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Piden nueve años de cárcel para un exedil de Calp y su cuñado por la estafa del agua

Los fiscales Anticorrupción concluyen que Roselló, Artacho y los otros cinco procesados se apropiaron de un millón de euros de dinero del Ayuntamiento

El exedil y exdiputado provincial del PP de Calp Juan Roselló| INFORMACIÓN

El exedil y exdiputado provincial del PP de Calp Juan Roselló| INFORMACIÓN

De ingeniería de obra civil no sabían ni palotada, pero en ingeniería de la estafa y en «distraer» dinero público sí eran unos linces. Eso es lo que viene a concluir la Fiscalía en el escrito de acusación del caso Aguas de Calpe, una trama de corrupción urdida en 2004 y que más pronto que tarde (los perjudicados llevan años denunciando las tácticas dilatorias de los siete acusados) se juzgará en la Audiencia de Alicante.

Los fiscales Anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero piden que se condene a 9 años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y fraude continuado y el de estafa al exconcejal del PP en Calp y exdiputado provincial Juan Roselló. Reclaman la misma pena para su cuñado, Francisco Artacho. Ambos también están imputados en el fraude de la basura de Calp (otra pieza separada del llamado caso Brugal), cuyo juicio debía haberse celebrado en enero, pero que se aplazó a otoño por la pandemia.

También se enfrenta a 9 años de cárcel Jesús Lara Santamaría. Era el administrador de Obras Hidráulicas de Levante (OHL), la empresa creada en 1994 por Artacho con el nombre de Buzoneo IRD y que se dedicaba a repartir publicidad por las casas. El 17 de febrero de 2004, fecha en la que arranca esta trama, la firma de buzoneo pasó a llamarse OHL (el nombre daba el pego y enmascaraba la inexperiencia de la empresa) y cambió su objeto social por el de realizar obras civiles.

Justo un mes después, el Ayuntamiento de Calp adjudicó a la empresa Aguas de Calpe, de la que eran consejeros delegados Roselló y Francisco Zorrilla y gerente Alberto Mut (estos últimos también están procesados por esta estafa y se enfrentan a 7 años y 3 meses de cárcel), unas obras de la red de agua valoradas entonces en 4,7 millones. Fue una adjudicación directa y sin concurso público. El PP gobernaba con mayoría absoluta. Roselló era también concejal de Aguas. El motivo del «dedazo» fue que de unas obras tan trascendentales debía encargarse una empresa con experiencia y capacitación técnica. Aguas de Calpe subcontrató a OHL, que, según apuntan los fiscales anticorrupción, no dio un palo al agua. No hizo nada más que subcontratar los trabajos a Montubo Obra Civil, cuyo gerente, Salvador Ibarra, también está imputado se piden para él 6 años de prisión.

En realidad, OHL hizo algo más. Percibió de Aguas de Calpe 3,1 millones de euros. Y pagó a Montubo 1,3. La diferencia se evaporó. Para colmo, esa última mercantil contrató a Exca-Gata y Vives Dalmau, dos firmas de la Marina Alta que fueron las que de verdad picaron piedra y pusieron las tuberías, y les dejó a deber 245.233 y 83.343 euros.

Los fiscales también reclaman 6 años de cárcel para Victoriano Sánchez y Antonio Ramón Céspedes, que presuntamente sacaban dinero de la cuenta bancaria de OHL y se lo daban a Artacho. Una de las entregas, según el escrito de acusación, alcanzó los 435.801 euros.

Los siete implicados en lo que los fiscales anticorrupción califican de «artificio» de sobreprecios y subcontratas para «lucrarse» con dinero público se enfrentan a penas de prisión que suman 59 años.

Que las obras estaban infladas lo llegó a acreditar la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana. Su dictamen lo firmaron un catedrático de la Politècnica de València y otro de la Universidad de Alicante. Concluyeron que las obras estaban hinchadas en 1,8 millones de euros. Y un detalle nada baladí: los trabajos de la red y el dinero que se perdió por el camino lo pagaron vía tarifas los vecinos de Calp.

Nicolás Agudo, el empresario coraje que ha mantenido viva la causa

«Llevo 16 años esperando a que se haga justicia». Nicolás Agudo tropezó con la trama de Aguas de Calpe y se arruinó y enfermó. Su empresa, Exca-Gata, hizo las obras. Montubo Obra Civil, la última de las subcontratas, le dejó a deber 245.233, un agujero que condenaba a esta mercantil a la quiebra. «He perdido la vista y estoy enfermo. Pero no han podido conmigo y voy a luchar hasta el final». Agudo, de 67 años, ha mantenido viva esta causa. «Es de los casos más antiguos de corrupción y los acusado siguen sin sentarse en el banquillo. Se burlan de la justicia».

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