El pasado 4 de febrero se acordó por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).
Esto significa que el lobo dejará de ser especie cinegética en todo el territorio nacional, con el correspondiente estatus de protección de la especie. Hasta el momento, cabe recordar que existía una diferenciación entre las poblaciones al sur y al norte del Duero, permitiéndose al norte la caza y muerte de estos animales, bajo planes de aprovechamiento autonómicos que en su mayoría han venido siendo anulados por los tribunales.
La inclusión del lobo en el LESRPE atiende al dictamen del Comité Científico que recomendó su protección al considerar «su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas rurales», en la línea de lo que vienen defendiendo desde hace años asociaciones ecologistas y entidades especializadas en su estudio y conservación.
No obstante lo anterior, y a pesar de ser una gran victoria, que conlleva la prohibición de su caza, aún quedan retos fundamentales como conseguir una protección aún mayor del lobo, que suponga la inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas -puesto que su población se ha visto mermada y se hace preciso la adopción de medidas de recuperación de la especie-, así como otra tarea importante que signifique una mayor concienciación sobre su importante papel en el ecosistema frente a ideas preconcebidas y arcaicas que representan al lobo como un depredador dañino que debe ser eliminado.
