La cultura de Mazón

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tratado a la Cultura como el hueso que da el amo a su perro para que se entretenga.

Mazón no ha cedido a sus socios de extrema derecha en el Consell de la Generalitat competencias que considera, con razón, que podrían generar graves problemas debido a las consecuencias de la gestión que llevarían a cabo en los próximos meses, como igualdad, medio ambiente o educación. Pero no ha tenido ningún reparo en entregarles Cultura y hacer al conseller del ramo nada menos que vicepresidente de su Gobierno. Es bien sabido que una de las consignas que, a nivel nacional, ha impartido la dirección nacional de Vox a sus miembros electos ha sido la de que, allá donde van a gobernar, hagan lo posible por hacerse con la competencia de Cultura. La razón es obvia: tratar de influir en uno de los principales pilares de la sociedad democrática para utilizarlo como medio propagandístico y de transformación de los valores individuales y colectivos.

Y Mazón, en sus prisas por cerrar cuanto antes el pacto que le aseguraba alcanzar la presidencia de la Generalitat (prisas que han propiciado el triunfo-fracaso de su partido en las recientes elecciones generales), no ha tenido empacho en poner la Cultura valenciana en manos de quienes la desean usar como campo doctrinal y de censura. Este es el valor que Mazón le da a la Cultura (es decir, al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico y científico que atesora la sociedad valenciana): el valor de un plato de lentejas.

Como el Gobierno de Mazón no ha tomado las riendas del poder hasta hace unos días y dado la época del año en que estamos, creía yo que las consecuencias de esta venta de la Cultura de todos los valencianos a la extrema derecha, no empezaría a evidenciarse hasta el otoño. Pero me equivoqué en parte debido a que las corporaciones locales se constituyeron hace semanas y, allá donde hay equipos de gobierno municipales en los que tiene representación Vox, las primeras medidas culturales que se están llevando a cabo en muchos de ellos son significativas y precursoras de las que, con mayor calado, conoceremos en los próximos meses y años. Medidas censuradoras y revanchistas, medidas injustificadas e inasumibles para los ciudadanos, excepto para los gobernantes y paniaguados del PP, cómplices de esta incipiente y amenazadora campaña de ataque a la diversidad cultural, de ansia por imponer una sociedad uniforme, intolerante, reduccionista, casposa.

Una de estas medidas fue adoptada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrent, quitando el nombre que hasta ahora tenía el auditorio municipal: Vicent Torrent.

Además de ser una buena persona, Vicent Torrent cuenta con una trayectoria destacada en el mundo de la cultura valenciana, especialmente en el ámbito de la música tradicional, lo que le ha llevado a ser elegido vocal del Consell Valencià de Cultura (CVC) por las Cortes Valencianas. ¿El delito que ha cometido según los trogloditas torrentinos? Expresarse en valenciano y defender la lengua valenciana.

Como no podía ser de otra manera, en el pleno del CVC celebrado el pasado lunes 24 se acordó expresar el rechazo de esta institución a la medida arbitraria e injusta adoptada por el equipo de gobierno municipal de Torrent. La declaración fue aprobada por los catorce miembros del CVC presentes en la votación, ya que los cinco que se hayan subyugados por el PP y, por ende, obligados a justificar aquellas medidas que adoptan sus socios de Vox, prefirieron ausentarse, dándole la espalda a su compañero Torrent, que estaba presente.

Hace unas semanas releí el libro de Sánchez Ferlosio «Vendrán más años malos y nos harán más ciegos», con el ánimo sumido en un estado pesimista. Un ánimo que he recuperado en gran medida después del 23J y que me ha ayudado a penetrar en el tenebroso túnel que hemos de atravesar en nuestra Comunidad Valenciana durante el próximo cuatrienio con esperanza y el propósito de utilizar todos mis humildes recursos para contrarrestar la ola (que ya no el tsunami, al menos de momento) que pretende recortar severamente muchos de los derechos ciudadanos conseguidos en los últimos cuarenta años.

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