Nueva movilización para la defensa de las vías pecuarias y los caminos públicos en España

Medio centenar de municipios de toda España se movilizarán este 17 de marzo para reivindicar las vías pecuarias y los caminos públicos, y luchar contra la progresiva privatización o usurpación que sufren muchas de estas vías. Estas acciones, convocadas por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos y otros colectivos, tienen el propósito de “concienciar sobre la importancia de las vías pecuarias y caminos públicos, y la necesidad de su catalogación, defensa y conservación”, según un comunicado emitido por esta plataforma.

En el transcurso de estas acciones (excursiones, caminatas, concentraciones o actos divulgativos) se dará lectura a un manifiesto donde estos colectivos exigen a las administraciones que “garanticen el uso público sostenible social y ambiental frente a usurpaciones del dominio público viario y las actuaciones que sólo buscan un uso privativo excluyente”.

La citada plataforma, junto con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Ecologistas en Acción, reclaman que “no se permita ni se conceda el derecho a la caza en las vías y caminos de uso público, senderos y vías pecuarias, como se está tramitando por parte del Gobierno de Castilla La Mancha”.

"Estas vías y caminos de dominio público son zonas no cinegéticas, zonas de seguridad, en las que no está permitida esta actividad para garantizar su uso público y seguro", detallan los convocantes.

"En ningún caso se puede conceder el derecho a la caza en estos espacios fuera de los supuestos que excepcionales ya previstos, dado que resulta abusivo que esta actividad que apenas practica un 1% de la población, según datos estadísticos, haga un uso excluyente y privativo del 80% de territorio y pretenda además utilizar espacios públicos de uso público como el patrimonio caminero", añaden.

Los ayuntamientos no hacen inventarios de caminos

Centenares de organizaciones defensoras de los caminos públicos y las vías pecuarias, conservacionistas, senderistas, ciclistas, asociaciones de vecinos e incluso administraciones participarán de esta jornada reivindicativa que en 2024 alcanza su cuarta edición.

Señalan las situaciones de usurpación y abandono de las vías pecuarias, de competencia de las comunidades autónomas, y de los caminos públicos municipales o vecinales, de titularidad municipal, y recuerdan la obligación de las administraciones de garantizar el libre tránsito y el mantenimiento en óptimas condiciones de este patrimonio.

Las vías pecuarias discurren a lo largo de unos 125.000 kilómetros y ocupan unas 450.000 hectáreas

Las vías pecuarias discurren a lo largo de unos 125.000 kilómetros por la geografía española y ocupa unas 450.000 hectáreas, el 1% del territorio. Con sus infraestructuras anejas, como abrevaderos, descansaderos, majadas, están destinadas de forma prioritaria a su uso ganadero. Juegan también un papel importante como corredores ecológicos para conectar entre sí áreas de gran importancia para la biodiversidad, “especialmente en zonas tensionadas por macroplantas de energía fotovoltaica o desarrollos industriales y urbanísticos”.

“Los caminos públicos y senderos de uso público, de titularidad municipal, suponen un patrimonio aún mayor, pues muchos de ellos están señalizados para rutas saludables, deportivas, de ocio y medioambientales. Sin embargo, los ayuntamientos vienen obviando la obligación de realizar el Inventario de Caminos Públicos, su catalogación y una gestión eficiente que señalice estas rutas saludables, deportivas, de ocio o medioambientales para garantizar los aprovechamientos y usos al conjunto de la sociedad”, señala la Plataforma.

Perseguir la usurpación de bienes públicos

Estas entidades también reclaman al Gobierno central que actualice la regulación hipotecaria para impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad de bienes de dominio público, endureciendo además el régimen sancionador de la usurpación, para que la apropiación indebida de lo que es de todos deje de ser gratis.

Por último, plantean que se establezca una normativa para los responsables públicos cumplan sus obligaciones respecto a estos bienes públicos, “acabando con la dejación de funciones que hace que las autoridades obvien el cumplimiento de la legislación y la obligación de perseguir atentados contra el patrimonio caminero y usurpaciones”.

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Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es