El Gobierno argentino llega a un acuerdo con el FMI y augura más sufrimientos si se rechaza su plan de choque

Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un entendimiento para darle continuidad al programa que había suscrito durante la gestión anterior del peronista Alberto Fernández. De esta manera, el Gobierno de ultraderecha ha logrado desbloquear el envío de 4.700 millones de dólares que servirán en buena parte para pagar una deuda con el organismo financiero que tiene vencimientos este mes y en abril. A su vez, la administración de Javier Milei debe abonar en febrero unos 600 millones de dólares en concepto de intereses.

"Este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar ese acuerdo requería de un mayor compromiso para remontar la falta de credibilidad de los últimos dos semestres”, explicó el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo. El acuerdo fue bien recibido por los mercados, donde el programa de choque y privatizaciones de Milei suscita simpatías.

En 2018, el Gobierno de derechas de Mauricio Macri obtuvo un crédito por 45.000 millones de dólares del FMI que en parte se desvaneció como consecuencia de la fuga de capitales. Caputo estaba entonces al frente del Banco Central y su desempeño fue objeto de severas críticas por parte del organismo. Fernández refinanció ese pasivo a un alto costo político: como consecuencia del ajuste pactado, perdió las parlamentarias de 2021 y abrió el camino para la victoria electoral de Milei, quien nombró a Caputo como su timonel económico.

El ministro dijo que el FMI estaría dispuesto a realizar nuevos desembolsos en caso de ser necesario. Sin embargo, remarcó, en el Gobierno prevalece la idea de ser consecuentes con el programa de austeridad, mejorar las reservas internacionales y reducir la inflación, que en 2023 fue del 160% y solo en diciembre perforará el 20%. "Tenemos que resolver la adicción del país al gasto público", dijo el ministro, quien al asumir devaluó en 118% la moneda nacional.

Cinco meses atrás, el FMI había aprobado una revisión del programa con Argentina en medio de fricciones con el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, a esas alturas candidato presidencial del peronismo. El organismo giró 7.500 millones de dólares después de que Massa aceptara una devaluación del 20%. A su vez, el FMI exigió reducir los salarios públicos y un alza en las tarifas de los servicios públicos, medidas que Milei ha hecho suyas.

Todo puede empeorar

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional coincidieron con la presencia en el Congreso de ministros de Milei para defender la draconiana Ley Ómnibus que busca darle sustento legal a la revolución conservadora. Esa iniciativa declara que este país se encuentra en un estado de “emergencia pública” y, sobre la base de ese diagnóstico busca barrer con el marco normativo en de la actividad económica, financiera, fiscal, el sistema de pensiones estatales y la actividad cultural y deportiva. Pero, además, intenta reducir al mínimo la capacidad de oposición en las calles. La iniciativa que debe aprobar o rechazar la legislatura limita al extremo el derecho a la protesta como un complemento a las restricciones al derecho a huelga definidas en el anterior Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).  

Caputo dijo que si esa ambiciosa ley no es aprobada por el Congreso "sería una muy mala noticia" que provocaría mayores problemas a la población que la carestía y la pérdida del empleo. "En la medida en que la ley no pase las medidas van a ser más duras. Y los argentinos van a sufrirlas más. Es extremadamente importante que esta ley pase para hacer esto de la manera más armoniosa posible". De acuerdo con el ministro, la Ley Ómnibus "sienta las bases para la reconstrucción del país". Su aplicación, aseguró, permitirá que Argentina vuelva a ser "uno de los países, sino el país más importante del mundo, hace ya 100 años". El presidente suele reiterar esa explicación que, sostienen los especialistas, no tiene ningún sustento histórico. "La Ley implica ese cambio que el presidente prometió en campaña y que lo está llevando a cabo. La gente lo votó por eso. Hoy, realmente, el mundo -y lo vimos en las discusiones con el Fondo-, ve que se está yendo por el camino correcto", añadió Caputo.

Nuevo caceroleo

Mientras anunciaba la buena nueva, en las inmediaciones del Congreso se llevó a cabo bajo la lluvia un sonoro caceroleo de los intelectuales y artistas de este país en rechazo a esa normativa que, advirtieron, su se aplica eliminará o le quitará financiamiento a instituciones como el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Fondo Nacional de las Artes (FNA), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). Al asumir, Milei eliminó el ministerio de Cultura y lo redujo a una subsecretaría.

"Diputados y senadores, legislen a favor del pueblo, rechacen el DNU y la Ley ómnibus propuesta por el Poder Ejecutivo. Respondan así al reclamo que desde todo el país les hacemos y crece cada día en las calles", se señaló en un documento. La protesta se replicó en otras ciudades del interior del país.

Desde su asunción, Milei ya enfrentó tres caceroleos y dos movilizaciones contra su programa económico, una del movimiento obrero, que ha convocado a una huelga el 24 de enero.