El PSOE intenta rebajar el choque con el CGPJ tras las críticas de Ribera a García-Castellón: “No se le entendió”

Los esfuerzos del Gobierno y, más concretamente, del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por acercar posturas con el poder judicial se diluyeron este viernes. Las acusaciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, contra el juez García-Castellón al apuntar su “cierta querencia” a pronunciarse “en momentos políticos sensibles” -por su último auto en el que ve reforzada la acusación de terrorismo a Carles Puigdemont- provocaron la censura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto los vocales conservadores como progresistas interpretaron las manifestaciones de Ribera como un ataque a la independencia judicial. Los socialistas se afanaron este sábado en rebajar el nuevo choque con el poder judicial insistiendo en el “máximo respeto” a las decisiones judiciales. Ribera, por su parte, evitó hacer declaraciones a los medios, sin aclarar ni matizar sus palabras: "No tengo nada que decir", zanjó a su entrada la tarde de este sábado a la convención política del PSOE en A Coruña.

Moncloa ya se precipitó en matizar este viernes las palabras de Ribera en una entrevista en TVE para subrayar el mensaje de que siempre “defenderá a los jueces y magistrados de cualquier injerencia en su trabajo”. En el marco de la convención política del PSOE que se celebra este fin de semana, varios miembros del Gobierno y cargos del partido repetían estas posiciones en un intento de rebajar el choque con el poder judicial. “Máximo respeto al resto de poderes”, aseguraba la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría. Al mismo tiempo, ponía en valor la separación de poderes y, aunque evitó censurar las palabras de su compañera en el Consejo de Ministros, tildaba que es “fundamental” el respeto a la independencia judicial: “Desde el PSOE y desde el Gobierno de España lo tenemos claro”.

Los vocales que avalaron a Álvaro García defienden que el CGPJ debió limitarse a chequear los requisitos legales

Preguntada directamente sobre si consideraba una equivocación las declaraciones de la vicepresidenta tercera, que ella mismo no ha aclarado, Alegría desviaba el foco hacia el PP. “Quién ha suspendido en esta materia es el PP”, aducía respecto a su intención de “controlar” el CGPJ o su supuesta falta de respeto a la separación de poderes por considerar al Gobierno “ilegítimo”. También “por poner en cuestión la legitimidad del Constitucional” o por las informaciones que se están conociendo estos días sobre la ‘Operación Cataluña’ y “como utilizaba los recursos del Estado” al margen de la ley para espiar a dirigentes independentistas.

Según Alegría, la vicepresidenta tercera “intentó trasladar la misma posición que desde el Gobierno llevamos diciendo. Nos puede gustar más o menos algún tipo de resolución jurídica, pero el respeto prevalece por encima de todo”. La propia Alegría ya se manifestó en estos términos cuando, en plenas negociaciones con los independentistas para la investidura, García-Castellón implicó al expresidente Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por terrorismo en las causas de Tsunami. Precisamente, esta semana Junts y ERC presentó enmiendas a la amnistía para incluir el terrorismo en el perímetro de la amnistía, a lo que se opusieron los socialistas. El PSOE defiende que este extremo puede poner en riesgo la constitucionalidad de la norma, como ya advirtió durante el proceso de negociación.

"No es lo que nosotros sentimos"

El mensaje repetido por los dirigentes del PSOE es el de “máximo respeto al poder judicial”, sin cuestionar directamente a Ribera. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que "los 5.500 jueces y juezas, lo que hacen es garantizar el Estado de derecho y eso es lo importante, como garantizamos el Estado de derecho el resto de poderes del Estado". La exvicepresidenta, Carmen Calvo, una misma línea reconoció que "se pueden hacer unas declaraciones más o menos acertadas", pero que el PSOE "no tiene ninguna mácula de saber cual es su lugar cuando ocupa las instituciones". Por ello intentó restar valor a unas palabras que "no pasan más allá de unas declaraciones que no forman parte de lo que nosotros sentimos, respetando las resoluciones que adopte el poder judicial, nos gusten o no nos gusten".

El portavoz en el Congreso, Patxi López, sí concedió a preguntas de los periodistas que “si me preguntan (sobre las declaraciones de la vicepresidenta) es porque algunos no las han entendido bien”. Fuentes de Moncloa aseguraban este viernes que “la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional” para concluir que “ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales”. De este modo, las mismas fuentes zanjaban que “el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte”.

'Lawfare'

Los pasos de Moncloa para intentar rebajar la tensión con el poder judicial, tanto por la amnistía como por incluir el concepto de “lawfare” en sus acuerdos con los independentistas, ha sufrido un revés que el Gobierno espera superar con otros gestos. El principal, su oposición a las comparecencias en el Congreso de jueces que propondrán los independentistas en comisiones de investigación por “lawfare”.

Tanto ERC como Junts tiene previsto citar en las comisiones sobre la Operación Cataluña y Pegasus a jueces, pero no tendrán los votos suficientes. Aunque ambas comisiones forman parte de los acuerdos de investidura entre el PSOE y los partidos independentistas, la lista de comparecientes quedó pendiente de negociar. Para el Gobierno no es negociable que comparezcan jueces para garantizar la separación de poderes y la independencia judicial. También para defender a los jueces de los ataques recibidos desde las formaciones soberanistas, como se ha comprometido el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

La lista de comparecientes es determinante para acotar los trabajos de investigación y dirigir las conclusiones. El Ejecutivo quiere desviar el foco de la judicatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya trató de desviar el foco al asociar el concepto de ‘lawfare’ con el PP en diversas entrevistas. Por un lado, para vincularlo a la supuesta utilización por parte de los populares de la Policía para perseguir a rivales políticos, en referencia a la ‘Operación Kitchen’ (de la que parte como una rama la ‘Operación Cataluña’). Por otro, para argumentar que "no hay caso más paradigmático de 'lawfare' y de politización de la justicia" que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).