PSOE y Poder Judicial

El Estado de derecho empieza a ser en este país una mera referencia o un simple término al que el PSOE, este PSOE sumido en una deriva autocrática que sus militantes ignoran o alientan, alude cual si mencionarlo bastara para hacerlo cierto. No hay límites ya para un partido que día a día supera los más elementales principios que informan una Constitución sometida a sus objetivos inmediatos y con la aparente convicción de que son inmunes a cualquier consecuencia.

Ya el anterior gobierno, ante la realidad de verse sometido a la siempre incómoda ley, tachó a los jueces de “fascistas con toga”, de delincuentes no plegados a las veleidades propias de la ignorancia entreverada de soberbia. Este de hoy comenzó con el pacto entre PSOE y Junts en el que se conjuraron contra el Poder Judicial haciendo suyo el mantra populista y reaccionario del “lawfare” que, visto su uso por miembros del gobierno, no era cosa exclusiva de los secesionistas, sino, muy posiblemente, una inspiración de un PSOE necesitado de un Poder Judicial silente y plegado a sus cambiantes líneas “programáticas”.

El pacto mencionado, ajeno a los elementos básicos e inalterables de la democracia liberal en la que militamos, es la base que justifica, porque así están convencidos los firmantes, el señalar a jueces concretos tachándolos de prevaricadores, prevaricación que consiste, conforme a un entendimiento torcido del ordenamiento jurídico, en no someterse a los objetivos inmediatos del partido y del Poder Ejecutivo.

En este contexto cabe enmarcar las gravísimas declaraciones de Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno, apoyadas más o menos explícitamente por algunos otros ministros, en las que acusaba de prevaricación al Juez de la Audiencia Nacional García Castellón. Una acusación expresa, no matizada, que implicaba, pues, el calificativo de delincuente a quien, bueno es recordarlo, ha imputado reiteradamente a miembros del PP en el pasado, sin que entonces el PSOE observara defecto alguno. No es admisible afirmar que este Juez siempre juzga en una misma dirección, lo que es falso, ni censurarle que ajuste sus decisiones a los tiempos políticos como debe saber por su condición de jurista la ministra. Los tiempos de la justicia son ajenos a los de la política y no deben someterse a estos últimos, máxime, como ha sucedido en la resolución que ha movido a Ribera a su exabrupto, si aquella decisión se dicta en respuesta a un recurso del Ministerio Fiscal que ha de contestarse en plazo.

Si los tribunales debieran supeditar sus decisiones a la actividad política se convertirían en un apéndice de la misma y perderían su independencia, pues, para ello, obligadamente, habrían de atemperar sus resoluciones a los intereses del gobierno o de la oposición. Actuar conforme conviene al Ejecutivo o a la oposición, tomar en consideración siquiera factores ajenos a la ley y el proceso, llevaría a la desaparición misma del Poder Judicial como poder, que es lo que extrañan, como la historia acredita, quienes no creen en el sistema constitucional. Y Ribera, a la que considero con buena formación jurídica y convencida de los valores de la democracia, ha actuado con pleno conocimiento de la gravedad de sus afirmaciones y del daño hecho al sistema. No ha sido, pues un desliz, ni siquiera una manifestación de una convicción, pues solo la aplica cuando le conviene a su partido, sino un acto voluntario dirigido a minar la autoridad del Poder Judicial y a atacar el honor de un Juez.

Esta deriva del PSOE, grave para un país que necesita de un partido de su naturaleza, no puede terminar bien. No van en modo alguno a subyugar al Poder Judicial, que se someterá a la ley como ordena el art. 117 de la Constitución. Y no pueden alterar el sistema más allá de intentar colonizarlo, como siempre ha sucedido por otra parte, con afines. No es nuevo esto, pero tampoco grave en un modelo en el que la influencia de los partidos es notoria, pero siempre moderada por los designados y su profesionalidad. Más allá de excesos, que se producen y se han producido en tiempos pasados, el sistema funciona a salvo los casos en que, algunos, pocos, de los elegidos han actuado con manifiesta militancia. Otra cosa es la técnica y otra cosa es que los conceptos jurídicos básicos no se respeten. Cuando se entra en ese espacio las bondades de la pluralidad pasan a convertirse en semilla de inseguridad jurídica. La sentencia dictada por el TC en el caso Bateragune debe ser analizada, cuando se publique y comentada desde estrictos planteamientos jurídicos. Las noticias que se ofrecen plantean aspectos técnicos complejos y, especialmente, sobre el mismo modelo de revisión de las sentencias afectadas por decisiones del TEDH. De entrada difícilmente puede desconocerse que un sentencia con vicios procesales, in procedendo, no haya de ser anulada y que un nuevo juicio afecte al ne bis in ídem. Pero de ahí a que se esté ante un problema político, no técnico, media un abismo.

No hay solución para un Estado de derecho que sufre ataques en sus elementos centrales cuando los obligados a defenderlo sucumben a sus intereses inmediatos y confunden el sistema con otros fracasados en latitudes lejanas. Abrir la caja de Pandora del federalismo exige, como se ha comprobado, reformar la Constitución. Porque hacerlo por la vía de hecho solo es posible con el aval de jueces y magistrados que renunciaran a someterse la ley. Eso, la voluntad de atacar el pacto constitucional es la explicación al ataque despiadado al Poder Judicial. Y este Poder resistirá, porque es Poder. No lo olviden la ministra y el PSOE. No se puede controlar a quien solo está sometido a la ley.