Asturias patria querida, pero no para los cormoranes

Desde hace tiempo, en Asturias hay un debate abierto por la autorización que para la caza de los cormoranes realiza el Principado. La justificación de la misma está en que la presencia de estos animales agrava la baja población de truchas y salmones. Para autorizar dicha caza, el gobierno asturiano se apoya en distintos informes científicos que los grupos ecologistas reclaman sin gran éxito. Para comprender la polémica, lo mejor es conocer previamente cómo se regula la caza en nuestro país.

En España, se trata de una competencia autonómica, por eso existen 15 leyes autonómicas de caza. Sólo Madrid y Cataluña no la tienen y se rigen por la Ley 1/1970, es decir, la Ley Estatal de Caza de 1970.

De entrada y viendo la fecha de su redacción, parece razonable pensar que la misma merece una actualización, entre otras cosas, porque convive con normativas muy posteriores, como las leyes autonómicas o la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Todas las leyes de caza, a su vez, deben ordenarse mediante planes técnicos que, además de regular la gestión de los recursos cinegéticos, garanticen la protección y sostenibilidad de la biodiversidad. Por lo tanto, la ley nacional, las autonómicas y los planes de caza conciben al cazador como un actor cinegético medioambiental cuya misión no es sólo cazar sino, también, preocuparse de que la población de animales y el hábitat en el que éstos viven, se proteja, mantenga y crezca. De eso va también la famosa sostenibilidad que recoge la agenda 2030 de la ONU de la que tanto se habla.

Por eso, en el caso de los cormoranes, las entidades ecologistas asturianas piden dichos informes científicos porque consideran, entre otras cosas, que no son ellos la principal causa de la baja población de peces. En cualquier caso, es evidente que los informes deben ser publicados porque, hasta la fecha, el único dato conocido es que más de 3500 cormoranes han sido cazados en estos últimos años.