Un acuerdo (o no) que medirá la legislatura

La primera cuestión para no perderse en un concepto tan abstracto como la financiación autonómica es que detrás de él está algo tan concreto y cotidiano como el pago de los servicios públicos fundamentales. Esto es, sanidad, educación y atención social, competencias que las comunidades autónomas tienen transferidas. Para situarse, la media de gasto por habitante en políticas sociales (las tres áreas citadas) se sitúa en 2.774 euros (dato de 2021 según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales), mientras que la media de lo repartido por habitante con el sistema actual de financiación autonómica es de 2.528 euros (dato de 2020 según el último balance oficial, de julio de 2022). 

Es la prueba de que algo no funciona: hay más gasto en servicios públicos que dinero para pagarlo. Además, esa brecha se dispara en algunos territorios. En Madrid y Cataluña la financiación supera al gasto social por habitante, pero porque este es el más bajo debido a la mayor concentración de población. En otras zonas, como la valenciana, la brecha negativa es de más de 700 euros por ciudadano.

Este es el marco que envuelve uno de los debates que enreda la política española desde hace casi una década y que continúa sin solución a la vista. El modelo de financiación de las autonomías está caducado desde principios de 2014. ¿Qué ha pasado en estos casi diez años? Fundamentalmente, dos hechos. Por un lado, se ha asumido de manera general que el sistema no funciona, porque es injusto especialmente con algunos territorios (Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana siempre reciben por debajo de la media, lo que también le ocurría a Canarias hasta la desvinculación, en 2018, de los recursos de su Régimen Económico y Fiscal de los fondos ordinarios del sistema), pero además es deficitario para todas. Por otro, los compromisos de reforma de los gobiernos de distinto color se han ido incumpliendo sucesivamente. 

Mariano Rajoy dijo en enero de 2017 en una conferencia de presidentes autonómicos que en un año tendría aprobada una propuesta. Y no pasó. El argumento entonces fue el proces independentista catalán, que lo enturbiaba todo. El Gobierno actual se comprometió también a la reforma, pero «excepcionales circunstancias lo han ido impidiendo», asegura el PSOE en su programa de las elecciones del 28 de mayo. La pandemia y la guerra en Ucrania han sido ahora las razones para meter en un cajón el esqueleto (una propuesta de cálculo) que el Ministerio de Hacienda elaboró. 

Y en este momento, ante la convocatoria electoral del 23 de julio, en 17 días, la esperanza para aquellos territorios que esperan como solución de (casi) todos sus problemas un nuevo sistema más justo es que los dos grandes partidos y también Sumar lo prometen. Alberto Núñez Feijóo asegura en el programa con el que espera ser presidente que buscará «los consensos necesarios para su aprobación» con el objetivo de «un reparto equitativo de los recursos».

Pedro Sánchez aún no ha presentado el programa socialista, pero el documento marco para el 28M (sería ilógico que planteara ahora cambios de calado) dedicaba varias páginas a «la obligación de lograr un consenso que nos dote de un modelo de financiación autonómica conforme a las necesidades actuales». Un sistema «justo y equitativo». Y recordaba que, por la vía de los hechos, su Gobierno ha destinado 178.750 millones más a las autonomías en los últimos cinco años que en el lustro anterior. 

El elemento positivo, por tanto, es la apuesta común ahora por la búsqueda de acuerdos. El negativo es que los programas exhiben diferencias de base sobre cómo alimentar la caja común de los ingresos. El PSOE habla de «una fiscalidad justa» y «armonizar la tributación de la riqueza y avanzar en la fiscalidad medioambiental». En cambio, el PP afirma que «preservará la autonomía fiscal de las comunidades y reforzará su responsabilidad financiera». La traducción de estas frases es que los socialistas quieren poner coto al dumping fiscal que a su entender practica Madrid con sus bonificaciones de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, mientras que los populares están protegiendo esta libertad (y competencia) impositiva. 

Y todo ello sin tener en cuenta el espinoso asunto de la deuda histórica acumulada por años de mala financiación, que varias autonomías rechazan reconocer, y que en la ecuación política también aparece Vox, una formación que repudia el Estado autonómico y propone limitar la capacidad legislativa de los territorios (figura en su Agenda España). 

En este marco, en un contexto político de alta polarización, se juega la cuestión de la financiación autonómica en los próximos años, que requiere un doble acuerdo: de los partidos y de las autonomías. Que lo haya o no, dirá mucho del tono de la legislatura entrante y del momento de la democracia española.

Para Canarias, lo fundamental es evitar que en Madrid y en otras regiones confundan su REF con una ventaja. En realidad es un escudo contra desventajas irremediables.

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