El iceberg Oltra

El problema es que la política no vive del pasado, sino que se asienta en el presente y se proyecta en el futuro. Eso, presente y futuro, gestión y expectativas, es lo que moviliza al electorado. Así que si cuando hoy lean ustedes este artículo no lo encuentran completamente desfasado, si cuando lo ojeen la vicepresidenta Mónica Oltra no ha renunciado aún a su cargo, es que la izquierda habrá concedido un día más de ventaja a la derecha en la carrera por ocupar el próximo gobierno de la comunidad, cuyo tramo decisivo ha empezado ya. Veinticuatro horas pueden parecer pocas, pero cuando se acumulan jornada tras jornada a un año de las elecciones, cada una vale su peso en oro en términos de motivación o de desmovilización.

El escrito presentado esta semana por la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, en el que apoya que la vicepresidenta del Consell adquiera la condición de investigada (lo que antes era imputada), es de una dureza extrema. Pero no ya porque considere que hay indicios suficientes para acusar a Mónica Oltra de delitos tan graves como los de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de proteger a la joven que estaba bajo la tutela de la Generalitat y sufrió abusos por parte del que entonces era marido de la líder de Compromís, que al mismo tiempo también era la consellera a cuyo cargo estaba la chica. Sino porque amplía el horizonte que esbozó el juez que inicialmente instruyó el asunto. La fiscalía considera que hubo una orden verbal de Oltra para tapar el caso pero, sobre todo, llega a hablar de «trama» para ocultarlo. La Conselleria de Oltra jamás denunció los hechos, que sin embargo los tribunales luego consideraron probados, condenando al ya exmarido de la dirigente política. Ahora la fiscal cree que eso no fue fruto de un error o una mala gestión, sino un acto premeditado.

Algunos periodistas nos hemos hartado de repetir una y otra y otra vez (llevamos años sin salir de los tribunales) que una cosa es la responsabilidad penal y otra la política. Y que ambas no deben confundirse. Si Oltra cometió o no esos delitos de los que se le acusa será la Justicia la que lo determine en un proceso con garantías. Pero políticamente su situación resulta insostenible. Oltra debería haber dimitido como consellera de Políticas Inclusivas e Igualdad (que engloba lo que anteriormente se conocía como servicios sociales) en el mismo instante en que tuvo conocimiento de que su marido podía estar implicado en el abuso a una menor. No sólo eso: debería haber propuesto que esa Conselleria, que en el pacto de gobierno le correspondía a Compromís, fuera asumida por el PSOE, con el fin de despejar toda posible duda sobre las actuaciones que a continuación vinieran. No lo hizo entonces. No lo hizo cuando su exmarido fue condenado. No lo hizo cuando un magistrado (considerado moderado en los círculos judiciales) pidió su imputación al no poder él llamarla a declarar, a pesar de ver indicios suficientes para ello, por estar aforada ante el TSJ. Y tampoco lo ha hecho ahora que el Ministerio Público se suma a esa petición del juez, perfilando un relato de lo ocurrido aún más preocupante que el que teníamos.

En los años en los que no había día en que algún dirigente del PP no fuera acusado de actos delictivos, Oltra defendió con vehemencia que no era necesario esperar a las resoluciones judiciales para dimitir. Algunos estábamos y seguimos estando de acuerdo con esa distinción entre causa penal y responsabilidad política. La vicepresidenta, sin embargo, ha cambiado el discurso y ahora hace milimétricamente el mismo que sostenían entonces aquellos a los que ella denunciaba. Dice que hay una conspiración contra ella de la ultraderecha, de la misma manera que Camps siempre ha sostenido que hay una contra él de la izquierda y Zaplana otra contra sí mismo de determinados poderes del Estado, con el CNI como brazo ejecutor. Descalifica al Ministerio Público, como todos los imputados del PP hicieron en su día, acusándole de basar su actuación en elucubraciones interesadas. Y busca, como hicieron todos y cada uno de los cargos del PP que en su momento fueron señalados, extrañas matizaciones para aferrarse al cargo. Es, en ese sentido, de aurora boreal leer algunas declaraciones en las redes sociales de sus más fieles seguidores tratando de explicar que lo que pesa sobre Oltra es distinto porque no se trata de un asunto económico.

No. Todo esto es más sencillo. Una menor que estaba en un centro de acogida dependiente de la Generalitat sufrió abusos en él y la Administración no lo denunció. Puede que Oltra lo ordenara, como sostienen algunos, para encubrir a quien vivía con ella. O puede que no lo hiciera, como alega ella en su defensa. Pero si el fallo del sistema ya es suficientemente grave como para plantearse que quien está en la cúspide del mismo no puede zanjar el asunto como si no hubiera pasado nada, el hecho de que el protagonista del suceso fuera su marido ya hacía la dimisión inevitable, sin necesidad de entrar en más disquisiciones, por ética, por estética, por responsabilidad y por coherencia. Incluso si el TSJ decidiera no imputarla, o si la imputara pero acabara exonerándola, la credibilidad y la solvencia de la vicepresidenta se habrá visto irremediablemente dañada por no entender que lo único razonable en este caso, desde sus comienzos, era apartarse a un lado hasta que todo se aclarara. ¿Quieren que lo explique de forma más fácil? Pues simplemente, cambien de protagonistas. ¿Qué hubiera dicho la oposición, qué hubiéramos escrito los periodistas, si este episodio hubiera sucedido bajo un gobierno del PP? Seamos consecuentes. Por cierto, no recuerdo ningún dirigente político que, habiendo sido objeto de imputación judicial por existir serios indicios de irregularidades en su actuación, haya sido capaz de mantenerse en el cargo. Sí conocemos casos en los que los tribunales acabaron por fallar a favor del acusado. Pero ninguno en el que, previamente, no se produjera una dimisión. Así que Oltra nada contracorriente. Y ella lo sabe mejor que nadie.

El problema es que, entre tanto toma la única decisión que le cabe, el daño no es sólo para ella, con ser mucho lo que personal y políticamente está sufriendo. El estropicio es para todo el Consell, para Compromís en particular y para toda la izquierda valenciana en general. El Gobierno de la izquierda en la Generalitat se presentó en su primera etapa como una orquesta casi perfecta. Tanto, que durante un tiempo se puso como ejemplo para toda España de cómo gobernar en coalición. Aun así, cuando llegaron las elecciones de 2019, mantuvo el poder por los pelos: el PSOE, Compromís y Unidas Podemos sumaron 52 escaños, cuando la mayoría absoluta está fijada en 50.

En esta segunda etapa, sin embargo, los solistas se han impuesto a la orquesta y al final no emiten música, sino ruido. Miren, si no, el escaso lucimiento que han podido sacar a una inversión como la de la gigafactoría de Sagunto, la mayor de la historia de España, que no duró ni dos días en portada. Los titulares los ocupan la fuga de Marzà. O los embates del Gobierno central contra el turismo, ahora por la vía de congelar los precios del Imserso o suspender en plena temporada alta la venta de billetes del AVE a Alicante. O el encastillamiento de la vicepresidenta. Por ejemplo.

A principios de 2021 bauticé el Botànic como el Volcànic, por la enorme tensión entre sus miembros que en plena pandemia estaba aflorando como consecuencia de las continuas denuncias públicas que precisamente Oltra lanzaba contra la gestión que de la lucha contra el covid estaba haciendo el Ejecutivo del que paradójicamente formaba parte y, concretamente, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Llegados al punto en que estamos ahora, aquel Botànic reconvertido en Volcànic en el peor de los momentos, y que aún así fue capaz de superar la prueba de la epidemia con una buena nota por parte de los ciudadanos, corre el riesgo cierto de convertirse en el Titánic, perdónenme por lo socorrido del tópico. Y por supuesto que Oltra no habrá sido la única responsable del hundimiento, si acaba por producirse. Pero desde luego lleva tiempo siendo el mayor iceberg con el que el barco se topa una y otra vez. Uno creía que la izquierda defendía que el proyecto estaba por encima de las personas que lo encarnan. Pero parece ser que no.