Uno de los efectos perversos de la crisis es que está generando lo que podemos denominar "vacíos de acción política": espacios de los que la política propia del Estado social y democrático de Derecho se retira, normalmente aduciendo ausencia de capacidad para acometer inversiones. A corto plazo el discurso emergente espera que sea la solidaridad pública -léase, en muchos casos, "caridad"- quien colme el vacío y, en otros, se trata de preparar el camino para futuros negocios. En cierto modo es una nueva manera, brutal y cruel, de extender el neoliberalismo en nuestras ciudades. Porque lo que interesa destacar es cómo el rostro preferente de este fenómeno es local y cómo afecta a las redes básicas de protección e inclusión social. Y no es marginal la cuestión, cuando en Alicante el 26% de la ciudadanía rebasa los umbrales de la pobreza y cuando hay todo un mundo de personas -niños, parados, inmigrantes, mujeres- sobre los que casi nada sabemos: un nuevo telón de acero ha caído sobre nuestra sociedad, sobre nuestras ciudades. Es el telón de la ignorancia oficial que va intrínsecamente asociado a esos vacíos en las acciones políticas y que, a su vez, arrastran la pérdida de reflexión pública.

Los proyectos de futuro deberían merecer un lugar central en los debates electorales que nos esperan y convocan ya a todas las fuerzas políticas para que preparen propuestas programáticas creíbles. Sin embargo, en algunas materias, se hace difícil esperar. Una reciente encuesta habla de un 56% de intención de abstención en España y podemos presumir que en Alicante las cifras andarán por ahí. Ello significa rabia y frustración pero, también, deslegitimación de toda la política conocida, seguramente porque millones de ciudadanos la ven alejarse de su experiencia cotidiana. Toda fuerza política responsable, antes de entrar a otras consideraciones tácticas, debería plantearse cómo lograr, pues, ese doble objetivo: A) auxiliar a los sectores excluidos, sin capacidad casi, ya, de reacción; y, B) frenar la sangría de desencanto ante las instituciones. La paradoja aparente es que esto sólo se conseguirá desbordando la propia acción institucional que hemos conocido, innovando mecanismos de participación y acción que estabilicen la situación. Sobre todo porque las mismas encuestas muestran que la mayor causa del incremento de la desafección es el rechazo al PP que se ve como una máquina de destrozar ilusiones con mentiras y favores a los mejor situados en el mapa social.

Desde Compromís nos atrevemos a formular, en el corto plazo, una propuesta concreta y lanzarla tanto al resto de fuerzas políticas como, sobre todo, a las organizaciones sociales que, con su actividad, se comprometen cada día a luchar contra la exclusión. Se trataría de crear un "observatorio de la crisis" local, aunque pudiera conectarse con organismos similares de ámbito superior. El objetivo básico del mismo sería conocer "de verdad" el alcance integrado y actualizado de los rasgos que configuran la crisis. Porque es cierto que muchos se conocen, pero no existe ningún instrumento para cruzar lo sabido, practicar un análisis conjunto de los datos, relacionar las causas con los efectos y transmitir información fidedigna y actualizada a la sociedad civil y a las instituciones que toman decisiones. Una entidad de este tipo, plural e independiente, debería, por otra parte, servir para ayudar a organizar y coordinar las expresiones de solidaridad social, para acercar el trabajo de las instituciones al tercer sector y para visibilizar las situaciones más graves. Debería, en fin, ser una muestra de generosidad, que actuara bajo el compromiso tácito de que nadie trataría de obtener beneficios electorales cortoplacistas de sus trabajos.

En cuanto a las funciones concretas debería ocuparse de mantener actualizados datos sobre trabajo y desempleo, con todas sus posibles variables; evolución de los factores de igualdad/discriminación entre hombres y mujeres; situación de la infancia; evolución de problemas específicos en el campo de la salud, la educación y las dependencias; estado del parque de viviendas; impacto de los cambios en el urbanismo y el territorio -sostenibilidad del modelo de crecimiento urbano-; mapas de exclusión; presencia y actividad de inmigrantes; estudio de las principales variables de la actividad económica; dinámicas de participación pública y social en acciones de solidaridad, etcétera. Estos estudios deberían incluirse en una página web actualizada permanentemente, completada con un espacio de reflexión teórica sobre los datos, celebración de encuentros específicos destinados prioritariamente a coordinar las acciones solidarias y ofrecer visibilidad a los grupos de riesgo, realización de campañas de sensibilización concretas, búsqueda ordenada de recursos para atender necesidades especialmente perentorias, formulación de recomendaciones a las administraciones públicas y a colectivos sociales.

Su estructura debería ser muy sencilla: 1) Consejo Rector integrado por representación municipal plural y flexible, representantes de sindicatos, organizaciones empresariales y Universidad que, a su vez, por consenso, designaran a otros representantes de ONG. Este Consejo marcaría las líneas estratégicas y definiría los objetivos prioritarios. 2) Comisión Técnica estable, designada por el Consejo Rector entre técnicos municipales y de las asociaciones participantes, con criterios exclusivos de profesionalidad. Se dedicaría a la redacción de informes, organización de actividades y campañas, etc. Todo ello debería hacerse a "coste cero": los trabajos serían una parte de las acciones propias de la actividad municipal y de las diversas entidades y, a la vez, podría crearse un fondo solidario de apoyo al cual contribuyeran los ciudadanos que lo desearan y que cubriera gastos mínimos.

(*) Firman también Tomàs Mestre, portavoz de Compromís per Alacant; María José Espuch, responsable de Institucional de Compromís per Alacant, y Manuel Alcaraz, miembro de la ejecutiva de Compromís per Alacant