La querella de la Fiscalía contra el Hércules y su Fundación, acabe como acabe, no provocará el descenso administrativo de categoría del conjunto blanquiazul. La denuncia interpuesta por el Ministerio Público, en la que se acusa a la entidad del Rico Pérez de un delito de alzamiento de bienes, tendrá un recorrido exclusivamente judicial.
El reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene acotados los motivos que pueden desencadenar en un castigo de extrema gravedad como es el descenso inducido desde los despachos. Tres son las causas capitales que tienen como pena la caída de los clubes del peldaño en el que compiten: las denuncias por impagos presentadas por los futbolistas ante la AFE al final de la temporada, el impago de las tasas federativas previstas a lo largo de toda la campaña y la negativa a satisfacer las obligaciones tributarias con las arcas públicas derivadas del ejercicio en curso.
No entran en este último apartado los recibos impagados de los que se conoce como deuda histórica con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Esa morosidad a lo que puede llevar, en caso de no alcanzar acuerdos de financiación, es a la liquidación de la SAD si alguno de los acreedores privilegiados se lo solicita al juez, algo muy raro. El Hércules, que otrora era un fijo en el incumplimiento de los contratos con sus futbolistas, ha dejado de recibir denuncias por este motivo. No ha ocurrido desde la entrada del club en concurso de acreedores el verano de 2011.
Desde entonces, el conjunto blanquiazul ha satisfecho todos los vínculos laborales. También ha cumplido con las obligaciones fiscales derivadas de la firma de los mismos y con las tasas que exige la RFEF para participar en sus competiciones.
Sin beneficios
Lo que sí que provoca no estar al corriente de pago históricamente con cualquiera de las instituciones del Estado es no poder beneficiarse de ayudas públicas, de ninguna. Ni de las facilitadas a los equipos para subvencionar, por ejemplo, desplazamientos durante la temporada, ni de las que concede el órgano que preside ahora Luis Rubiales para paliar la falta de ingresos en el fútbol modesto o para desarrollar la cantera.
Para ser beneficiario de estas partidas hay que estar al día o cumpliendo escrupulosamente con las cuotas negociadas con la administración. Además, un proceso como el que se abre por la supuesta ocultación al fisco de los 2 millones por el traspaso de Abde al Barça no es precisamente corto. Puede prolongarse varias temporadas porque, solo la instrucción del caso, puede tardar dos años. Si corre, luego, por distintas instancias, la sentencia firme puede demorarse hasta 5 años.
