia escolar y las conductas disruptivas de un modo global. Pero el derecho a la enseñanza prima sobre el mal comportamiento y por eso se obliga a los tutores a mantener la formación.
