Los ecologistas exigen anular el proceso de reapertura del vertedero de Elda por irregularidades

Los ecologistas plantan cara a la petición de reapertura del polémico vertedero de Elda y presentan un escrito ante la Generalitat en el que piden anular el proceso abierto por supuestas irregularidades. La Conselleria de Medio Ambiente ha sacado a exposición pública la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la empresa arrendataria de las instalaciones, que tramita este permiso para poder reabrir un complejo que fue clausurado por la propia Generalitat en 2012. Y Ecologistas en Acción ya ha movido ficha para frenar el proceso, al considerar que no se ha tramitado conforme a la Ley. 

Este medio ha contactado tanto con la conselleria como con el equipo de gobierno eldense, para conocer su posicionamiento sobre esta petición de reapertura. Desde la Generalitat aún no han realizado una valoración al respecto, mientras que el ejecutivo municipal está estudiando el tema y tampoco se ha pronunciado. Y el plazo para presentar alegaciones finaliza la próxima semana. 

Mientras, los conservacionistas presentaron el pasado 21 de febrero un escrito ante la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental en la que piden el archivo del expediente iniciado en 2019 y la suspensión de la información pública del mismo abierta el 30 de enero de 2024.

Ecologistas en Acción recuerda que la mercantil Gestión RSU Mediterráneo SLU, arrendataria del vertedero, promovió el expediente “en una fecha indeterminada de 2019, pero posterior a abril de 2019. El 5 de junio de 2019 fue requerida al promotor una subsanación de la documentación y el 1 de agosto de 2019 se admitió a trámite esa solicitud de AAI, pues se consideró que la documentación aportada estaba completa y ‘es suficiente para la continuación del trámite de autorización ambiental integrada’, según comunicación al promotor de la Jefa de Servicio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, adscrita a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental”.

“Sin embargo el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) sometido ahora a información pública estuvo elaborado con posterioridad al 1 de agosto de 2019, pues en concreto está fechado en marzo de 2020”, recordando además que se trata de “uno de los documentos preceptivos que debe acompañar la solicitud de la AAI” según la Ley. “Por tanto es difícil de entender que la documentación de la solicitud fuera completa y suficiente el 1 de agosto de 2019”, apunta la entidad conservacionista.

Y añade que el “30 de enero de 2024, 4 años y 6 meses después,” se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el anuncio del director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la información pública de ese expediente. Y recuerda que según el artículo 40.1 de la Ley 6/2014, establece que "la resolución de la AAI se dictará en el plazo máximo establecido en la normativa estatal en materia de prevención y control integrados de la contaminación”, fijado en seis meses, y transcurrido ese tiempo “sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud presentada”.

Así, “la aplicación de esas determinaciones obligaría a entender desestimada la solicitud presentada por Gestión RSU Mediterráneo, SLU, cuestión contradictoria con la vía de hecho de admisión a trámite de la solicitud de 2019 considerada suficiente por la autoridad sustantiva el 1 de agosto de 2019 y anunciada públicamente ahora mediante la inserción del anuncio en el DOGV del 30 de enero de 2024”, agregando que “en nuestra opinión no se han dado ninguna de las circunstancias descritas de suspensión” del plazo máximo.

Además, Ecologistas en Acción ha pedido su consideración como persona interesada en este expediente, y se le faciliten los informes de los distintos servicios autonómicos que han intervenido en la tramitación del expediente que justifican la admisión a trámite de la misma y han considerado suficiente la documentación presentada”.

Las instalaciones de Las Cañadas dispone de dos vasos nuevos de vertido sin estrenar desde hace años, y precisamente las poblaciones del Consorcio Crea carecen desde 2018 de una planta propia donde enterrar los residuos que no se pueden reciclar. Es más, la Generalitat se interesó por este complejo hace tres años, mientras que el Consorcio está elaborando un proyecto de gestión que incluye el nuevo vertedero controlado que dará servicio al Plan Zonal en, al menos, los próximos 20 años, y cuya ubicación aún no se ha determinado.