La primera legislatura del Botànic, el pacto mediante el que la izquierda desplazó del poder a la derecha en 2015 en la Comunitat Valenciana, fue complicada en lo interno: había que cimentar el primer gobierno de coalición de la historia, formado por dos fuerzas políticas en clara competencia y por una tercera (Podemos) que no quiso integrarse en el Ejecutivo, aunque cedió sus votos para promoverlo y sostenerlo, y estaba en plena pujanza. Zaplana había incorporado en su día consellers de Unión Valenciana, mas la diferencia entre el PP y el partido de Lizondo era tal que desde el principio quedó claro que sólo lo hacía para deglutir a los valencianistas, cosa que ocurrió en un suspiro.
Pero en cuanto a la gestión política, y su traslado a la ciudadanía, esa primera legislatura «botánica» fue casi hasta el final, visto en perspectiva, un camino de rosas. Se daban todas las condiciones. Había deseo de cambio en la ciudadanía después de veinte años de gobiernos del PP, que había convertido la Comunitat Valenciana en uno de los epicentros de la corrupción más galopante que jamás se había visto. La crisis de 2008, que a tantas familias arruinó, convivió a diario en las portadas con los escándalos que protagonizaban políticos populares, muchos de los cuales aún colean en los juzgados. El mismo electorado del PP había empezado a abandonar el partido: fueron las de 2015 las elecciones en las que eclosionó Ciudadanos, mientras se larvaba en silencio la posterior irrupción de Vox.
El pacto de la izquierda tuvo en 2015 todo a su favor: un proyecto claro y una ciudadanía que quería escucharlo. Pero ahora el Consell presenta síntomas de estar huérfano de ideas
Así que Ximo Puig y Mónica Oltra, aunque acabaron rompiendo su idilio como consecuencia del adelanto de las elecciones autonómicas decidido por el líder socialista, tenían el terreno abonado para triunfar: había un discurso (el de los ciudadanos en el centro, la regeneración y la recuperación de la reputación de la Comunitat, la reversión de los recortes sociales y la vertebración de la autonomía) y había una población que quería escucharlo de boca de un partido con experiencia (el PSPV) y otro con ansias de renovación (Compromís), mientras en el otro lado el PP carecía de capacidad para hacer oposición, perdida la credibilidad entre las colas del paro y los banquillos. A mayor abundamiento, el nuevo Consell tenía precisamente a ese partido sin solvencia al frente del Gobierno central. No se podía pedir mejor enemigo exterior.
Pero eso es el pasado. Absolutamente. Estamos en un nuevo mandato que, llegado a su ecuador, ni siquiera ha empezado. Por supuesto, hay una razón objetiva para que eso haya sido así: la pandemia. Pero si el covid podía razonablemente mantener cualquier otra cuestión en segundo plano, a partir de aquí toca conjugar la gestión de la pandemia y de sus graves consecuencias de todo tipo con la de los problemas enquistados en la médula misma de la economía, la sociedad y la política valenciana. La segunda legislatura del Botànic se inicia ahora, dos años después de que se celebraran las elecciones. Y si la primera fase de esta travesía se ha saldado con razonable resultado (dentro del marco de una tragedia como la que aún vivimos) en la lucha contra la epidemia y la atención a los que más duramente han sido golpeados por ella, da la impresión de que para la segunda el gobierno del PSPV, Compromís y Podemos va a tener muchos más problemas de los que se esperaban. Covid al margen, donde antes había ideas, ahora hay improvisación. Donde había esperanza de cambio, ahora hay, por ser suaves, confusión. Donde había empuje, hay deslealtad recíproca. Manifestarse en Madrid era gratis cuando Rajoy habitaba la Moncloa, pero contra un gobierno de izquierdas ni el PSPV de Puig ni el Podemos de Lima parecen dispuestos a asumir la factura y Compromís no tiene suficiente relevancia en la Corte. Y para terminar de esbozar el nuevo escenario, la derecha en la Comunitat Valenciana se atreve, por primera vez, a sacar cuentas de lo que puede pasar en unos próximos comicios.
A Puig no le está desgastando Mazón, su rival para la presidencia de la Generalitat que será aupado a la presidencia del PP el sábado. A Puig quien le está minando es Pedro Sánchez
La Comunitat ha vuelto a entrar en bucle. Si retrocede uno en la hemeroteca -más allá del covid, ahora, o la corrupción, antes- se encuentra los mismos problemas, jamás resueltos por gobierno alguno: la falta de agua en el sur, la infrafinanciación, la debilidad de nuestro tejido empresarial y nuestra economía, tan capaz de producir riqueza como inútil a la hora de construir futuro con ella, el dramático paro juvenil y la vuelta de la economía sumergida, la anemia de la sociedad civil, la pasmosa inoperancia de los líderes políticos para alcanzar acuerdos en las cuestiones esenciales...
Nada indica que exista un plan para variar este regreso a la vieja normalidad en el que en cuanto ha avanzado la vacunación y se han relajado las restricciones nos hemos vuelto a meter. El president Puig protagonizó el pasado domingo una llamativa demostración de fuerza en Alicante, cuyo puerto escogió para celebrar ese ecuador de mandato al que antes nos referíamos. Nadie puede decir que Puig no haya procurado coser la Comunidad desde que llegó al Palau, así que la elección de Alicante para el acto no debería llamar la atención. Pero no es menos cierto que el indisimulado propósito de dar al nuevo líder del PP, Carlos Mazón, un bofetón en su propio territorio hizo que el discurso del president quedara opacado por las «sorpresas» que el aparato de agit-prop socialista había preparado: las intervenciones en vídeo del presidente de la patronal hotelera, Toni Mayor, y del presidente provincial de la organización empresarial autonómica, Perfecto Palacio. No sé si los afiliados a la CEV (lo de Hosbec es otra cosa, Mayor es capaz de ponerle cascabel a cualquier gato) estarán muy contentos con que su representante en la provincia participe en un acto de partido, que no de gobierno. Pero por sobre todo queda la duda lacerante de si ese acto se hizo en Alicante precisamente porque aquí había dirigentes empresariales dispuestos a participar en él mientras que en València algo así no cabía plantearse.
Sea como fuere, el golpe de mano duró poco porque las noticias procedentes de Madrid a partir de ese domingo y hasta hoy han sido todas negativas: el trasvase del que vive y bebe una gran parte de la provincia tiene ya fecha en su esquela (2027), mientras las desaladoras que se han ido construyendo ni producen el agua suficiente ni han resuelto todos los problemas de conexiones, contaminación y coste de funcionamiento que arrastran. Que hay que buscar un equilibrio en el abastecimiento es algo que no puede discutirse. Pero que se pretenda imponer el fin de las aportaciones externas sin haber tenido en cuenta los informes técnicos, sin haber dado voz a los que vamos a sufrir las consecuencias y sin atender las reclamaciones de la Generalitat Valenciana o de la Diputación Provincial sólo dan muestra de la enorme incompetencia que padecemos para hacernos oír. La misma que sufrimos respecto a la infrafinanciación que soportamos.
Se ha privilegiado la relación con Cataluña, que es importante, descuidando otras alianzas que también lo son como con Murcia o Andalucía
A Puig no le está desgastando Mazón, que de momento sólo ha conseguido con la nueva «guerra del agua» agitar a unos cuantos alcaldes de Alicante sin que su partido (mucho menos, su presidente Casado) se haya mojado aún en el foro nacional que corresponde. Y cuyos antepasados, como los del actual jefe del Consell, tampoco fueron capaces de corregir el déficit histórico de fondos del Estado. A Puig quien le está minando es Sánchez. Y también, por qué no decirlo, un cierto error estratégico: el de pensar que todas las bazas de la Comunitat Valenciana se juegan en un teórico papel de intermediación en el conflicto catalán, papel que da la impresión de que se propone más por empeño de aquí que por interés de las otras partes y que no pocas veces nos está llevando a descuidar nuestra propia definición como ente político en Madrid y quizá a no haber puesto hasta aquí la suficiente atención en buscar alianzas con otras comunidades, como Murcia o Andalucía. En eso sí le lleva la delantera Mazón. Y no solo por la obvia afinidad de partido con los presidentes murciano y andaluz. También por convencimiento.
El rival de Ximo Puig en las próximas elecciones será aupado el próximo sábado a la presidencia regional del PP en un congreso en el que no se sabe si también habrá participación de empresarios pero cuya ponencia política no define proyecto alguno para la Comunitat Valenciana: se limita a acumular generalidades (no niego que algunas sean efectivas) que valdrían igual en cualquier otra autonomía sólo cambiando el nombre. El problema es que el Botànic, y con él su presidente, parece haberse quedado igualmente huérfano de ideas con las que ilusionar a los ciudadanos para afrontar con mayor éxito los problemas viejos y encarar los desafíos nuevos. Unos por otros, estamos encallados. Otra vez.
Dos malos ejemplos
La desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa, ha tardado quince años en producir los 80 hm cúbicos para los que se diseñó. Fue la ministra Cristina Narbona quien en 2004 dio luz verde a la instalación pero hasta 2019 no tuvo capacidad para alcanzar el rendimiento previsto. Ahora hacen falta 120 hectómetros, por lo que la capacidad debe ser ampliada. La desaladora de Mutxamel empezó su construcción en 2006. El Campello, el municipio de donde se toma el agua y al que se vierte la salmuera, no ha recibido aún ni un litro de caudal, pero tiene que empezar a repercutir ya en los recibos que gira a sus vecinos el coste de aquella obra, prorrateado entre varias localidades, y que supone para las arcas de la localidad 14 millones de euros. Para más inri, el PSOE, promotor de la obra, rechazó en el pleno municipal un acuerdo propuesto por el PP por el que se ampliaba el plazo para pagar, de 25 a 40 años, lo que habría permitido limitar la subida del recibo. Lo mismo hicieron Ciudadanos, pese a gobernar con los populares, Podemos y el partido vecinal Red, mientras que Compromís se abstuvo. Y ahora Acuamed, empresa pública dependiente del Gobierno central, al frente del cual están PSOE y Podemos, llevará al juzgado a El Campello para que empiece a pagar de inmediato lo adeudado, pero esa misma denuncia seguirá impidiendo a los vecinos recibir el agua desalada. Un disparate, ¿verdad? Pues sí. Son dos ejemplos, las plantas de Torrevieja y Mutxamel, pero podría poner más. Y sirven para entender por qué resulta tan poco fiable en estas tierras que desde el Gobierno central se hable de la desalación como una solución ya cumplimentada. Aquí no hay una apuesta porque sí por los trasvases en lugar de la desalación. Aquí lo que hay es una desconfianza justificada en una gestión hasta aquí tan deficiente que hasta ha habido que devolver fondos a la UE.
