Mentiras, engaños y mucha miseria en la planificación hidrológica de Alicante

Una primera reflexión. En los últimos meses, al margen de triunfos parciales y un tanto descafeinados como aumentar el caudal ecológico del Tajo a trozos hasta 2026, en la cruzada para que Alicante tenga agua de calidad y a buen precio todo lo que rodea a la planificación hidrológica en la provincia huele cada vez peor. La penúltima afrenta pasa por que el Gobierno haya desviado a Castilla-La Mancha un agua para regar que originariamente estaba comprometida para el abastecimiento humano de municipios del Alto y Medio Vinalopó, condenados definitivamente a que un trasvase de coste multimillonario solo sirva para regar, o para la mismísima Benidorm, a la que se le obliga ahora a recurrir a agua desalada en Mutxamel para garantizarse el abastecimiento urbano cuando azota la sequía.

Se incumple así, además, una de las condiciones clave del proyecto presentado hace ya más de veinte años para solucionar el principal problema ambiental de la provincia: la sobreexplotación de sus bolsas de agua subterránea. Acuíferos que debieran estar cerrados hace 30 años y de los que se sigue sacando agua para no dejar morir, por ejemplo, a ciudades de la importancia de Elda, Novelda y, entre otras, Villena.

Pero hay más. Los agricultores de cuatro comarcas de la provincia, todo el Vinalopó y L’Alacantí, están a punto de firmar un documento por el que se comprometen a pagar 200 millones de euros, vía tarifa de agua, hasta ni se sabe cuándo por el sobrecoste de unas obras en las que no participaron y que les fueron impuestas por un capricho político gestado en Valencia con la colaboración de Madrid sin que hubiera un solo dato técnico que lo avalara: el cambio de toma de un trasvase que en la capital de la Comunidad Valenciana se aplaudió.

Y otra más. El propio Consell, el que ahora se apresta a acelerar la obras del denominado postrasvase, es decir, las tuberías para repartir el agua del Júcar desde Villena que alguien se olvidó de incluir en el proyecto, se ha convertido en cómplice ¿involuntario? de la Confederación Hidrográfica del Júcar al consentir que siga negro sobre blanco que las aguas sobrantes del Júcar, que en su día iban a acabar en Alicante por el trasvase, terminen en la Albufera de Valencia, que es, al parecer, el único humedal en la agenda del Botànic.

Una toma de postura de la Generalitat con el Júcar-Vinalopó que nadie entiende en la provincia de Alicante y muchos menos en la Junta Central de Usurarios del Júcar-Vinalopó. Pese a ello, como ha sucedido hace apenas unos días con la noticia de el que agua potable de Bellús se irá para el regadío (bien subvencionado por Bruselas a diferencia de lo que ocurre con las hortalizas de la provincia), en vez de para el abastecimiento urbano de las comarcas del Alto Bajo Vinalopó, siempre se termina mirando hacia otro lado. O se intenta matar a los mensajeros, entre ellos dos catedráticos de prestigio nacional de la Universidad de Alicante como son los geógrafos Antonio Gil Olcina, a la sazón, uno de sus impulsores, y Antonio Rico, que a su condición de extraordinario docente suma la de, precisamente, agricultor.

Les explico. Desde la administración hidráulica estatal se ha llegado a afirmar -fuera de micrófono, por supuesto- algo así como que la concesión de agua potable del Júcar para Alicante pactada con la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó en el plan hidrológico del Júcar 2015-2022 fue una especie de brindis al sol, una mentira (textual) en la que participaron ambas partes. Y, por consiguiente, que nadie se podía sorprender ahora de que el compromiso ya no figure en la nueva planificación (2022-2027).

Cuando a uno le llegan estas afirmaciones, cargadas de veneno hídrico, se le ocurren dos alternativas: encabronarse más aún con todo este juego de mentiras en el que se ha convertido un proyecto en el que se llevan gastados más de 500 millones de dinero público -el suyo y el mío- o, créanme, tirar la toalla y dedicarme a investigar y contarles cuál es la mejor fórmula para limpiar la cocina o bajar de peso sin dejar la pizza. Seguro que, además, es más interesante que hablar del problema del agua.

Un informe de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó sobre el aumento de los costes advierte, por ejemplo, de que el pago de los cerca de 200 millones de euros que impone el Ministerio para la Transición Ecológica para normalizar el trasvase -planteamiento actual- provocaría un descenso del 14,6% en la producción agraria y del 13,4% en el empleo del sector. ¿A quién le importa? en Madrid a nadie.

Así y todo, los regantes tragan siguiendo esa máxima de que la peor agua es la que no hay. Justificación oficial del entonces presidente de la Confederación del Júcar cuando en 2005 se cambió la toma del agua, se diseñó la chapuza de Cullera y se expulsó del trasvase a Benidorm y L’Alacantí, condenándolas a garantizarse su futuro con agua desalada. Entonces, incluso, la electricidad estaba a un precio asequible.

La sustitución del agua del Tajo por la desalada elevará el coste agrícola de 41 a 510 millones de euros al año

Hoy, cuando empezamos a enfilar el final de 2022, en ciudades como Alicante los vecinos van a tener que rascarse el bolsillo para evitar un agujero económico en las arcas municipales por el aumento de los costes del agua derivados del descontrol eléctrico.

La situación del regadío comienza a ser muy preocupante tras un otoño muy seco. El bimestre septiembre-octubre fue muy seco, lo cual ha tenido una consecuencia inmediata en la sequedad de los suelos. El porcentaje de humedad del suelo es inferior al 10% en más del 70% del territorio, según la Agencia Estatal de Meteorología, de ahí que la firma del convenio para que llegue agua del Júcar de forma regular y a buen precio lo taparía todo, pese a que en ese todo haya mucha miseria. Ojo, el principal culpable actual es el PSOE, pero también un PP que, en la persona de la entonces ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que también engañó lo suyo.

Epílogo: Esta semana se ha vuelto a escenificar la claudicación del Consell frente al Gobierno en la otra batalla, la de salvar el trasvase Tajo-Segura. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, impone el aumento de caudales a partir de ya, y se fija negro sobre blanco otro aumento en 2026 y 2027 que darán la puntilla al trasvase, pues modificarán al alza la línea roja de los 400 hm3 a partir del cual no habrá trasvase. Los representantes del presidente Ximo Puig en el Consejo Nacional del Agua (Compromís) se abstuvieron en la votación para aprobar el plan y aceptaron la inclusión de un mecanismo corrector, que el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró oficiosamente que no será vinculante. Condición que se estaría cocinando en Madrid para que el famoso mecanismo en el que se apoya el Consell desaparezca, incluso, del plan del Tajo antes que el documento llegue al BOE. Perdonen la expresión: para mear y no echar gota.