La sustitución del agua del Tajo por la desalada elevará el coste agrícola de 41 a 510 millones de euros al año
La Confederación del Segura estima que el consumo será de 340 hm3 /año a partir de 2027, cantidad que supera la capacidad actual de producción
Vista aérea de la planta desaladora de Torrevieja / Tony Sevilla
De descalabro en descalabro hídrico. Al recorte institucionalizado del trasvase Tajo-Segura el pasado martes en el Consejo Nacional del Agua con la abstención de la Generalitat, representada en esta ocasión por Compromís, se suma ahora otro factor que amenaza con aumentar la tensión en el sector hortofrutícola del sur de la provincia y de todo el área (Murcia y Almería) que recibe agua del Tajo. En la misma sesión también se aprobó el plan hidrológico del Segura, en el que los técnicos calculan que la cuenca pasará de consumir 149 hm³ al año de agua desalada este 2022 a un total -datos de este año- de 340 hm³ en 2027, cifra que supera la capacidad actual de las desaladoras que existen -incluida la planta de Mutxamel-, que es de 304 hm³ al año.
El Ministerio confía en ampliar la capacidad total de la producción de agua desalada hasta alcanzar los 404 hm³ al año, de los que 45 hm³ serían para el abastecimiento urbano y 105 hm³ para regadíos del trasvase, en condiciones normales de suministro de agua del Tajo. Un acueducto que de momento cerrado hasta abril de 2023 por obras para reparar fisuras entre Santomera y Orihuela. En el documento se reconoce, por otro lado, que actualmente es imposible, incluso, repartir la cantidad total de agua que se podría producir.
Un caudal desalado que, por otro lado, a precios de este año, incorporado el descontrol eléctrico, tendrá un coste de 510 millones de euros al año (1,5 euros/m³) -102 millones en la provincia de Alicante- por los 41 millones de euros que costaría esa cantidad de agua si continuara llegando desde el Tajo (0,12 euros/m³). Cifras desorbitadas que el Ministerio de Transición Ecológica confía reducir incorporando a la producción de agua desalada del mar la energía fotovoltaica. En estos momentos, la empresa estatal Acuamed negocia un precio “político” del agua de 0,40 euros/m³ para el agua desalada durante el próximo 2023, casi cuatro veces más que la del trasvase.
El Ministerio ha anunciado una inversión de 600 millones de euros para ampliar la capacidad de desalación y la interconexión de todas las desaladoras de la cuenca entre Torrevieja y Mazarrón. Compromisos que después de todo lo que ha ocurrido en los dos últimos nadie se cree en la provincia de Alicante, a excepción del Consell. Antonio Rico, director del Instituto Universitario de la Universidad de Alicante advierte, en este sentido, de que “no hay regante que pueda afrontar esos precios y todos los movimientos apuntan a que, más tarde o más temprano, se producirá el cierre del Tajo-Segura pese a todo lo que nos digan. Se han modificado las reglas de explotación, ahora suben los caudales ecológicos. Seguro que habrá un próximo movimiento para estrangular un poco más el trasvase”. Rico subraya que “torpedear una infraestructura consolidada y que tanta riqueza ha creado en España es una estrategia del Gobierno que nadie puede entender”.
"Torpedear una infraestructura consolidada y que tanta riqueza ha creado en España es una estrategia del Gobierno que nadie puede entender”.
Según fija el plan hidrológico de la cuenca del Segura, la desalación pasará de los 149 hm³ actuales a 340 hectómetros cúbicos de agua al año. La CHS ha terminado también por plegarse al Gobierno mostrando su apuesta por la movilización de la totalidad de la capacidad de desalinización con ampliación de las plantas del Estado, las nuevas infraestructuras de interconexión de las mismas, el incremento del control de aprovechamientos, y la adaptación al cambio climático con el uso de energías renovables para, entre otras cuestiones, lograr la disminución de la tarifa del agua.
Los cálculos presentados por el organismo de cuenca del Segura se desglosan en unas necesidades de 279 hm3 para abastecimiento y uso industrial, mientras que la demanda agraria asciende en toda la cuenca a 1.526 hm3, lo que supone que la demanda a atender asciende a 1.805 hm3 anuales.
En cuanto al origen de esos recursos los propios disponibles y asignados para el ciclo 2022-2027 en el conjunto de la cuenca, se estiman de media anual en los 739 hm3 (horizonte 2027) incluyendo las aguas superficiales cuantificadas en 493 hm3/año y las subterráneas en 246 hm3/año, 141 hm3/año de depuración de aguas urbanas, desalinización en 340 hm3/año y otros 312 hm3/año procedentes de los trasvases Tajo-Segura y el Negretín.
Tres mil millones en deudas con los bancos y el propio Ministerio de Agricultura que no se van a poder pagar. El recorte del trasvase Tajo-Segura, tras aprobarse la elevación de los caudales del río en Aranjuez y Toledo, no solo va a forzar el abandono de 27.000 hectáreas de cultivos rentables en la provincia de Alicante y el despido de seis mil trabajadores, sino que provocará un agujero de unos 3.000 millones de euros correspondientes a los créditos en los que están embarcados los agricultores y empresarios que planificaron sus inversiones en base a un agua que, en un principio, se va a reducir a la mitad. Balsas, instalaciones de riego por goteo, semilleros, invernaderos, maquinaria, naves… y hasta el préstamo de aquel o aquella que tiene abierto un bar para dar de comer a los jornaleros agrícolas, sostiene el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura.
¿Quién va a planificar poner en marcha cultivos sin no tiene ni garantía de que va a haber agua o el precio?
Una deuda millonaria a la que se suman los 18 millones de euros del “tasazo” (mantenimiento de los canales pase el agua que pase, y que también pagan los ayuntamientos) y el porcentaje que se abona por el agua para obras en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Desde 1979, los regantes de Alicante y Murcia llegan pagados 500 millones de euros. Aporte que ahora también se va a reducir, obviamente, al venir menos agua. Los regantes pagan unos 15 millones de euros al año.
Hasta 1998, la recaudación iba directamente al Estado pero a partir de aquel año el dinero se lo reparten la autonomías cedentes del agua para sufragar, precisamente, obras hidráulicas en sus territorio. Es decir: Alicante paga el agua y además una compensación ambiental.
“El punto al que se está llevando el trasvase Tajo-Segura no tiene retorno pero no hay que esperar a 2027. El problema lo tenemos. Llevamos tres meses en los que no se ha aprobado ni un metro cúbico de agua para riego, el trasvase está cerrado hasta abril por las obras para reparar las fisuras entre Santomera y Orihuela y la angustia ya está aquí. ¿Quién se va a planificar poner en marcha cultivos sin no tiene ni garantía de que va a haber agua o el precio?”, advierte Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique en el Campo de Elche.
El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, insiste, por su parte, en acusar al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de perpetrar "uno de los mayores y más graves hachazos que se han producido a la solidaridad, a la justicia y a los intereses de la Comunidad Valenciana y muy especialmente a los de la provincia de Alicante, con su silencio en el Consejo Nacional del Agua". Mazón lamenta la posición de la Generalitat Valenciana "callando, con el silencio y allanando el camino a este recorte ignominioso que supone una rendición sin precedentes del presidente Ximo Puig".
“Durante estos últimos días hemos visto, desgraciadamente, cómo se iban desarrollando los acontecimientos”. Según Mazón, hace apenas quince días se produjo un nuevo recorte directo del trasvase de cuencas del Tajo al Segura, “un nuevo recorte político en contra de lo que decían los propios técnicos del Ministerio y el vigésimo primero desde que gobierna Pedro Sánchez, con el silencio del presidente de la Generalitat, Ximo Puig”.
“Puig nos quiso engañar vendiendo como un gran acuerdo y un gran avance el aumento del caudal ecológico de cara al año que viene"
Mazón criticado la posición de Puig, quien la semana pasada “nos quiso engañar vendiendo como un gran acuerdo y un gran avance el aumento del caudal ecológico de cara al año que viene, un incremento sin justificación, sin datos técnicos, sin informe hidrológico, con un acuerdo político que daña gravemente a la provincia de Alicante y a la Comunidad Valenciana y ayer se consumó”, al tiempo que se ha preguntado que, si tan bueno era el acuerdo, a qué se debe “el silencio de la Generalitat”.
Mientras el PSPV mantiene la postura oficial, el perfil bajo, en la vecina Murcia el consenso es general el alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE), defiende el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y asegura que, de aprobarse el Plan Hidrológico del Tajo, llevará a cabo "iniciativas judiciales" y todas aquellas actuaciones que entienda como "justas" para "los regantes lorquinos y para nuestro sector primario".
Mateos subraya que desde el Ayuntamiento "vamos a luchar con los medios jurídicos que se estimen convenientes para seguir defendiendo el trasvase Tajo-Segura", al considerar que "es un error que se ponga en duda" esta infraestructura.
"Vamos a luchar con los medios jurídicos que se estimen convenientes para seguir defendiendo el trasvase Tajo-Segura",
"Nosotros ya presentamos alegaciones formales como Ayuntamiento a los planes de cuenca del Tajo y del Segura. Y como alcalde me he manifestado en numerosas ocasiones acerca de la importancia del trasvase no solo para nuestro municipio, sino para toda la comarca y Murcia".
El regidor ha indicado que estará "muy pendiente" del último paso en la tramitación, ya que se tiene que elevar al Consejo de Ministros. "Vamos a ver si se confirma o no y si creemos que se perjudican los intereses de los lorquinos con este error de concepto, que ya parecía que había un acuerdo previo que podría valernos a todos", ha apostillado.
En este sentido, ha aclarado que "vamos a luchar en dos vías". Por un lado, "la judicial que se pudiera abrir, el Contencioso Administrativo que pueda abrirse, lo que se evaluará por parte de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento" y, por otro lado, "si hay algún otro tipo de actuación de carácter social o movilizaciones o demás" porque "como alcalde siempre estaré del lado de los lorquinos reivindicando lo que entendemos que es justo".
Consell: la disposición está clara
Desde el Consell insiste en que su postura es clara. Fuentes de Presidencia reiteran que "exigimos de manera rotunda el cumplimiento de lo aprobado por el Consejo Nacional del Agua, porque ese acuerdo garantiza el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que para el Consell es una cuestión prioritaria e irrenunciable".
"Nuestra postura es clara. El caudal ecológico ha de estar vinculado a la calidad del agua, tal y como quedo reflejado en el acuerdo del Consejo Nacional del Agua. Por tanto, si se produce algún cambio de criterio que afecte a las disposiciones sobre los caudales ecológicos, recogidas en el proyecto de real decreto que ha sido enviado al Consejo de Estado tras su aprobación por parte del Consejo del Agua, si se ha producido o se produce alguna modificación de ese criterio alguien será el responsable y, desde luego, tendrá que dar muchas explicaciones al respecto".
La mismas fuentes insisten que "exigimos, y vamos a seguir exigiendo, que se cumpla las disposiciones sobre caudales ecológicos ya aprobadas por el Consejo Nacional del Agua. Un acuerdo favorable para todos los regantes que garantiza el mantenimiento del trasvase y las inversiones necesarias para su continuidad y por tanto que haya agua para siempre".
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