La ONU desacredita las pruebas de determinación de la edad de migrantes llegados a España

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleva años advirtiendo a España de que las pruebas que se realizan para determinar si los jóvenes migrantes que entran en el país de forma irregular y sin el respaldo de un adulto son menores de edad viola sus derechos humanos. Los expertos que conforman el Comité de los derechos del niño (CDN) han reprendido a España en más de 15 ocasiones al detectar varias violaciones de la Convención de los derechos del niño. En concreto, señalan que los procedimientos empleados para averiguar si los migrantes ya han cumplido los 18 años anulan el derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar. Además, han recordado a España que, mientras el procedimiento de determinación de edad esté en curso, "la persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal", algo que no se ha cumplido en el caso de los menores extranjeros encarcelados en Canarias tras ser acusados de patronear las barquillas en las que arribaron al Archipiélago.

La mayoría de las irregularidades denunciadas por la ONU hasta ahora se produjeron en Andalucía y Madrid y están protagonizadas por jóvenes que entraron en el país entre 2017 y 2019, años previos a la reactivación de la ruta canaria. Por esto, las denuncias que se hayan tramitado por irregularidades en las pruebas óseas llevadas a cabo en las Islas tras el pico de llegada de menores migrantes todavía no se han dado a conocer por parte de Naciones Unidas, pero ya cuentan con numerosos precedentes que advierten de que los procedimientos no respetan los derechos de los niños. 

Actualmente, hay un joven en prisión preventiva desde hace dos meses en el centro penitenciario de Las Palmas II, a pesar de haber aportado desde el primer momento una partida de nacimiento en la que indicaba su menoría de edad. A esto se suma que en Tenerife II hay otros dos chicos que llevan presos cuatro y seis meses. En su caso, nada más llegar al muelle se identificaron como menores de edad y uno de ellos enseñó su partida de nacimiento, fechada en 2007, con lo que apenas cuenta con 16 años. Sin embargo, la policía le filió como mayor de edad y fue enviado a prisión, pues uno de sus compañeros de travesía relató que durante el trayecto lo había visto repartir agua. Un acto que la Fiscalía considera un "indicio de criminalidad" suficiente para acusarle como presunto patrón de su cayuco.

Canarias, «sin respuesta» del Gobierno central, ve «insostenible» la situación migratoria

Para elaborar la séptima presentación periódica sobre España, el Comité de los Derechos del Niño ha pedido al país un informe escrito sobre la situación de determinados aspectos relacionados con la infancia y uno de los puntos de interés es la atención a los niños migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y no acompañados, que se debía de que entregar a más tardar el 15 de febrero. En este requerimiento, la ONU insta a España a "velar porque los niños migrantes no acompañados estén debidamente representados en los procesos de determinación de la edad y en los procesos de solicitud de asilo". Además, recomienda regular la determinación de la edad, tanto de los niños no acompañados como de los acompañados, "estableciendo garantías procesales multidisciplinares uniformes en todo el territorio nacional y previendo la posibilidad de que se reexamine la decisión en caso de que se presente nueva documentación". El Comité también reclama que se le informe sobre la manera en la que el nuevo procedimiento de determinación de la edad resuelve cada tipo de violación de la Convención de los derechos del niño.

El Ejecutivo canario tiene bajo su tutela a 5.402 niños y adolescentes migrantes

Los expertos del Comité aconsejan, por otro lado, una firme protección a los niños migrantes de los malos tratos y piden evitar ponerles obstáculos a la hora de acceder a derechos sociales básicos, como la educación, y a servicios psicosociales, prestando «especial atención» a los niños que llegan a través de las costas canarias. Asimismo, advierte de la importancia de "evitar la saturación de los sistemas de protección y garantizar que en los lugares de llegada haya infraestructuras con personal cualificado".

Sin reparto y sin fondos

Precisamente el colapso del sistema de acogida de menores de las Islas preocupa al Gobierno de Canarias, que tiene bajo su tutela a 5.402 niños y adolescentes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, destacó que la situación migratoria en el Archipiélago es "insostenible", pues el ritmo de llegadas a las Islas se sostiene mientras que desde Madrid no se ofrece una rápida solución al problema. Cabello lamentó no haber recibido una respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la modificación de las normas que permitirían repartir a los menores que ahora están alojados en 71 centros de las Islas entre todas las comunidades autónomas. La "solución canaria" se llevará la próxima semana al pleno del Parlamento de Canarias, para después remitirla al Congreso de los Diputados, mientras se está "a la espera de la respuesta por parte del Estado".

El portavoz del Gobierno canario también hizo hincapié en que todavía no se ha ejecutado ninguna de las derivaciones pactadas. "La realidad es que día de hoy no se ha producido todavía ninguna salida, seguimos intercambiando documentación. Estamos preocupados y ocupados por este asunto y toca seguir estándolo y trabajándolo de una manera estable", Cabello, quien aseguró que el «principal freno» está siendo la falta de financiación de los convenios, que corresponde al Gobierno central que no terminar de transferirlos fondos.

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